Régimen Ortega-Murillo aniquila al periodismo independiente en Nicaragua, revela informe
El periodismo independiente en Nicaragua ha sido aniquilado en Nicaragua por una estrategia de represión estatal ejecutada durante los últimos siete años por la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo, según el informe “Nicaragua: memoria periodística y lucha por la verdad (2018-2025)”, elaborado por la Fundación por la Libertad de Expresión y Democracia (FLED).
El estudio denuncia que el oficialismo desplegó una ofensiva estructural y planificada para silenciar a la prensa independencia, con más de 2,300 violaciones a derechos civiles y políticos de periodistas y trabajadores de medios. El saldo es devastador, ya que el 85% del ecosistema de medios independientes desapareció, y obligó a 293 comunicadores al exilio.
De acuerdo al informe de la FLED, al menos 53 medios fueron obligados a cerrar operaciones por la fuerza, en una persecución inédita en Nicaragua.
"La represión ha sido multidimensional: 639 violaciones (27.6%) afectaron directamente la libertad de expresión a través de censura, cierres de medios y criminalización del periodismo; 405 (17.5%) vulneraron el derecho a la vida e integridad personal mediante amenazas, torturas y vigilancia; y 388 (16.8%) atentaron contra la libertad personal, con detenciones arbitrarias, secuestros e incomunicación", indica el informe.
Represión sistemática en Nicaragua
La FLED sostiene que la represión no ha sido coyuntural, sino sistemática y progresiva, ya que solo en el 2018, tras el estallido social de abril, se documentaron 1,568 ataques, inaugurando la criminalización del periodismo como política de Estado. Posteriormente, el régimen afinó su maquinaria represiva con leyes como la de Agentes Extranjeros y la de Ciberdelitos, utilizadas para perseguir y encarcelar periodistas.
En 2022, el cierre de más de 30 medios vinculados a la Iglesia Católica confirmó que ningún espacio crítico está a salvo, ni siquiera los medios de comunicación locales están a salvo, ya que desde el 2022 la dictadura Ortega-Murillo ordenó el cierre de espacios noticiosos en Matagalpa y el cierre de más de 5.600 organizaciones de la sociedad civil.
"Este golpe no solo representó un ataque directo a la Iglesia Católica, sino que también desmanteló una red vital de comunicación local que ofrecía contenidos informativos, espirituales y comunitarios a miles de personas, especialmente en zonas rurales y empobrecidas", indica el informe.
El informe de la FLED calcula el costo económico de la represión estatal en más de 57 millones de dólares, "debido a confiscaciones, embargos, destrucción de infraestructura, pérdida de equipos y la eliminación de más de 500 empleos directos en medios independientes".
Silencio impuesto a la sociedad
La organización independiente sostiene que la dictadura sandinista obliga a la población a vivir bajo la censura y el monopolio informativo del Estado, utilizando la persecución policial como su principal brazo represor.
El informe concluye que la magnitud y continuidad de estos ataques constituyen crímenes de lesa humanidad, en tanto han perseguido incluso a periodistas en el exilio, a quienes se hostiga y descalifica desde el aparato estatal y sus voceros.
La represión contra la prensa no solo ha silenciado voces, sino también ha arrebatado a los nicaragüenses su derecho a estar informados y a ejercer ciudadanía en democracia.
"La ciudadanía nicaragüense ha sido despojada de su derecho a la información plural, afectando gravemente el tejido democrático. Casos como los de Lucía Pineda Ubau y Miguel Mendoza ejemplifican la criminalización del periodismo. La impunidad en el 99.96% de las violaciones documentadas pone en evidencia la instrumentalización del sistema judicial como herramienta de represión, y la ausencia total de garantías legales para las víctimas", concluye el informe.
