EEUU apunta al oro ilegal del régimen Ortega-Murillo con nuevo proyecto de ley
El Senado de Estados Unidos dio trámite a un proyecto de ley dirigido a perseguir el comercio ilícito de oro que financia al régimen autoritario de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Se trata de la iniciativa S.3496, denominada Ley de Sociedades Mineras y de Oro Legal de los Estados Unidos.
La propuesta, que ya cuenta con dictamen favorable del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, busca interrumpir la cadena de producción, tráfico y comercialización del oro ilegal en el hemisferio occidental, una actividad que —según el texto legislativo— fortalece a organizaciones criminales transnacionales, degrada el medio ambiente y sostiene economías ilícitas bajo el amparo de Estados con débil o inexistente Estado de derecho.
El proyecto señala de forma explícita el negocio ilícito de oro en Nicaragua como pilar económico del régimen autoritario sandinista, subrayando la necesidad de aplicar medidas específicas de Estados Unidos contra Ortega y Murillo y su círculo de colaboradores, en correspondencia con la Orden Ejecutiva 14088, que habilita sanciones adicionales frente a la emergencia nacional declarada por la situación del país.
La iniciativa es patrocinada por el senador republicano John Cornyn y cuenta con respaldo bipartidista de los senadores Tim Kaine, Ted Cruz y Jacky Rosen, lo que refuerza la posibilidad de que avance en el pleno del Senado y posteriormente en la Cámara de Representantes antes de llegar al despacho presidencial.
La Fundación del Río sostiene que el oro se ha convertido en uno de los principales pilares financieros del régimen Ortega-Murillo, en particular a través de esquemas de minería artesanal y de pequeña escala que operan con control y aval estatal, incluso en áreas protegidas y territorios indígenas y afrodescendientes.
Según datos citados por la organización, la minería ilegal generó en 2024 exportaciones equivalentes al 30.5% del total del oro exportado por Nicaragua, una cifra que revela la magnitud del negocio ilícito y su impacto directo en la economía política del régimen.
Escrutinio internacional al oro nicaragüense
Amaru Ruiz, presidente de la organización, señaló que la eventual aprobación de la ley incrementaría el escrutinio internacional sobre la cadena de producción del oro, lo que podría reducir los procesos extractivos ilegales y afectar una fuente clave de financiamiento del aparato autoritario nicaragüense.
Asimismo, Ruiz alertó sobre la existencia de al menos una empresa china que “ya estaría exportando oro a Estados Unidos mediante un esquema de intermediación que involucra minería artesanal, plantas de procesamiento y empresas
dedicadas a la comercialización y exportación del oro”.
En el último año, el régimen nicaragüense ha acelerado una reconfiguración del mapa minero del país, facilitando de manera expedita la entrada y expansión de compañías de capital chino. En ese contexto, en los últimos meses se ha identificado la implementación de un esquema sistemático de traspaso de concesiones que apunta a una operación de “blanqueo” del negocio minero, orientada a borrar el rastro del control del régimen y de empresarios aliados.
Se trata de un mecanismo creciente de transferencia de permisos mineros que, aunque en los registros oficiales aparece como simples cambios de operador o razón social, funciona en la práctica como una estrategia opaca para “lavar” concesiones, diluir responsabilidades y eludir el escrutinio público y las sanciones internacionales.
La evasión de sanciones ha sido detectada, por ejemplo, en el traspaso de lotes originalmente concesionados a Comintsa, una empresa directamente vinculada al régimen Ortega-Murillo y sancionada por Estados Unidos. Tras la imposición de medidas restrictivas, las concesiones pasaron primero a manos de la empresa china Zhong Fu Development S.A. y posteriormente a otra firma también de capital chino, Tutuwaka Mining Company S.A.
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Según expertos consultados, esta secuencia de transferencias busca “limpiar” el historial de las concesiones tras la sanción, desvincularlas formalmente de la entidad penalizada y garantizar la continuidad del negocio extractivo bajo nuevas fachadas empresariales, sin alterar el control político ni los beneficios económicos del régimen.
De ser aprobada, la ley abriría un nuevo frente de presión política y económica contra el régimen Ortega-Murillo, al apuntar directamente a un negocio que, además de destruir ecosistemas y vulnerar derechos humanos, contribuye a la sostenibilidad financiera de la dictadura.
