Organizaciones exponen la grave crisis que vive Nicaragua previo a examen de Nicaragua en la ONU

Nicaragua está bajo un gobierno «autoritario, represor y violador de derechos humanos, que ha sumido al país en una profunda crisis, marcada por el descontento social y la caída de la economía”, expuso la doctora Vilma Núñez.

Defensores dederechos humanos y miembros de la sociedad civil nicaragüense expusieron enGinebra, ante la comunidad internacional, la profunda crisis de derechos humanosque enfrenta Nicaragua desde hace casi un año.

Representantes de distintos organismos acudieron a la sesión previa del  Examen Periódico Universal (EPU) que Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas realizará en mayo próximo a Nicaragua y a la cual también estaban citadas las autoridades del gobierno de Daniel Ortega, pero no asistieron.

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“Existe unprofundo deterioro de la situación de los derechos humanos en Nicaragua,caracterizada por la represión iniciada en abril de 2018 y sus efectos:muertes, personas heridas, desaparecidas y centenares de personas que ahoraenfrentan procesos sin que se respeten las garantías del debido proceso”, expusola doctora Vilma Núñez, presidenta del Cenidh.

Núñez manifestóque el país está bajo un gobierno “autoritario, represor y violador de derechoshumanos, que ha sumido al país en una profunda crisis, marcada por eldescontento social y la caída de la economía que ha traído desempleo,ocasionado la migración de miles de nicaragüenses y empobrecido a ampliossectores de la población”.

Desde el 18 de abril de 2018, Nicaragua se encuentra sumergida en una grave crisis de derechos humanos que se ha ido intensificando. Durante los últimos meses, el gobierno ha ido desarticulando los espacios de crítica y la violencia se manifiesta de forma más selectiva hacia defensores y defensoras de derechos humanos, mujeres, periodistas, medios de comunicación independientes, personas LGBTI y organizaciones de la sociedad civil a las que les cancela su personalidad jurídica.

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Por su parte,Juanita Jiménez, del Movimiento Autónomo de Mujeres (MAM), recalcó que en Nicaragua“se han debilitado las garantías fundamentales para el ejercicio de la libertadde expresión y manifestación, caracterizándose todo el periodo entre 2014 y2019 por agresiones, represión e intimidación, detenciones arbitrarias, vigilanciapolicial, escuchas telefónicas a los periodistas independientes y en el caso delas mujeres, han sido víctimas de reiterados actos de violencia institucional,registrándose ataques a mujeres periodistas impregnados de violencia y misoginia”.

Sobre los pueblosindígenas y las comunidades étnicas de las Regiones Autónomas de Nicaragua, LottieCuningham del Centro por la Justicia y Derechos Humanos de la Costa Atlánticade Nicaragua (CEJUDHCAN) señaló que “estos continúan viviendo bajo inaceptablescondiciones de desigualdad en una realidad muy marcada por: la violencia, lainvasión de sus territorios, el irrespeto a las elecciones de sus autoridadestradicionales, la instalación de mega proyectos sin su previo consentimiento,la corrupción e impunidad”.

En esta pre-sesiónEPU participaron también participaron representantes de Ipas Centroamérica, Fundacióndel Río, de la Plataforma Nicaragüense de Redes de ONG y de la Fundación Maristapor la Solidaridad Internacional (FMSI), quienes expusieron violaciones dederechos humanos cometidas en el país para sensibilizar a los Estados que evaluarána Nicaragua próximamente.

El EPU ofrece acada Estado la oportunidad de declarar cada cinco años qué medidas ha adoptadopara mejorar la situación de los derechos humanos en el país y para cumplir consus obligaciones en la materia. Sin embargo, a la pre-sesión realizada hoy nose presentaron representantes del Estado de Nicaragua.

Al evento asistieron43 misiones diplomáticas presentes en Ginebra, y de ellas participaron lasmisiones de Chile, Colombia, Bélgica, Canadá y Argentina con preguntasenfocadas en la situación de los más de 700 presos políticos, la independenciajudicial o los avances de las negociaciones que actualmente sostiene el gobiernocon la sociedad civil.

RECOMENDACIONES

Cada uno de losdefensores de derechos humanos presentes en la pre-sesión del EPU expuso susrecomendaciones al Estado de Nicaragua, mismas que podrían ser retomadas porlos Estados que evaluarán al país en mayo.

Entre ellas estángarantizar la investigación pronta, exhaustiva, independiente y transparente detodas las denuncias de violación, tortura y otros malos tratos presuntamentecometidos por la autoridad y quienes actúan como agentes de autoridad, exigirlas debidas responsabilidades y proporcionar a las víctimas reparación eindemnización.

Señalan lanecesidad de que el gobierno respete al derecho a la protesta social y cese la criminalizaciónde las manifestaciones cívicas”, demandan.

“Las personas privadasde su libertad por cuestionar con sus ideas y acciones al régimen deben serpuestas inmediatamente en libertad.

Además piden elaborar,en conjunto con defensores y defensoras de derechos humanos, un Protocolo deProtección para Defensores de Derechos Humanos en Nicaragua a fin de superarlas actuales condiciones de inseguridad, hostigamiento, estigmatización ycriminalización.

Se recomiendatambién promover junto a un equipo de apoyo internacional que investiga lasdenuncias contra los hospitales y otras entidades que no brindaron la atención debidadurante la represión a las protestas de abril y meses subsiguientes.

“Demandar alEstado que permita el ingreso, permanencia y acceso ilimitado a la informaciónpertinente a los órganos internacionales para que analicen, verifiquen y señalenlas responsabilidades y se definan las medidas correctivas y sanciones para losresponsables de violentar el derecho a la salud de la población”, es otraexigencia planteada.

Se añaden otras propuestascomo garantizar un sistema de registro de la información que permita conocer lasituación real de la violencia, violencia sexual y la mortalidad materna en el paíspara desarrollar acertadas estrategias y acciones de prevención y atenciónoportunas.

Así mismo,recomiendan crear una política de Estado de atención a otras víctimas delfemicidio.

También se pide larestitución de los derechos territoriales de las comunidades indígenasprotegiéndoles frente a las invasiones de “colonos” o personas no indígenas yterceros mediante el establecimiento de un diálogo con las autoridadestradicionales para concertar el procedimiento de saneamiento de los 23territorios indígenas titulados.

Las recomendaciones que fueron hechas al Estado de Nicaragua en el EPU anterior, el de 2014, “no fueron implementadas”, aseguró Mayte Ochoa, de Ipas Centroamérica, quien sostuvo que el Gobierno “en unos casos asumió compromisos que no cumplió y en otros, rechazó emprender las reformas requeridas y adecuar la legislación a los estándares internacionales”.

*Con información del Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos