Dictadura cede a China el control de los manglares de Nicaragua
La dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo aprobó de manera exprés una ley que somete los manglares de Nicaragua a una nueva estructura internacional con sede, secretaría y dirección operativa en China, una decisión que abre la puerta a la influencia directa de Pekín sobre 102.000 hectáreas de manglares en las costas del Pacífico y el Caribe del país.
La Asamblea Nacional, controlada por el oficialismo, dio luz verde en plenas vacaciones de fin de año al Acuerdo para la Creación del Centro Internacional del Manglar, suscrito por el régimen con China el 6 de noviembre de 2024 en Shenzhen. El acuerdo crea una organización internacional “independiente y sin fines de lucro”, pero cuyo corazón institucional funcionará fuera del territorio nicaragüense, con China como país anfitrión.
Nicaragua posee alrededor de 102.000 hectáreas de manglares, ecosistemas vitales para la protección frente a huracanes, la mitigación del cambio climático y la subsistencia de comunidades costeras. Estas áreas ya cuentan con protección bajo la legislación ambiental nacional, lo que vuelve cuestionable la necesidad de crear un organismo internacional para funciones que el propio Estado debería garantizar.
Según los codictadores, el centro tiene como objetivo "promover el intercambio de conocimientos y fortalecer la cooperación en materia de investigación conjunta sobre la conservación, restauración y uso racional y sostenible de los manglares". Para este fin, podrá llevar a cabo "proyectos pilotos" sobre las prioridades para la conservación, restauración y uso racional y sostenible de los manglares.
Un centro internacional creado por ley, pero operado desde China
La ley establece que el Centro Internacional del Manglar tendrá su sede y secretaría en Shenzhen, China, desde donde operará el órgano ejecutivo encargado de coordinar investigaciones, cooperación técnica y "proyectos piloto" sobre conservación, restauración y uso sostenible de los manglares.
La gobernanza recaerá en un Consejo integrado por los Estados miembros y una Secretaría dirigida por un director general, figura clave en la ejecución de las decisiones.
Aunque el régimen presenta la iniciativa como un mecanismo para fortalecer la protección ambiental, el diseño institucional deja claro que las decisiones técnicas y las prioridades estratégicas se definirán desde una estructura con mando en China, mientras Nicaragua pasa a ser un Estado miembro más dentro del esquema, sin control real sobre la sede ni la administración.
Aprobación exprés y más dependencia de China
El régimen sostiene que el centro permitirá canalizar recursos y cooperación internacional, pero la ley no detalla mecanismos de control, transparencia ni rendición de cuentas sobre esos fondos, ni explica cómo se protegerá la soberanía nacional sobre territorios ambientales estratégicos.
La aprobación acelerada, sin debate público ni consulta a comunidades o expertos independientes, refuerza las críticas sobre una decisión tomada a espaldas del país. Para analistas, el acuerdo no implica una cesión formal de propiedad, pero sí introduce una nueva capa de gobernanza internacional que amplía la influencia política, técnica y estratégica de China sobre recursos clave de Nicaragua.
La creación por ley de un centro internacional con sede y mando en China se suma así a una cadena de decisiones que profundizan la dependencia del régimen de Ortega y Murillo respecto a Pekín, ahora también en el ámbito ambiental, bajo el discurso de la cooperación y la conservación.
