Nicaragua, el país fachada: megaconstrucciones que ocultan pobreza y represión
En Managua, los nuevos pasos a desnivel proyectan una capital con aires de modernidad. La ciudad colonial de León recibe a los visitantes con un estadio y un hospital recién inaugurados. No son los únicos municipios de Nicaragua donde el paisaje se llena de grandes infraestructuras públicas que buscan reflejar "prosperidad". En Nueva Segovia, el régimen finalmente entregó un nuevo hospital, y entre el Pacífico y el Caribe se completaron 96 kilómetros de carretera que el sandinismo celebró como una "promesa cumplida".
Estas megaobras contrastan con la realidad cotidiana de una amplia mayoría de ciudadanos que siguen enfrentando pobreza, desempleo, falta de servicios básicos y la represión de un régimen autoritario. Son los nuevos símbolos de un país fachada.
Es el primer lunes de octubre y, en el sector del Tramo I de la nueva pista Héroes de la Insurrección, un grupo de vendedores informales comienza a ocupar posiciones. La obra, con carriles rápidos, ciclovías y nuevas paradas del Transporte Urbano Colectivo, muestra una capital en vías de modernización que no encaja con el rostro de la pobreza reflejado en quienes, con panas sobre la cabeza o detrás de improvisados puestos, venden de todo.
"Cada día la ponen más difícil", se quejaba uno de ellos mientras "negociaba" lugar con otro. Desde la inauguración de la obra hay presión para que los comerciantes informales no den mala imagen en las nuevas paradas de autobuses. Ellos representan el contraste más visible del falso progreso que proyectan estas megaconstrucciones. En la realidad, al menos el 70 % de la población económicamente activa en Nicaragua sobrevive del trabajo informal. Esto se explica por la escasa oferta de empleo formal, donde el salario mínimo promedio apenas alcanza los 242,5 dólares mensuales, en un país marcado por la pobreza y un éxodo migratorio sin precedentes: más de 850 000 nicaragüenses han salido del país desde 2018, consecuencia de un régimen autoritario que ha profundizado la desigualdad.
Obras: obligación de Estado, no dádivas
"Es muy típico en la dictadura mostrar proyectos de infraestructura para que la gente se deslumbre y sienta que está haciendo algo por ellos, por eso vendió el proyecto del Canal", señala el economista, exreo político desterrado y confiscado Juan Sebastián Chamorro.
El Gran Canal Interoceánico representa uno de los mayores fracasos de la promesa de desarrollo hecha por Daniel Ortega desde su regreso al poder en 2007. Fue su hijo, Laureano Ortega Murillo, quien presentó en Managua al empresario chino Wang Jing como el inversionista decidido a materializar la obra. En una conferencia de prensa mostraron planos, maquetas y proyecciones de empleo y divisas que dejaría un canal que implicaba dividir el territorio nacional, desplazar comunidades indigenas y provocar graves daños ambientales monumentales, pero que "aseguraba" desarrollo. Hubo actos inaugurales y celebraciones, pero el canal nunca pasó del papel: terminó siendo, "el gran cuento chino" del régimen.
Tras una colección de megaobras que nunca pasaron del papel, el régimen presenta la construcción de estadios, hospitales y carreteras como un acto de generosidad política:
"Aquí estamos ya diseñando todos los planes, todas las propuestas, todos los proyectos para esta segunda mitad del año, tanto que celebrar, tanto que concretar desde el trabajo y la paz. En los próximos días aquí en Managua tenemos inauguraciones (…) vamos a estar estrenando apartamentos Nuevas Victorias, el Paso a Desnivel Julio Buitrago y adelante también con la Pista Héroes de la Insurrección, con el Estadio Chocorrón Buitrago, todo esto en las próximas semanas ya, bendiciones y victorias eso es lo que vivimos en esta Nicaragua nuestra", anunciba en junio la dictadora Rosario Murillo en la cadena de radio y televisión que impone cada mediodía.
