Deuda y corrupción: el nuevo pacto chino de Ortega y Murillo

Entre 2023 y 2025, la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo firmó diez contratos de préstamo con cinco empresas privadas chinas para financiar las obras que constituyen sus nuevas promesas de desarrollo en el país. La apertura de la línea de crédito china no es un pago de Pekín por la lealtad que el régimen sandinista le demostró al romper con Taiwán. Detrás de estas operaciones hay lucro absoluto: los chinos están recibiendo el Estado de Nicaragua en un maletín, advierten analistas.

Hasta este julio, la deuda de Nicargua con empresas chinas totaliza 1.380 millones 228 mil dólares. Los expertos consultados por DESPACHO 505 coinciden en que el endeudamiento no es el único problema. Incluso, consideran que no debería representar riesgo si no fuera por la discrecionalidad con que se manejan los acuerdos así como la participación de las firmas chinas en las contrataciones públicas sin necesidad de competir.

Esto se lo garantiza el régimen mediante la nueva Ley de Contrataciones del Estado pues permite la adjudicar contratos millonarios de manera discrecional sin cumplir procesos de licitación pública ni competencia real. Un experto en contrataciones públicas explica que la legislación excluye ciertos contratos del marco de regulación ordinaria, como aquellos derivados de préstamos internacionales o convenios con gobiernos y empresas extranjeras. "En la práctica, esta exclusión deja bajo el control absoluto de la Presidencia la selección de proveedores para megaproyectos, eliminando principios de competencia, transparencia y eficiencia", apunta.

A eso se suma que no se establece ninguna supervisión independiente ni obligación de rendir cuentas lo que deja en franca desventaja al país. "Esto va más allá de la discrecionalidad habitual del Estado, estamos hablando de arbitrariedad", subraya.

Según el especialista, esta estrategia consolida la influencia de China en el país, al trasladar la relación bilateral del ámbito comercial donde ya tiene una gran participación al de las compras públicas. Empresas de ese país -señala- "ya no solo inundan el mercado con productos, sino que ahora acceden a contratos estatales sin competir con proveedores nacionales o de otras nacionalidades".

El economista Marco Aurelio Peña, también cuestiona la opacidad en el manejo de los contratos firmados con compañías privadas chinas ya que prima un modelo de financiación sin control ni fiscalización, lo que "podría derivar en actos de corrupción a gran escala".

"En un país donde no hay rendición de cuentas y hay una percepción de corrupción altísima, cualquier préstamo puede terminar financiando represión, desviándose a patrimonios privados de la familia gobernante o simplemente malgastándose", añadió. 

Según el último informe de Transparencia Internacional, Nicaragua solo quedó por debajo de Venezuela en percepción de corrupción en América Latina, y figura entre los 15 países más corruptos del mundo.

El análisis de los expertos, la invasión china a todos los niveles no se trata de una apertura al mercado internacional, como argumenta el régimen, sino de una política que beneficia de forma exclusiva a proveedores de ese país asiático y sin ninguna garantía de rendición cuentas, muestra de ello es que no se conocen detalles de la ejecución de los proyectos supuestamente activos.

Deuda con condiciones oscuras

Peña describió el tipo de préstamos gestionados por el régimen con empresas chinas como “la diplomacia de la deuda”, donde los recursos no se entregan en efectivo al Estado, sino que las empresas asiáticas ejecutan directamente los proyectos.

"Traen su propia mano de obra, materiales, equipos, gerentes y hasta software. Es un negocio redondo para China. Pero para Nicaragua, representa dependencia, endeudamiento y mínima generación de empleo local", afirmó.

A esto se suman las condiciones poco claras de los contratos: tasas de interés del 4%, más comisiones adicionales como la comisión de agencia por 76.738,75 dólares anuales; comisión inicial (1.3%); de apertura (0.5%); y compromiso (0.7%), lo que eleva significativamente el costo final del financiamiento.

Según Peña, esta estructura termina beneficiando a las empresas chinas y al régimen, pero no necesariamente a la ciudadanía.

A juicio del economista, Daniel Ortega y Rosario Murillo están usando estos préstamos como parte de una estrategia de supervivencia política. Dado el aislamiento del régimen por parte de la comunidad internacional democrática —incluyendo sanciones de Estados Unidos y la Unión Europea por violaciones a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad—, el acceso al financiamiento multilateral se ha ido cerrando. En respuesta, el régimen gira hacia aliados geopolíticos como China, Rusia e Irán.

