La Asamblea aprueba las reformas para eliminar el carácter apartidista de la Policía y perseguir a los desertores
La Asamblea Orteguista aprobó este miércoles las reformas a la Constitución Política y la Ley de la Policía Nacional para que el dictador Daniel Ortega tenga control absoluto sobre la institución y encarcele a los desertores.
El argumento para modificar el artículo 97 de la Constitución es “adecuar y reformar la base constitucional que rige el actuar de la Policía Nacional frente a las nuevas modalidades del crimen organizado”.
La reforma a la Constitución fue aprobada de manera unánime por los 91 presentes en el plenario del Parlamento y expresa que la Policía es un cuerpo armado subordinado al presidente de la República.
«La Policía Nacional depende de la autoridad ejercida por el presidente de la República, en su carácter de Jefe Supremo y en estricto apego a la Constitución Política a la que guardará respeto y obediencia», dice el nuevo texto.
El artículo 97 de la Constitución establecía que «la Policía Nacional es profesional, apolítica, apartidista, obediente y no deliberante. La Policía Nacional se regirá en estricto apego a la Constitución Política a la que guardará respeto y obediencia».
Expertos en la materia consideran que los cambios contenidos en las iniciativas de reforma no solo son un instrumento para criminalizar la deserción de policías, si no que es un reflejo del «resquebrajamiento y desgaste» de la institución y del mismo régimen.
Gustavo Porras, presidente de la Junta directiva del Parlamento dijo que la modificación a la Ley de la Policía va en correspondencia a la reforma al artículo 97 de la Constitución.
El parlamentario orteguista restó importancia a las críticas que apuntan a que la reforma le quita a la Policía su carácter apartidista, apolítica y no deliberante. Según el operador del régimen, los sectores opositores van a armar una «alharaca» por esos cambios.
La reforma a Ley de la Policía ahora establece que “el personal policial que abandone el servicio, lo que se considera deserción, incurriendo en un perjuicio grave a la seguridad ciudadana, será sancionado con una pena de dos a tres años de prisión”.
Porras dijo que esos principios no determinan el actuar de los oficiales de la institución, considerada el brazo represor de la dictadura. Las críticas que puedan surgir, agregó, son un “distractor”, ya que la institución tiene “la fuerza suficiente” para proteger los bienes sociales, la vida y los bienes del Estado.
“Aquí lo más importantes es que estamos reafirmando una Policía que además de cuidar y preservar el orden interno también preserve el orden social”, dijo el parlamentario, quien señaló que el orden social tiene que ver con la forma de “actuar, pensar y de hacer” en Nicaragua.
INSTA A CASTIGAR LA DESERCIÓN
Las modificaciones que aprobaron a la Ley de la Policía incluyen tres nuevos artículos los cuales establecen penas de cárcel a los que según su criterio “sin causa justificada desobedezca las órdenes de sus superiores, en perjuicio de la seguridad ciudadana”..
“El personal policial que abandone el servicio, lo que se considera deserción, incurriendo en un perjuicio grave a la seguridad ciudadana, será sancionado con una pena de dos a tres años de prisión”, detalla el nuevo artículo.
Según Porras, la Policía de Nicaragua era la única en el mundo donde un oficial sino obedecía una orden o desertaba de sus filas no tenía sanción, aunque no argumentó su afirmación.
“Por eso es necesario reformar esta ley porque tienen que estar clarísimo que la Ley de la Policía, cuerpo armado, tal y como lo dice subordinado al Presidente que tiene todas esas funciones y además no solo está regido por el Código Penal también tiene que tener algunos delitos específicos que le pasa a la Policía, sucede que pueden cometer en el ejercicio de sus funciones como es el incumplimiento de una orden, desobediencia o una deserción”, apuntó Porras.
EL DISCURSO OFICIAL DEL “FALLIDO GOLPE DE ESTADO”
El diputado argumentó los cambios tanto en la Constitución como en la Ley de la Policía diciendo que durante las protestas sociales de abril del 2018, las cuales el régimen mantiene que fue un intento fallido de golpe de Estado, se dio la destrucción de bienes tanto de particulares como del Estado y que la Policía se quedó en sus cuarteles.
“Lo más grave fue esa delincuencia financiada por los yanquis y sus lacayos internos y con la participación de algunos que creían que la revolución no tenía arraigo y que no estaban claros de que en este país vamos a vivir todos a excepción de los que renuncian a su nacionalidad, renuncian con sus acciones”, manifestó Porras.
Desde el 2018, la Policía es señalada de ser el brazo represor de la dictadura y junto a parapoliciales ejecutó la llamada Operación Limpieza para desmontar las protestas sociales. Producto de la represión estatal, unos 355 nicaragüenses fueron asesinados según cifras de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
