Tribunal de Apelación de Costa Rica anula deportación del opositor Pedro Javier Fernández
El Tribunal de Apelación de la Sentencia Penal de Goicoechea, en Costa Rica, rechazó la solicitud de extradición de Pedro Javier Fernández Sandoval, un campesino nicaragüense que ha permanecido detenido casi un año en Costa Rica tras ser requerido por la codictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
Fernández Sandoval fue detenido el 27 de febrero de 2025, luego de que la Fiscalía nicaragüense lo señalara como presunto responsable del asesinato de la oficial de Policía Aracely Marisol Díaz Salinas y del trabajador de la empresa Agro Industrial del Río, Pedro Pablo Chavarría Rivas.
Los hechos por lo que la dictadura Ortega Murillo requieren al opositor, ocurrieron el 1 de octubre de 2022, durante un asalto registrado en la comunidad de Buena Vista, municipio de El Castillo, departamento de Río San Juan.
"Ya pronto estará en su casita", dijo a DESPACHO 505 un miembro del Grupo de Reflexión de Excarcelados Políticos (GREX).
Sin embargo, el Tribunal de Apelaciones ordenó a la Fiscalía investigar los hechos por el que la dictadura sandinista acusa al campesino y solicitar todas las pruebas para iniciar un juicio penal en Costa Rica.
"Se ordena el cese en este acto la detención provisional contra Fernández Sandoval por la actual solicitud de extradición que ahora se rechaza. Sin embargo, no se dispone la inmediata libertad del justiciable, sino que, de conformidad con el artículo 37 de la Constitución Política, comuníquese esta resolución al tribunal de instancia a fin de que ponga al encartado a la orden del Ministerio Público, quien deberá disponer lo necesario en torno a la persecución del justiciable y su eventual vinculación forzosa a la causa que deberá abrirse en su contra bajo la jurisdicción nacional", indica la resolución judicial.
Acusado por delito común en Nicaragua
La Fiscalía costarricense había argumentado que la decisión de extraditar a Fernández Sandoval estaba motivada por una acusación en Nicaragua en el que lo vinculaban a dos homicidios.
En la resolución del Tribunal de Apelaciones relató que al opositor campesino se le vinculaba a múltiples disparos con fusiles AK47, escopetas y pistolas, en la que privaron de la vida a Pedro Pablo Chavarría Rivas (conductor) y a la oficial de policía Aracely Marisol Díaz Salina, causando lesiones a otras cuatro personas y apoderándose del dinero, armas de reglamento de los oficiales y vigilantes, y otros efectos personales.
A pesar que el nicaragüense no será extraditado a Nicaragua, deberá enfrentar un juicio por los delitos de “asesinato agravado, asesinato agravado en grado de frustración, crimen organizado y fabricación, tráfico, tenencia y uso de armas restringidas, robo agravado y secuestro simple”.
