Sonia Castro es señalada de “cinismo institucional”
Organización médica sostiene que la ministra de salud, Sonia Castro, cae en “cinismo institucional” al pretender desvincularse de haber utilizado el sistema de salud pública en el esquema represivo contra los manifestantes.
Los hospitales fueron convertidos en cuarteles, lasambulancias utilizadas para trasladar armados y el servicio de urgencias fue negadoa los heridos en los ataques a ciudadanos que a partir del 18 de abril sealzaron en protesta contra el gobierno de Daniel Ortega, exponen representantesde la Unidad Médica Nicaragüense alcuestionar la pretensión de la ministrade salud, Sonia Castro, de desvincularse del esquema represivo contra manifestantes,y que según organismos internacionales, fue dirigido desde el más alto nivel.
Castro practica “cinismo institucional” al seguir negandoque dirigió la instrumentalización del sistema de salud pública, sostuvo el doctorJosé Luis Borge Rayo, especialista en Urología y uno de los más de 350 médicosdespedidos del sistema público por oponerse a la orden de no atender a losciudadanos heridos.
El doctor Borge sostiene que algunos médicos fueronpresionados por las autoridades para revelar la identidad de pacientes queatendieron por heridas de armas de fuego.
“Se constató quemuchos médicos fueron obligados a denunciar a los heridos que atendieron enalgunos lugares, de tal manera que posteriormente fueron entregados a lapolicía, para que fueran encarcelados, enjuiciados, algunos torturados, otrosdesaparecidos”, declaró en conferencia del prensa ese lunes.
La semana pasada, la titular del Minsa expresó a unatelevisora local que nunca giró una orden administrativa para que se le negarala atención médica a los protestantes heridos y que “ha habido una granmanipulación en torno a ese tema”.
A inicios del mes de mayo, en la ciudad de León, Sonia Castroy Judith Lejarza, directora del Hospital Escuela Óscar Danilo Rosales (Heodra),“personalmente expulsaron a médicos internos y estudiantes de medicina, y prácticamenteimpidieron la atención de heridos”, rebatió el doctor Borge.
Cuando ella niega que estas acciones fueron por orientaciones administraciones “miente completamente”, señaló.
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“Los videos y todos los testimonios están claros y todo fuedebidamente constatado por organismos de derechos humanos internacionales” ,siendo el caso más emblemático el de Álvaro Conrado, el adolescente que fuetrasladado con vida al hospital Cruz Azul, el 20 de abril, y le fue negada laatención, recordó el médico al señalar que este tipo de acciones se repitieronen otros hospitales del país.
El Grupo Interdisciplinarios de Expertos Independientes (GIEI)documentó el caso de Cristian José Pineda Martínez, de 28 años, quien el 7 demayo de 2018 acudió al Heodra de León en busca de atención médica. “De lainformación disponible, surge que a la víctima se le habría negado el acceso alhospital por considerarlo un estudiante que participaba en las protestas contrael gobierno y que falleció allí mismo”, dice el documento presentado a finalesel 20 de diciembre en Washington, tras ser expulsados del país.
El GIEI constató que algunos pacientes fueron dado de alta apesar del grave estado y otros recibieron atención inadecuada.
El organismo cita el caso de Kevin Roberto Dávila López, a quienen el Hospital Lenín Fonseca, luego de practicarle dos cirugías, fue llevado asala de operaciones nuevamente, “porque había caído en coma y que algunosmédicos y enfermeras le dijeron que ‘quién lo mandaba a andar en protestas’”.
“Todas estas situaciones, que implican un drásticoapartamiento de los deberes médicos, deberán ser investigadas y juzgadas cuandoexistan condiciones. Las investigaciones deberán determinar la dimensión de estefenómeno, qué tipo de órdenes emanaron de la Ministra de Salud, Sonia Castro, yde la Dirección de cada hospital; qué rol tuvo Fetsalud en los hechos, y quémedidas se tomaron -o no- para garantizar la salud pública en casos de sumagravedad”, recomienda el GIEI en su informe sobre los hechos de violenciaregistrados entre el 18 de abril y 30 de mayo.
HOSPITAL COMO CUARTEL
El hospital San Juan de Dios de la ciudad de Estelí –dijo- fue convertido en un “cuartel de guerra”, porque cuando fuerzas combinadas de policías y parapoliciales ejecutaron la llamada Operación Limpieza “encadenaban los portones y desde ese mismo hospital salían los grupos de paramilitares a atacar los tranques, y se impedía durante los ataques el ingreso de heridos”, expuso Borge.
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El informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) recoge el testimonio de un paramédico de la Cruz Roja que relata cómo trabajaron en medio de los ataques, sin apoyo de la institución de Salud.
“Nosotros como paramédicos voluntarios salimos junto con losestudiantes de medicina a atender a los heridos en la calle, en medio del fuegocruzado que los policías ejecutaron contra la población civil desarmada.Igualmente, muchos médicos y paramédicos voluntarios que se encontrabanatendiendo a los heridos fueron atacados por las fuerzas de la Policía y muchosfueron detenidos. Las ambulancias del Minsa no apoyaron en los traslados, solamentese contó con unidades de la Cruz Roja”.
DESPIDOS CONTINÚAN
Sobre los despidos de médicos, que según la Asociación MédicaNicaragüense continúan, la ministra Sonia Castro justificó que se trata de “medidasdisciplinarias” asociadas a denuncias de pacientes o fallas internas.
No obstante, los médicos sostienen que se trata de represiónlaboral. “Los despidos siguen de forma selectiva y sin causas justificadas”,denunció Borge.
“Están inventando causas que luego no pueden sostener. Están utilizando como testigos y acusadores a miembros del Movimiento de Médicos Sandinistas en contra de los que sí están ejerciendo la labor de atender a la población”, mencionó Borge refiriéndose a los pocos casos de médicos que son llevados a consejo disciplinario.