Sin embargo, Chamorro recuerda que estas inversión social no son dádivas políticas, sino una obligación del Estado, y advierte que no deben verse como "grandísimas obras" exclusivas del matrimonio Ortega-Murillo. Lo que se debería analizar -apunta- es la cantidad de hospitales e infraestructuras públicas y privadas que habría en Nicaragua si ellos no se impusieran en el poder por la fuerza.
Desde 2024 el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha inaugurado tres estadios y tres hospitales en distintos departamentos del país, además de dos de los cuatro tramos de la Pista Héroes y Mártires de la Insurrección, antes Pista Juan Pablo II, en Managua. Todos anunciados con la mayor publicidad posible en los medios de propaganda para construir el falso sentimiento de prosperidad.
En septiembre del año pasado, fue entregado el nuevo estadio de béisbol de León 'Rigoberto López Pérez', su construcción duró casi dos años y tuvo un costo de 1,200 millones de córdobas, aproximadamente 44.1 millones de dólares, de acuerdo con las publicaciones de medios oficialistas. La estructura tiene capacidad para 6,386 fanáticos, estacionamiento para 432 vehículos livianos, 12 buses y 242 motocicletas.
En mayo de este 2025, se inauguró el Estadio de Fútbol de Chinandega 'Vidal Alejandro Alonso Hernández', su construcción duró dos años y tuvo un costo de 275 millones de córdobas. Tiene capacidad para 1,200 aficionados, y aunque cuenta con pista de atletismo, gimnasio, vestidores, sanitarios, iluminación, parqueos y obras exteriores, ha sido criticado porque ese departamento no tiene equipo ni en primera ni segunda división del fútbol profesional en Nicaragua.
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El régimen también anunció la próxima inauguración del estadio de fútbol 'Miguel Chocorrón Buitrago', en Managua. Se levantó en el terreno del antiguo campo Thomas Cranshaw y el costo supera los 440 millones de córdobas provenientes de los fondos del tesoro.
Nuevos hospitales, pero no hay médicos
Otras tres construcciones a las que los medios de propaganda le han dado publicidad son los hospitales de Nueva Guinea, Ocotal y León. Los tres inaugurados recientemente en medio de una oleada de despidos masivos y renuncias forzadas en el sistema de salud.
El Hospital Jacinto Hernández de Nueva Guinea, Región Autónoma de la Costa Caribe Sur (RACCS), fue inaugurado en mayo de este 2025, tres años después del inicio de las obras. El proyecto, con un costo de 993,2 millones de córdobas, tiene capacidad de 184 camas y, según el régimen, beneficiará a más de 320,000 personas. En 2016 se había anunaido que sería financiado con fondos de la cooperación japonesa, tras un acuerdo firmado por la entonces ministra de Salud, Sonia Castro, y el representante de la JICA, Hirohito Takata; sin embargo, hasta ahora no se han brindado detalles sobre el cumplimiento de ese convenio, que originalmente debía ejecutarse en veinte meses.
El 5 de octubre, luego de un retraso de tres años y ocho meses, también fue entregado el Hospital Departamental Luis Alfonso Moncada Guillén, en Ocotal, Nueva Segovia. Con 236 camas, la obra tenía una inversión inicial de 2,943 millones de córdobas, ero los retrasos elevaron el costo a 3 406 millones (unos 93 millones de dólares al cambio oficial), según el Sistema Nacional de Inversiones Públicas (SNIP) de Nicaragua.
Pero proyecto más promocionado ha sido el Hospital Escuela Óscar Danilo Rosales Argüello (HEODRA) de León, inaugurado en septiembre tras tres años de retraso. Nombrado como “el hospital más grande de Centroamérica”, cuen ta conc 461 camas y costó 106 millones de dólares, unos 3,882 millones de córdobas al cambio oficial, financiado con un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y fondos estatales.
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El doctor Richard Sáenz Coen dice que en un país pobre como Nicaragua, la construcción de grandes hospitales como los de Nueva Guinea, Ocotal y León se ven como obras "colosales", pero que el "deterioro" del capital humano por los despidos, renuncias chantajes políticos y el miedo, "erosiona" la capacidad de esa infraestructura para brindar servicios resolutivos y resultados reales.
