La Fiscalía de Nicaragua acusa a cinco costarricenses bajo la Ley Ciberdelitos
La Ley Especial de Ciberdelitos alcanzó a cinco costarricenses que se encuentran detenidos desde el pasado 20 de mayo en las celdas de la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ) de Managua, conocidas como El Nuevo Chipote, por vulnerar supuestamente la seguridad informática del Estado de Nicaragua.
Los ticos que podrían enfrentar penas que oscilan entre cuatro y seis años de cárcel son: José Luis Díaz Madriz; Alex José Ortega Ravaine; Luis Fernando López Berrocal; Kevin Daniel Ulate Rodriguez; y el taxista Eric Alexis Castillo Fernández.
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Pese a que fueron detenidos el 20 de mayo, la Fiscalía los presentó hasta el pasado 6 de julio ante la juez Nalia Úbeda Obando como coautores del delito de posesión de equipos o prestación de servicios para vulnerar la seguridad informática en perjuicio del Estado.
En la audiencia preliminar la Fiscalía también presentó cargos por tenencia ilegal de armas contra López Berrocal. Todos habitan en diversos sectores del cantón de Pococí, perteneciente a la provincia de Limón, Costa Rica, pero la Fiscalía aún no revela dónde fueron detenidos.
En el Sistema Electrónico Nicarao, que tiene disponible el Poder Judicial para informar sobre los procesos, tampoco se revela dónde y cómo cometieron el supuesto delito ni las evidencias que les ocuparon.
Sin embargo, en la audiencia preliminar quedó en evidencia que la Policía les ocupó una cantidad de dólares que aún no dan a conocer.
La incautación del dinero quedó al descubierto cuando la Fiscalía pidió a la juez que girara un oficio a la Dirección de Auxilio Judicial para que depositara los dólares incautados a la cuenta del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
Tras escuchar las peticiones de la Fiscalía y la breve intervención de la defensora pública que la justicia orteguista le asignó a los ticos, la juez admitió la acusación y les decretó la prisión preventiva.
A la vez programó la audiencia inicial para el 25 de julio y giró un oficio a la Dirección de Auxilio Judicial Nacional, en el que ordena depositar inmediatamente a la cuenta en dólares del Tesoro el dinero incautado a los acusados.
Cabe señalar que para lograr que los ticos permanecieran detenidos durante 46 días sin ser acusados, la Fiscalía solicitó el 23 de mayo ampliar el plazo de la investigación en una «audiencia especial de tutela de garantías constitucionales» que se realizó en el juzgado séptimo de Distrito Penal de Audiencias de Managua.
En dicha audiencia la Fiscalía argumentó que la policía continuaba con las investigaciones por lo que solicitó al juez Abelardo Alvir Ramos ventilar el proceso bajo la figura de tramitación compleja.
Como ya es costumbre, el juez accedió a la petición y otorgó ampliar el plazo de la detención de 48 horas a 45 días. En la audiencia preliminar la jueza estableció que el proceso también se ventilará con tramitación compleja a petición de la Fiscalía.
