Nicaragüenses con TPS demandan a la Administración Trump para intentar frenar las deportaciones
Una coalición de inmigrantes protegidos por el Estatus de Protección Temporal (TPS), entre ellos nicaragüenses con más de 20 años de vida en Estados Unidos, presentó una demanda federal contra el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) para detener la cancelación de ese beneficio migratorio anunciada por la administración Trump.
La demanda fue presentada ante un tribunal federal del Distrito Norte de California. tras conocerse el anuncio de la Administración de poner fin al TPS para Nicaragua, Honduras y Nepal. Los demandantes solicitan que el tribunal emita una orden judicial preliminar para frenar la terminación del TPS mientras se analiza a fondo la legalidad de la medida.
La decisión del DHS afecta a los beneficiarios del TPS cuyo estatus migratorio, permisos de trabajo y protección frente a la deportación quedarían eliminados a partir del 8 de septiembre de 2025. Según estimaciones, unos 4,000 nicaragüenses podrían verse directamente afectados.
El TPS fue otorgado inicialmente para proteger a personas de estos países tras crisis humanitarias, como el huracán Mitch en el caso de Nicaragua y Honduras. Muchos beneficiarios han vivido en Estados Unidos por décadas, con familias, empleos y raíces profundas.
Argumentos legales y el impacto para los beneficiarios
Siete demandantes de los países afectados, junto con la Alianza Nacional TPS y un grupo de defensa, presentaron la demanda contra el Departamento de Seguridad Nacional y la secretaria Kristi Noem, alegando que las terminaciones fueron, al menos en parte, motivadas por "animadversión racial" y supuestamente violaron la Constitución.
Los demandantes alegan que la cancelación del TPS viola la Ley de Procedimiento Administrativo (APA), al no basarse en un análisis exhaustivo y razonado sobre las condiciones actuales en Nicaragua, Honduras y Nepal.
Señalan que la decisión se tomó sin considerar suficientemente el impacto humanitario ni las circunstancias específicas de los países afectados y se implementó con un aviso insuficiente — apenas 60 días —, dejando en vulnerabilidad a miles de familias.
Si la corte concede la orden preliminar solicitada, las deportaciones de los beneficiarios podrían suspenderse temporalmente mientras avanza el litigio. Para los nicaragüenses, muchos de los cuales llevan más de 20 años con TPS, esto es crucial para evitar la separación familiar y la pérdida de estabilidad.