"La infraestructura es importante, pero sin equipos humanos suficientes y estables esos números no se traducen en calidad, sino en discursos vacíos cargados de populismo cínico y obsceno", sostiene Sáenz Coen.
Entre julio de 2024 y mayo de 2025, la dictadura "recetó" un despido cada ocho horas en el sector salud, según un análisis de datos oficiales realizado por DESPACHO 505. En ese período, el Minsa acumuló 1,039 bajas de personal sanitario en el sistema público. El impacto de estos despidos es significativo si se considera la sensible reducción del personal de salud que ha sufrido el país desde 2018: primero, por la persecución política al personal que asistió a los heridos en las protestas; y luego, en 2021, durante la pandemia de covid-19, cuando fueron expulsados los profesionales que se negaron a acatar la política negacionista del régimen.
El caso de León es particular: desde julio pasado se han reportado al menos tres oleadas de despidos masivos que han alcanzado a médicos, personal de enfermería, técnicos de diagnóstico y especialistas de reconocida trayectoria.
Médicos consultados bajo anonimato por DESPACHO 505 revelaron que los despidos obedecen a criterios. "Te pueden echar por una publicación en redes, por no aplaudir lo suficiente, por no seguir la línea", contó un especialista del Heodra.
El resultado de este desgrane de personal se ha visto reflejado en las denuncias de mala atención por falta de personal en el recién inuagurado hospital leonés.
También se han registrado purgas de personal en las unidades de Rivas, Estelí, Masaya, Chinandega, Ocotal y el Caribe, según denuncias de fuentes médicas.
Un espejismo que hunde al país en deuda
Media hora de lluvia en Managua basta para desmontar el espejismo de prosperidad del modelo Ortega-Murillo: los bulevares de la pista recién inaugurada se pierden bajo correntadas que arrastran lodo y basura. A la obra también le falta un sistema de drenaje, y la escena se repite con cada aguacero: cauces desbordados, desechos arrastrados a su paso y calles convertidas en ríos que dejan a la vista una Managua colapsada.
"La ciudad sigue creciendo sin planificación y sin resolver sus viejos males, porque nunca se han desarrollado obras de mitigación integrales y se han centrado en despilfarrar recursos en maquillaje", critica un urbanista bajo anonimato. Señala que esta y las pasadas administraciones no han priorizado las urgencias de la capital y se han limitado a poner "parches". "Todo es negocio, hay quienes lucran con las miserias de los más pobres y a esos no les interesará en proponer soluciones", añade-
En la capital, barrios enteros continúan sin alcantarillado, sin agua potable garantizada y con calles de tierra que se vuelven intransitables cada invierno. Fuera del resplandor de las nuevas obras, persiste la otra Managua: la de techos de zinc, calles inundadas y propaganda que promete un bienestar que no llega.
La inversión en desarrollo vial en la capital que el régimen tanto publicita consta de cuatro fases y fue estimda a un costo inicial estimado de 270 millones de dólares, financiados por el Banco Europeo de Inversiones (BEI) y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE). El proyecto fue anunciado con la promesa de concluir en noviembre de 2026, y de ejecutar obras complementarias durante el primer trimestre de 2027. Sin embargo, las entregas de los primeros tramos se retrasaron casi un año y medio.
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El economista Marco Aurelio Peña coincide que la fábrica de obras que impulsa el régimen, busca es desviar la atención de los grandes problemas que enfrentan los nicaragüenses comopobreza, persecución política, desempleo, crisis migratoria, aislamiento internacional y un acelerado ritmo de endeudamiento.
"La dictadura busca legitimarse, cómo mantener o recuperar cierto nivel de aprobación social y también tratar de justificar los préstamos para que les sigan prestando. Hacen propaganda y sobredimensionan un proyecto que por mandato constitucional les corresponde hacer. Sobredimensionan todo esto para crear un país fachada, para crear esta narrativa de progreso", sostiene Peña.
El economista señala que Nicaragua "no está innovando" y "entra tarde" a la modernización de su infraestructura, pues en países centroamericanos como El Salvador y Guatemala, los pasos a desnivel "son de primer mundo" y ya tienen varios años funcionando.
