Medio millón de nicaragüenses podrían ser deportados de Estados Unidos bajo planes migratorios de Trump
La administración del presidente Donald Trump analiza la posibilidad de cerrar masivamente los casos de asilo de quienes cruzaron la frontera de forma irregular, según reportó la cadena estadounidense CNN. Estos planes, aunque aún no han sido oficializados, apuntan a acelerar las deportaciones de miles de migrantes que entraron sin documentos, afectando particularmente a la comunidad nicaragüense en Estados Unidos.
Entre quienes podrían verse afectados están al menos 447,959 nicaragüenses que entre 2021 y mayo de 2025 cruzaron sin autorización por pasos no habilitados, entregándose a la Patrulla Fronteriza para solicitar asilo. A este grupo se suman otros 93,000 nicaragüenses que ingresaron en los últimos dos años a través del programa parole humanitario, una vía legal que les permite residir hasta por dos años en el país si cuentan con un patrocinador. Aunque entraron legalmente, también están en la mira tras la cancelación del programa.
De hecho, este mes el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de Estados Unidos anunció la terminación del programa de parole humanitario para beneficiarios de Nicaragua, Cuba, Venezuela y Haití, junto con la revocación automática e inmediata de sus permisos de trabajo.
Esta vez, la medida de la Administración Trump es definitiva y respaldada por la Corte Suprema de Estados Unidos, que el pasado 30 de mayo ratificó la cancelación del programa y levantó cualquier orden judicial previa que protegía a los beneficiarios.
Más de medio millón en riesgo de deportación
En total, hasta 540,000 nicaragüenses podrían enfrentar la deportación si estos planes se concretan, en el marco de una política de “tolerancia cero” hacia la inmigración irregular que busca cerrar procesos de asilo en curso y negar nuevas solicitudes a quienes cruzaron sin autorización.
Este volumen representa una parte significativa de la diáspora nicaragüense en Estados Unidos, comunidad que envía remesas que se han convertido en un pilar económico fundamental para Nicaragua. En 2024, el país recibió un récord histórico de 5,243.1 millones de dólares en remesas familiares, monto que equivalió al 26.62% del Producto Interno Bruto (PIB).
De ese total, el 82.8% provino de Estados Unidos, es decir, aproximadamente 4,341 millones de dólares. Este flujo creciente está directamente vinculado con el aumento de migrantes nicaragüenses en Estados Unidos durante los últimos años.
Según datos oficiales, solo un 3% de los nicaragüenses que cruzaron fueron procesados bajo el Título 42, una medida sanitaria aplicada durante y después de la pandemia que obligaba a esperar en México. El 97% restante entró formalmente al sistema de asilo bajo el Título 8, con la posibilidad de presentar su caso.
La deportación de estos migrantes representaría un duro golpe para miles de familias, no solo por la separación familiar, sino también por la pérdida de ingresos vitales que sostienen la economía familiar. Además, muchas de estas personas huyeron por razones políticas y humanitarias, y su retorno forzado podría ponerlos en grave riesgo.
Los 93,000 nicaragüenses que llegaron bajo el parole humanitario, a quienes se les canceló el estatus y se les insta a abandonar el país, también enfrentan una profunda incertidumbre legal y personal.
Aunque los planes se anuncien, la deportación no sería inmedita
Cerrar de manera masiva los casos de asilo en Estados Unidos enfrenta importantes barreras legales y humanitarias. El país está comprometido con tratados internacionales, como la Convención de Ginebra sobre el Estatuto de los Refugiados, que obliga a proteger a quienes temen persecución en sus países de origen y a garantizar un debido proceso.
Además, el sistema judicial estadounidense tiene procedimientos establecidos que pueden extenderse por años; actualmente, los solicitantes de asilo pueden esperar hasta cinco años o más para una resolución definitiva, debido a la acumulación de casos y la complejidad del proceso legal.
Por esta razón, cualquier intento de la administración Trump para cerrar abruptamente estos casos tendría que pasar por un proceso judicial extenso que probablemente se prolongaría durante meses o incluso años, incluyendo apelaciones en tribunales federales y potencialmente la Corte Suprema. Esto significa que, aunque los planes para acelerar deportaciones estén en marcha, la implementación práctica y efectiva de estas deportaciones podría tardar mucho tiempo en concretarse, dejando a miles de migrantes en una situación prolongada de incertidumbre legal.
