Justicia Orteguista embarga a empresa de la Compañía Cervecera de Nicaragua
La justicia Orteguista inició una nueva ofensiva contra el gran capital nicaragüense, al confiscar la Compañía Recicladora de Nicaragua (CRN), una filial del Grupo Compañía Cervecera de Nicaragua (CCN), a la que el Juzgado Segundo Distrito Civil de Managua ordenó embargar bienes, maquinaria y cuentas bancarias por una supuesta deuda fiscal que supera los 79 millones de dólares.
La resolución, firmada por la jueza Mercedes Inés Leiva Castellón, responde a una demanda impulsada por la Dirección General de Servicios Aduaneros (DGA) y respaldada por la Procuraduría General de la República (PGR), ambas controladas por los dictadores Daniel Ortega y Rosario Murillo.
Según el expediente judicial 004963-ORM4-2025-CO, el régimen acusa a la empresa de incumplimientos tributarios y aduaneros, un argumento recurrente en los procesos usados por el orteguismo para despojar de bienes a empresarios independientes y críticos.
No es la primera vez que la dictadura sandinista usa al Poder Judicial como herramienta política como mecanismo de represión social, político y económico en Nicaragua.
Millonario cobro fiscal
El fallo impone a CRN el pago de C$2,899,115,294.04 (unos US$79,158,244.50) por supuestos impuestos omitidos, recargos moratorios y sanciones administrativas.
La orden judicial indica que ante la falta de pago, la jueza Leiva Castellón ordenó el embargo inmediato de propiedades, maquinaria industrial, vehículos y la congelación de cuentas bancarias, tanto dentro como fuera del país.
Fuentes del Registro Público de la Propiedad confirmaron que la medida fue inscrita el 29 de septiembre de 2025 y actualmente se encuentra "en trámite de ejecución forzosa", lo que abre la puerta a una confiscación de facto.
La Compañía Recicladora de Nicaragua, creada por el Grupo CCN para promover la recolección y exportación de materiales reciclables, representaba uno de los pocos modelos de negocio sostenible y con impacto ambiental positivo en el país.
La planta, ubicada en el kilómetro 3.5 de la Carretera Norte, operaba bajo el régimen de zona franca y gozaba de beneficios fiscales y aduaneros. Sin embargo, esas mismas exoneraciones se convirtieron en la excusa para que la DGA alegara "incumplimientos" y ejecutara el cobro millonario.
Los registros mercantiles identifican como accionistas de CRN a Luis Felipe Lacayo Urcuyo, Silvio José González Solórzano, Franco José Chamorro Duque-Estrada y Henry del Carmen Gutiérrez, actual CEO del Grupo CCN.
Diversos sectores empresariales y políticos califican el embargo como una acción confiscatoria y de persecución política, que busca debilitar al sector privado e intimidar a los grupos económicos que aún operan fuera del control directo del sandinismo.
La medida contra la Compañía Recicladora de Nicaragua (CRN) no solo tiene fines recaudatorios, sino que forma parte de un patrón de confiscaciones y apropiaciones indirectas que el régimen ha venido aplicando desde 2018, a través de juicios fiscales, sanciones administrativas y embargos.