Estos proyectos han hecho que la deuda externa de Nicaragua se ubique por encima de los 15,886.7 millones de dólares hasta el segundo trimestre de este 2025, según datos del Banco Central de Nicaragua (BCN), lo que la elevó en un 36.2 por ciento en comparación al mismo período de 2020, y con ello también incrementó el servicio de ésta, pasando de 565.8 millones de dólares a 820.9 millones de dólares.
"Desde 2007, cuando se dio el traspaso de mando de la administración Bolaños hasta la autocracia de Ortega, el endeudamiento externo se ha multiplicado en 2.6 veces", señala el economista
No obstante, aclara que deuda externa aún no es un tema de tanta preocupación, ya que Nicaragua mantiene niveles de endeudamiento relativamente bajos en comparación con otros países de la región. Según Peña, el verdadero problema radica en la falta de transparencia y la corrupción en la gestión de esos recursos.
"Si tenemos una autocracia muy corrupta, que según Transparencia Internacional posiciona a Nicaragua entre los 15 países con peor percepción de corrupción en el mundo y en América Latina, con peor imagen incluso que Venezuela; ¿qué garantía tienen los ciudadanos de que los fondos obtenidos mediante endeudamiento público se ejecuten de manera eficiente y transparente? No la hay", cuestiona el economista.
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El impacto de la creciente deuda externa y la corrupción lo reciben los cerca de 7 millones de nicaragüenses, pero principalmente la clase obrera y los más pobres del país, pues según explican los economistas, al pagar una cantidad mayor en servicios de deuda se destinan menos fondos del Presupuesto General de la República en proyectos sociales que ayuden a reducir la pobreza.
Régimen esconde indicadores negativos
La dictadura Ortega-Murillo busca esconder todos aquellos indicadores negativos que le puedan dañar más la mala imagen que ya tiene, por ello lleva años sin actualizar el índice de pobreza y tampoco revela los datos del último censo de población realizado en 2024.
El único dato que se maneja es el de la encuesta de Medición del Nivel de Vida levantada en octubre del año 2016, en la que se develó que el índice de pobreza general se ubicaba en 24.9%.
En la actualidad, ningún nicaragüense que gane salario mínimo puede comprar en su totalidad la canasta básica de 53 productos, cuyo monto se situó en 20,528.97 córdobas en agosto de este 2025, según datos del Instituto Nacional de Información de Desarrollo (INIDE). En los últimos cinco años se incrementó en un 42 por ciento.
Mientras tanto, con el salario mínimo promedio (8,930.20 córdobas) solo se alcanza a comprar el 43 % del total de la cesta familiar.
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Los grandes proyectos de infraestructura anunciados por el régimen también buscan esconder el hambre que viven los nicaragüenses. Sobre esto tampoco se tiene un dato actualizado ante la falta de información y transparencia del régimen, pero de acuerdo a informes del Programa Mundial de Alimentos, entre 2020 y 2022 el país tenía una prevalencia de desnutrición del 17.8 %, equivalente a "1.2 millones de nicaragüenses" de 6.2 millones de pobladores de ese entonces.
Estos problemas se conjugan con la represión y persecución política desencadenada por el régimen, que desde 2018 generó una crisis que ha escalado a más allá de lo político hasta alcanzar el rango económico y social, por lo que los nicaragüenses no avizoran un mejor panorama. Según una consulta ciudadana de Hagamos Democracia, realizada entre abril y junio de 2025, "el 97 % de la población nicaragüense tiene una visión desalentadora sobre el futuro del país".
Organismos como el Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más y analistas como Manuel Orozco, estiman que de 2018 a 2024 entre 838,363 y hasta más de 850,000 nicaragüenses han sido expulsados o forzados a salir del país por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
Las cifras podrían seguir creciendo. La misma consulta ciudadana de Hagamos Democracia, señala que más de la mitad de la población mantiene la intención de buscar mejores oportunidades.
"El 69.5 por ciento de consultados afirmaron que saldrían del país si tuvieran la oportunidad", destaca la consulta, y apunta como principales causas la situación económica y la desesperanza en el futuro del país producto de la crisis política.