Peña remarca que todo ello no tiene impacto en real en el ciudadano común: "Estamos ante un modelo de crecimiento sin desarrollo. Hay obras, sí, pero no empleo local, no formación de capital humano, ni aumento del bienestar".

El experto sostiene que la Nicaragua actual se mueve bajo "una economía del malestar”: cierto crecimiento en los números oficiales, pero con más del 75% de la población económicamente activa condenada a la informalidad, desempleo estructural y precariedad laboral lo que, sumado al estado de terror político, explica la persistente migración tras siete años de crisis. 

"Cuando una persona decide dejar su hogar, su trabajo, su entorno, es porque llegó a la conclusión de que no puede vivir dignamente en su país. Eso habla de una economía expulsiva”, dice Peña.

La deuda china de Nicaragua

Los prestamos formalizados hasta la fecha con empresas chinas están destinados para financiar proyectos de electricidad fotovoltaica; un tramo de la carretera litoral del Pacífico; el proyecto de convertir el aeropuerto  Punta Huete en un aeródromo con estándares de primer mundo, y fondos de emergencias para supuestamente enfrentar desastres.

El primer préstamo con una empresa china se firmó en noviembre de 2023, cuando el régimen acordó con China Communications Construction Company Limited (CCCC) un crédito por 65.96 millones de euros (equivalentes entonces a 76.6 millones de dólares) para la construcción de una planta fotovoltaica en San Isidro, Matagalpa.

Esta planta tenía el propósito abastecer de energía solar las bombas de agua Enacal. Desde entonces, Ortega ha firmado al menos tres préstamos adicionales con CCCC, por un monto total de 284.9 millones de dólares para proyectos de energía renovables en Nicaragua.

En 2024, entró a escena la empresa China CAMC Engineering Co., LTD quien firmó tres contratos de préstamo por 501.3 millones de dólares, entre ellos el más grande hasta la fecha: 440.6 millones de dólares para reconstruir y modernizar el aeropuerto internacional de Punta Huete, en San Francisco Libre. CAMC también financiará tanques de almacenamiento de gas licuado y un fondo de emergencia gestionado por el Sistema Nacional para la Prevención de Desastres (Sinapred).

La dictadura también firmó un préstamo con la empresa CSCEC International Construction Co., LTD (CSCEC Internacional) por un monto de 251.4 millones dólares para la construcción de un tramo de la carretera litoral pacífico que ejecuta el Ministerio de Transporte e Infraestructura.

Otro por 272.49 millones de dólares con la empresa Zhengzhou Coal Mining Machinery Group Co., LTD. (ZMJ) para financiar el suministro de productos y servicios para la fase 1 y fase 2 del proyecto de conectividad digital de Nicaragua.

El 10 de julio de este año, la Asamblea Nacional contralada por el sandinismo aprobó un decreto de préstamo de la empresa China Iconic Technology Company Limited (ChinaICTC) por 257.2 millones dólares para realizar estudios y diseño para la construcción de la primera fase de 32 hectárea para la ampliación y modernización del centro logístico del Puerto de Corinto.

Chinos sin competencia

A la cadena de irregularidades de participación china del pastel estatal, el experto en compras públicas hace énfasis en la asignación "de dedo" de las adjudicaciones. Esto, indica, tienen un efecto discriminatorio, ya que deja fuera a otros proveedores nacionales e internacionales que podrían competir en igualdad de condiciones, y elimina los incentivos para mejorar precios, calidad y eficiencia, pilares básicos de una contratación pública responsable.

Ambos analistas coinciden de que en Nicaragua se está promoviendo la precarización del mercado nacional, ya que las empresas chinas no solo prestan el capital sino que ejecutan las obras, y tienen la opcion de operar con mano de obra nacional "subcontratada y mal pagada".

El nuevo pacto con China, dice, refuerza el autoritarismo, porque en vez de fomentar la transparencia y la rendición de cuentas, afianza la práctica del dedazo" y la cooptación institucional, especialmente, porque estas empresas chinas, trabajan con contratistas afines al régimen Ortega-Murillo sin ningún tipo de mecanismos que garanticen el bien común.