La delincuencia se disfraza de Policía: banda del Triángulo Minero recibe pena máxima, ¿la cumplirán?
Cuatro integrantes de una banda delictiva que operaba en el Triángulo Minero, en el Caribe Norte, haciéndose pasar por policías para ejecutar asaltos, violaciones y asesinatos fueron condenados a penas de entre 22 y más de 50 años de cárcel.
A la Justicia del régimen le tomó dos años en "resolver" el caso. El grupo fue apresado en 2023 y, tras una larga espera, en diciembre del año pasado les fijaron inicio de juicio para mediados de enero. La sentencia, finalmente llegó este agosto con la sentencia dictada por la juez Yajaira Chávez Arróliga, titular del Juzgado de Distrito Penal Especializado en Violencia de Siuna.
Los condenados son Camilo Amador Orozco (23 años), Jony Donay Jarquín Rodríguez (22), Gerónimo Ernesto Amador Dávila (26) y Fátima Jackeline Jarquín Rodríguez (23). Los cuatro fueron capturados el 11 de agosto de 2023 y, según la Fisalía, junto a otros seis integrantes de la banda, se dedicaban a ejecutar robos a comerciantes, prestamistas y acopiadores de café en diferenter comunidades del Triándulo Minero.
El castigo más severo recayó en Gerónimo Ernesto Amador Dávila, sentenciado a 50 años y 9 meses de cárcel por crimen organizado, robo agravado, portación ilegal de armas y asesinato agravado del comerciante de queso Lester Masis Jaime, ultimado de un balazo el 31 de julio de 2023 en la comunidad de Gusma, Siuna. Sin embargo, la juez aclaró que el reo solo cumplirá 30 años efectivos, la pena máxima contemplada en la Constitución, salvo casos de prisión perpetua revisable.
Amador Orozco, señalado como jefe de la banda y pareja de Fátima Jarquín, fue condenado a 25 años y 3 meses de prisión, mientras que Jony Donay recibió 23 años y 3 meses. Fátima Jarquín, quiern era la encargada de vigilar las zonas de los asaltos y ocultar lo robado, fue sentenciada a 22 años de cárcel. Además, los cuatro deberán pagar una multa de 6,410 córdobas.
Operaban vestidos con el uniforme de la Policía
Según la acusación fiscal, los delincuentes usaban uniformes de la Policía, incluidos los de la Dirección de Operaciones Especiales (DOEP), lo que les facilitaba engañar a las víctimas.
Uno de los hechos más graves ocurrió el 8 de marzo de 2023, cuando Gerónimo, llegaron lueciendo como agentes policiales a una pulpería en Aza Central, Siuna. Allí ataron a la propietaria, a una menor de 13 años y dos clientes, robando dinero, teléfonos móviles y productos valorados en 6,700 córdobas. Durante el atraco, uno de los prófugos, Miguel Rodríguez Zamora, violó a la adolescente.
En otro asalto, el 5 de junio de 2023, interceptaron un camión de queso y armados redujeron al conductor despojándolo de 285 mil córdobas, en el sector del puente de Aza.
El último hecho documentado en su contra, ocurrido el 31 de julio de 2023, terminó con el asesinato de Lester Masis Jaime, cuando este intentó defenderse de un robo en el que también vestidos como policías interceptaron el camión que conducía.
Prófugos y una condena que no genera tranquilidad
Otros dos integrantes de la banda de los falsos policías, Miguel Rodríguez Zamora y Pedro Dávila Guido, permanecen prófugos. En total, se sospecha que la banda estaría conformada por al menos diez personas.
La condena impuesta a los integrantes de la banda de los policías, aunque aparenta ser un castigo ejemplar, no regresa la tranquilidad a las zonas afectadas por el incremento de la delincuencia opina un abogado que pide anonimato. "La sentencia de un juez no basta para garantizar justicia. Aunque, como en este caso, la judicial haya hecho su trabajo, no hay ninguna certeza de que el condenado pagará por sus faltas", apunta haciendo referencia a la práctica de excarcelaciones discrecionales masivas que ejecuta el régimen.
"Aquí (en Nicaragua) lo grave es que ya no existe garantía de que los criminales cumplan las condenas que reciben. En dos o tres años, a veces en menos tiempo, pueden obtener beneficios como la convivencia familiar, porque las cárceles funcionan como puertas giratorias para los verdaderos delincuentes", cuestiona el defensor.
En 2024, las autoridades beneficiaron a 9.200 de estos condenados, la mayor cantidad en el último decenio.
Entre 2015 y 2023, el régimen sacó de prisión a 37.764 internos, con un promedio anual de 4.196 órdenes de libertad condicional decretadas directamente por Daniel Ortega y Rosario Murillo.
En lo que va de 2025, han ordenado la excarcelación de al menos 4,700 reos comunes.
