El FMI condiciona el crecimiento de Nicaragua a una «mejora sustantiva» del Estado de derecho
El Fondo Monetario Internacional (FMI) lanzó una advertencia clara a Nicaragua: el crecimiento económico que el país ha logrado sostener en los últimos años es frágil y no será sostenible si no se produce una “mejora sustantiva del Estado de derecho”, junto con mayores garantías a la propiedad privada, más transparencia fiscal y avances reales en la lucha contra la corrupción.
En su evaluación más reciente sobre la economía nicaragüense, el organismo reconoce que el país ha mostrado resiliencia frente a múltiples shocks desde 2018, apoyado en políticas macroeconómicas prudentes, un nivel elevado de reservas internacionales y el respaldo de organismos financieros internacionales. A esto se han sumado términos de intercambio favorables y un fuerte flujo de remesas, que han impulsado el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB).
Sin embargo, el FMI subraya que estos factores no bastan para sostener el crecimiento en el tiempo si persisten los problemas estructurales de gobernanza. “Para sostener un mayor crecimiento a mediano plazo, los funcionarios recomiendan mejorar el clima empresarial y la gobernanza económica, en particular promoviendo una mejora sustantiva del Estado de derecho”, señaló el organismo internacional tras concluir el Artículo IV con Nicaragua.
Rebaja perspectiva de crecimiento
El organismo proyecta que la economía crecerá 3,8% en 2025 y 3,4% en 2026, pero advierte que el panorama a mediano plazo está marcado por “un elevado grado de incertidumbre”. Entre los riesgos identificados figuran el endurecimiento de las políticas comerciales y migratorias de Estados Unidos —que podría afectar el flujo de remesas—, la volatilidad de los precios de las materias primas, los desastres naturales y el posible impacto de sanciones internacionales más estrictas.
Aunque el FMI destaca que la inflación se mantiene baja, que la deuda pública como proporción del PIB continúa descendiendo y que el sistema financiero presenta una capitalización y liquidez adecuadas, el informe introduce un señalamiento especialmente sensible para el contexto nicaragüense: la seguridad jurídica y la protección de la propiedad privada.
El personal técnico del FMI considera “crucial aumentar la transparencia, la rendición de cuentas y la eficacia de los procesos administrativos y judiciales relacionados con los derechos de propiedad privada, en particular los derechos de terceros”, y subraya la necesidad de garantizar “recursos jurídicos adecuados, eficaces y justos”. Estas recomendaciones se producen en un contexto marcado por la transferencia de bienes privados al Estado desde 2022, un factor que el organismo identifica como un elemento de riesgo para el clima de inversión.
La advertencia del FMI se extiende a la gobernanza económica y la corrupción. El informe recomienda publicar estados financieros consolidados e informes de auditoría, una señal de preocupación por la opacidad en el manejo de las finanzas públicas y de los activos del Estado. También insta a fortalecer la cooperación con organizaciones privadas y sin fines de lucro para comprender mejor los riesgos de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, así como a mejorar la presentación de informes sobre transacciones sospechosas para aumentar la transparencia fiscal.
En un señalamiento poco habitual por su claridad, el FMI sugiere avanzar en medidas concretas contra la corrupción, como “autorizar la publicación automática de las declaraciones patrimoniales de los funcionarios públicos de alto nivel” y garantizar una gestión y supervisión eficaces de todos los bienes públicos.
En el ámbito fiscal y monetario, el organismo respalda la orientación general de las políticas actuales y los planes de inversión pública, pero recomienda cautela ante la escasez de financiamiento externo y los desequilibrios persistentes en el sistema de pensiones. Asimismo, advierte que los datos económicos, aunque en general adecuados, presentan deficiencias en áreas clave como pobreza y remesas, lo que limita la transparencia y la evaluación independiente.
