Más de mil ataques a la Iglesia, 302 religiosos exiliados y 36 propiedades robadas en siete años

La Iglesia Católica en Nicaragua ha sufrido más de 1,010 ataques directos, la expulsión de 302 líderes religiosos, el robo de al menos 36 propiedades y la prohibición de 16,564 procesiones desde abril de 2018. Estos datos retratan la gravedad de la cruzada del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo contra la Iglesia y son parte del estudio "Nicaragua: Una Iglesia perseguida", presentado este miécoles por la investigadora y defensora de derechos humanos Martha Patricia Molina Montenegro, que documenta el nivel más alto de persecución religiosa en los últimos siete años.

La investigación detalla la ofensiva anticatólica en Nicaragua que comenzó en abril de 2018 y que tuvo su mayor pico en 2023 cuando se regitraron 321 acciones hostiles. Este 2025, hasta el mes de julio, Molina documentó 32  ataques, pero subraya que la reducción de las agresiones no significa una mejora en el respeto a la libertad religiosa por parte del régimen Ortega-Murillo. Por el contrario, obedece a que la institución está actualmente profundamente debilitada como resultado de la represión.

Los sacerdotes viven bajo un silencio forzado: no pueden denunciar los abusos ni la vigilancia constante, pues las amenazas de la Policía Nacional son claras —"el que habla va preso y desterrado". Del mismo modo, los laicos se abstienen de alzar la voz, ya que el control se ha intensificado mediante los Consejos del Poder Ciudadano, la Policía y los 80 mil paramilitares que el régimen juramentó a inicios de 2025 para vigilar y reprimir.

Entre los 302 líderes católicos forzados al exilio, expulsados o impedidos de ejercer su misión pastoral, se incluyen:149 sacerdotes, 1 nuncio, 4 obispos, 3 diáconos, 13 seminaristas y 132 religiosas (monjas).

A esto se suman las presiones económicas: los bienes confiscados, las cuentas bancarias congeladas, los cobros arbitrarios de impuestos y las restricciones de todo tipo siguen vigentes. Cada vez que alguna agresión se hace pública, el régimen utiliza a sacerdotes y obispos cercanos a sus intereses para negarla, lo que contribuye a reforzar el cerco.

Las instituciones religiosas también enfrentan extorsión. Muchos colegios y congregaciones son obligados a colaborar en actividades propias del Estado, bajo amenaza de represalias. Todo ocurre en un país donde la censura es total: no existen medios de comunicación ni periodistas independientes que investiguen ni informen sobre lo que sucede en la administración pública, detalla el informe.

Remarca que la Iglesia continúa resistiendo a pesar de la crueldad de un régimen" criminal de lesa humanidad", que persigue a su propia gente con descaro y sin temor a Dios. La investigación también recuerda la persecución de la Iglesia primitiva, señalando a Saulo (más tarde Pablo) como uno de los perseguidores de los primeros cristianos, cuya historia dio un giro tras su conversión en el camino a Damasco.

Molina Montenegro enfatiza la importancia del documento como archivo histórico y denuncia internacional, ya que el "arduo y doloroso trabajo graba con cinceles en las páginas los hechos históricos de la persecución de la Iglesia Católica en Nicaragua. Nicaragua es un país sufrido, pero que tiene hijos e hijas que le aman con coraje y valentía, dispuestos a dar la vida por defender su patria azul y blanco, esa tierra de lagos y volcanes", destacó.

Múltiles métodos represivos 

El estudio documenta una amplia gama de agresiones, que van desde daños a infraestructura, asedio constante a templos, alteraciones y cortes en servicios básicos, congelamiento de cuentas bancarias y cobros excesivos de impuestos a parroquias.

Las organizaciones e instituciones vinculadas a la Iglesia tampoco han escapado: 36 edificios confiscados, 13 universidades y centros educativos cerrados, 24 medios de comunicación y 75 ONG afectadas.

Se han registrado 78 mensajes de odio y 14 pintas en templos y edificios religiosos, así como 40 robos y 62 profanaciones, que incluyen artículos religiosos sustraídos de propiedades confiscadas. Además, los fieles laicos han sufrido agresiones, amenazas y encarcelamientos, mientras que la libertad de culto ha sido limitada de manera sistemática.

Clérigos y laicos bajo amenaza

Según Molina, la omisión de denuncias públicas por parte de clérigos y laicos se debe a amenazas de cárcel, destierro y vigilancia intensa en templos y parroquias.

“En ninguna circunstancia pueden denunciar las persecuciones que están sufriendo. Omiten al público estas situaciones porque la amenaza latente de la Policía y paramilitares es que quien habla va preso o desterrado. Otro de los puntos es que los laicos no están denunciando por el incremento de la vigilancia en templos y diferentes grupos parroquiales que se han infiltrado”, subrayó.

Hostilidades por zona pastoral

El informe muestra que las agresiones se concentran principalmente en zonas con mayor presencia de comunidades religiosas. La Arquidiócesis de Managua es la más afectada, con 311 incidentes documentados, reflejando tanto el asedio a templos como la presión sobre sacerdotes y laicos. Le sigue Matagalpa, con 192 ataques, donde la vigilancia intensa y la interferencia en actividades parroquiales limitan seriamente la práctica religiosa.

En Estelí, se registraron 81 hostilidades, mientras que Granada reportó 73 incidentes. En León, los ataques ascendieron a 68, afectando a sacerdotes, seminaristas y fieles. En las zonas más alejadas, como Jinotega, se documentaron 35 agresiones, en Siuna 12 y en Bluefields 10, lo que demuestra que la represión no solo ocurre en las ciudades principales, sino también en comunidades rurales y de la Costa Caribe.

Hostilidades por año

La persecución ha tenido fluctuaciones temporales, pero siempre con intensidad preocupante. En 2018 se registraron 93 ataques, apenas iniciando la serie sistemática de agresiones. En 2019, las hostilidades sumaron 88, manteniendo un patrón de represión constante. En 2020 y 2021, los registros fueron de 64 y 56 respectivamente, reflejando cierta reducción aparente, aunque según Molina esto se debe al temor de clérigos y laicos a denunciar.

La represión se intensificó nuevamente en 2022, con 173 ataques, y alcanzó su pico más alto en 2023, con 321 incidentes. En 2024, se registraron 184 hostilidades y hasta julio de 2025, 32 ataques, confirmando que la persecución continúa pese a la cobertura mediática limitada y la censura.

Según Molina, la omisión de denuncias públicas por parte de clérigos y laicos se debe a amenazas de cárcel, destierro y vigilancia intensa en templos y parroquias.

“En ninguna circunstancia pueden denunciar las persecuciones que están sufriendo. Omiten al público estas situaciones porque la amenaza latente de la Policía y paramilitares es que quien habla va preso o desterrado. Otro de los puntos es que los laicos no están denunciando por el incremento de la vigilancia en templos y diferentes grupos parroquiales que se han infiltrado”.

La séptima entrega del informe “Nicaragua: Una Iglesia perseguida” evidencia un panorama de represión sostenida, violación de derechos humanos, hostigamiento físico y psicológico, y restricciones graves a la libertad de culto. La investigación de la Dra. Martha Patricia Molina Montenegro documenta no solo cifras, sino también historias humanas, constituyendo un registro histórico y una denuncia internacional que será presentada al Vaticano.

“La verdad debe conocerse”, concluye Molina, recordando que la fe del pueblo nicaragüense resiste en silencio y oración frente a la persecución del régimen Ortega-Murillo.

Metodología y estructura del estudio

El estudio se basa en un proceso riguroso de recopilación y sistematización de información. Las fuentes primarias incluyen víctimas directas, la mayoría religiosas y religiosos, y reportes de medios de comunicación. Además, se apoyan en informes de organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales, que documentan violaciones a la libertad religiosa. Cada registro incluye fecha, ubicación y enlaces para ampliar la información.

La investigadora adelantó que este compendio de agresiones será entregado al Papa León XIV en El Vaticano, en septiembre próximo.