Ortega crea una Ley de Telecomunicaciones para establecer una superestructura de control a operadores y usuarios
El dictador Daniel Ortega solicitó a la Asamblea Nacional aprobar la Ley General de Telecomunicaciones Convergentes, que sustituirá a la Ley General de Telecomunicaciones y Correos Postales (Ley 200), con el objetivo de crear una supraestructura que controle a los operadores, proveedores y usuarios de las telecomunicaciones en Nicaragua.
Con la nueva Ley, que deberá ser aprobada por los diputados del Parlamento, Ortega pretende controlar aún más las telecomunicaciones de Nicaragua y otorga facultades al Instituto Nicaragüense de de Telecomunicaciones y Correos (Telcor) para que ejerza de forma discrecional la regulación del espectro radioeléctrico del país.
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El documento de 94 páginas y 154 artículos señala, entre otras cosas, que la importación de equipos tecnológicos estará bajo supervisión de Telcor, los operadores de telecomunicaciones deberán proveer geolocalización de los usuarios de telefonía y permitir severas inspecciones que de ser necesarias recurrirán a la fuerza de la Policía Orteguista. De igual forma, establece sanciones contra los operadores de telecomunicaciones que van desde los 0.5% hasta 2.5% de sus ingresos brutos derivados del año anterior a la infracción de la ley.
La iniciativa de ley enviada por Ortega establece además la obligación de los operadores y proveedores para transmitir en cadena las comparecencias públicas del dictador, algo que ya sea hace desde algunos años. «Establece de manera explícita obligaciones específicas para los operadores y proveedores de servicios de telecomunicaciones, para garantizar los derechos de todos los usuarios, dentro de las que se destacan, unirse a las cadenas de radio y televisión, así como poner a disposición del Gobierno de manera gratuita, sus instalaciones y servicios en caso de emergencia nacional o regional», dice el capítulo 100 de la iniciativa.
Ortega ha matizado la iniciativa de ley con el argumento de que en los últimos 20 años el sector de las telecomunicaciones ha evolucionado «sustancialmente» por lo que se requieren de políticas, estrategias y regulaciones que respondan «a las infinitas oportunidades actuales». En ese contexto, argumenta, la Ley 200 es longeva y no encaja en el contexto actual «dada su muy limitada capacidad para regular nuevos y complejos escenarios que están fuera de su objeto y alcance».
Por lo tanto, según el régimen, la nueva Ley de Telecomunicaciones Convergentes está orientada a promover la conectividad de alta velocidad, de calidad y asequible para los usuarios de Nicaragua. No obstante, ese argumentario contrasta con un sinnúmero de disposiciones que permitirán a Telcor otorgar licencias a discreción a nuevos competidores y el establecimiento de «garantías, fianza o certificado de depósito a favor de Telcor», lo que a ojos de empresarios hará más cara la inversión en el país.
Canon por el uso del espectro radioeléctrico
Las estaciones de radio y televisión a las que se asigna una banda de frecuencia o radio canal del espectro radioeléctrico deberán pagar un canon anual por el «arriendo del recurso» que pasará a ser patrimonio de Telcor. Dicho monto será establecido en la normativa de la ley una vez que sea aprobada por la Asamblea Nacional. Sin embargo, Telcor podrá fijar un canon menor a los operadores de telecomunicaciones «nuevos».
La ley ideada por Ortega también regulará el uso de sistemas y redes satelitales y la importación de equipos tecnológicos. «La fabricación, importación, distribución y comercialización de equipos de telecomunicaciones en general requiere previa homologación de los mismos ante Telcor», reza parte del artículo 59 de la iniciativa. El articulado relacionado con equipos serán sometidos al visto bueno del ente regulador, estableciendo una burocracia en los procedimientos.
Otros los capítulos de la iniciativa se relacionan con el papel interventor del Telcor en el mercado de la telecomunicaciones de Nicaragua desde la elaboración de los contratos hasta la fiscalización de las tarifas por los servicios. Con la nueva norma, los operadores deberán permitir el acceso a los funcionarios de Telcor para que realicen inspecciones técnicas, financieras o contables. Los inspectores de Telcor asumirán un papel de investigadores de un cuerpo policial en caso de que los hechos «presumidos» sean ciertos.
«Los operadores de telecomunicaciones y proveedores de servicios de comunicaciones audiovisuales están obligados a a suministrar toda la información que le sea requerida, incluyendo información estadística y georeferenciada», señala el artículo 109. Seguidamente se menciona que Telcor «tiene todas las facultades» para realizar inspecciones, pruebas técnicas, auditorías a las empresas.
