La ONU confirma farsa electoral en las generales de 2021 en Nicaragua: “No fueron justas ni libres” 

Las elecciones generales celebradas hace un año en Nicaragua, en las que Daniel Ortega y Rosario Murillo se reeligieron sin competencia política, estuvieron rodeadas de irregularidades y no cumplieron los estándares internacionales, concluyó este jueves el Comité de Derechos Humanos de la ONU.  

Estas conclusiones son parte de un informe presentado tras la revisión periódica de la situación de los derechos humanos en el país, previo a las elecciones municipales de este 6 de noviembre.

“Los comicios del 7 de noviembre de 2021 no siguieron las normas internacionales necesarias para ser justas y libres, y pusieron en duda las reformas legislativas electorales", destacó en rueda de prensa la presidenta del comité, Photini Pazartzis, al comentar la situación de Nicaragua. 

Ante ello, el grupo de expertos, que examinó la situación de Nicaragua en ausencia de una delegación de ese país, urgió a la dictadura “respetar enteramente el derecho constitucional de sus ciudadanos a participar en los asuntos públicos sin discriminación”. 

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ELECCIONES MARCADAS POR VIOLENCIA POLÍTICA

En el informe se denunció que las votaciones se habían celebrado sin observadores internacionales, y se recibieron 2.031 reportes de anomalías y violencia política, mientras se detuvo a siete aspirantes presidenciales. 

La ONU señala que la dictadura Ortega – Murillo “no ha respondido a las demandas de la oposición política y de la sociedad civil para que haya reformas electorales”.  

El comité subrayó la alta abstención que hubo en los comicios, de hasta el 81,5 %, y señaló que 1,4 millones de personas fueron eliminadas del censo de votantes. 

“La alta tasa de abstención entre los pueblos indígenas y los afrodescendientes en regiones del Caribe se ha relacionado con una forma de protesta contra el fraude electoral”, indicó el comité, tras denunciar que consejos regionales se negaron a certificar a autoridades electas si éstas eran consideradas opositores. 

Fuera de las elecciones, el comité también recogió “continuas denuncias” de intimidación, difamación, detención ilegal, tortura y maltrato a defensores de derechos humanos, periodistas, estudiantes y líderes religiosos. 

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Hasta 1.812 organizaciones de la sociedad civil han visto revocados sus permisos este año, mientras que el régimen “utiliza las leyes antiterroristas para castigar a disidentes y periodistas”. 

Las amenazas a las voces críticas con la dictadura han llevado a unos 140 periodistas a dejar el país, donde se han cerrado medios de comunicación como el principal rotativo, La Prensa, cuyo gerente fue condenado a nueve años de prisión por lavado de dinero y tres reporteros también cumplen penas de cárcel por propagación de noticias falsas. 

El informe del comité también expresó serias dudas en torno a la independencia del Poder Judicial en Nicaragua, donde “el sistema penal está manipulado para acosar y tomar represalias contra defensores de derechos humanos”. 

El comité recordó por otro lado el excesivo uso de la fuerza contra manifestantes en las protestas de 2018 y 2019, tras las que muchos detenidos sufrieron tratos degradantes en centros de detención sin las adecuadas condiciones higiénicas. 

La presidenta del comité lamentó que Nicaragua se negara a participar en esta revisión periódica de derechos humanos del comité, rechazando incluso el contestar las múltiples misivas de este órgano de Naciones Unidas. 

En este sentido, el informe recordó que desde 2018 Nicaragua “parece haber adoptado una política de no colaboración con los mecanismos de la ONU” y otras instancias internacionales, que también se ha traducido en no permitir visitas de expertos de Naciones Unidas al país o expulsar al representante del Comité Internacional de la Cruz Roja. 

(Con información de EFE)