¿Vale la pena otra nacionalidad? Los derechos que perderán los nicaragüenses al nacionalizarse en otro país
Con la aprobación en segunda legislatura de la reforma constitucional impulsada por Daniel Ortega y Rosario Murillo, miles de nicaragüenses podrían perder su nacionalidad si adquieren la ciudadanía de otro país a partir de este año.
La reforma fue aprobada por la Asamblea Nacional este miércoles 14 de enero y coloca a migrantes económicos y exiliados ante un dilema crucial: continuar o iniciar los trámites de naturalización en el país de residencia, o conservar sus derechos como ciudadanos nicaragüenses y el vínculo legal con su país de origen.
Para muchos nicaragüenses en el exterior, obtener una nueva nacionalidad ha significado estabilidad, un pasaporte seguro y el fin de las restricciones migratorias. Sin embargo, con la reforma a los artículos 23 y 25 de la Constitución Política, lo que antes era un avance administrativo se convierte en una pérdida total de derechos dentro de Nicaragua.
La reforma no deja lugar a interpretaciones: la adquisición de una nacionalidad extranjera conlleva la pérdida automática de la nacionalidad nicaragüense. La norma entrará en vigor tras su publicación en La Gaceta, Diario Oficial, y afectará únicamente a quienes se naturalicen en otro país a partir de esa fecha.
El despojo de la ciudadanía y el “destierro administrativo”
Desde el momento en que una persona jura lealtad a otro Estado, deja de ser considerada nicaragüense ante las autoridades, según la reforma impulsada por el régimen.
Esto implica la pérdida inmediata del derecho a portar pasaporte y cédula de identidad nicaragüenses. Si los consulados o la Dirección General de Migración detectan la adquisición de otra nacionalidad, los documentos de origen pueden ser anulados, dejando a la persona sin identidad legal reconocida por su propio país.
Propiedades en riesgo
Uno de los impactos más graves recae sobre quienes poseen casas, terrenos o fincas en Nicaragua. Al perder la nacionalidad, la persona pasa a ser considerada un “inversionista extranjero”.
Esto dificulta o incluso impide la realización de trámites notariales, la venta de propiedades o la reclamación de herencias, además de quedar sujeta a mayores cargas impositivas. La cédula y el pasaporte nicaragüenses dejan de tener validez legal para cualquier gestión patrimonial.
Además, quienes pierdan la nacionalidad enfrentan mayores barreras para reclamar herencias y un riesgo elevado de confiscación, especialmente en el caso de opositores políticos.
El Estado podría aplicar leyes de propiedad más restrictivas o recurrir a normativas de “soberanía” para justificar la confiscación de bienes, bajo el argumento de que la persona rompió su vínculo con la patria.
Bloqueo de documentos esenciales y acceso ilimitado al país
La pérdida de la nacionalidad también puede traducirse en el bloqueo de documentos esenciales como partidas de nacimiento, récords policiales o títulos universitarios apostillados.
Sin estos documentos, los afectados podrían quedar imposibilitados de realizar trámites migratorios, laborales o académicos en sus países de residencia.
El acceso a Nicaragua tampoco estaría garantizado. Quienes pierdan la nacionalidad ya no ingresarán por derecho propio, sino con pasaporte extranjero, quedando sujetos a la discrecionalidad de las autoridades migratorias, que podrán otorgar una visa de turista por tiempo limitado o negar la entrada sin explicación.
Adiós a los derechos civiles y políticos
La reforma implica también la pérdida de los derechos civiles y políticos: votar en elecciones, participar en gestiones públicas o reclamar ante instituciones del Estado como ciudadano.
Asimismo, se pierde el acceso a beneficios de la seguridad social (INSS) acumulados en el pasado, salvo que existan convenios internacionales que el Estado decida reconocer.
Organismos de derechos humanos advierten que esta medida busca romper el vínculo entre la diáspora y Nicaragua, debilitando cualquier forma de incidencia desde el exterior.
Antes de dar el paso hacia una nueva nacionalidad, especialistas recomiendan poner en orden todos los documentos en Nicaragua, apostillarlos y recibir asesoría legal sobre la titularidad de bienes y derechos adquiridos.
