La dictadura reclama al obispo de Granada por apoyar a monseñor Leonardo Urbina, condenado a 30 años de cárcel

La dictadura reclama al obispo de Granada por apoyar a monseñor Leonardo Urbina, condenado a 30 años de cárcel

La dictadura de Nicaragua, por medio del Ministerio de la Familia, ha dirigido un insólito reclamo al obispo Jorge Solórzano y a la Diócesis de Granada por haber manifestado “dolor y sufrimiento» ante la condena de 49 años de prisión impuesta a monseñor Leonardo Urbina, párroco de la iglesia Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, de Boaco.

“Reclamamos por estas expresiones inauditas del obispo y de la Diócesis de Granada, que consideramos en rebeldía ante la guía pastoral del papa Francisco”, dice parte de un comunicado emitido este lunes el Ministerio de la Familia.

La institución, además, exige que el obispo y la Diócesis a su cargo expresen una condena pública y pidan “perdón a las víctimas de la atrocidad machista y perversa de estos personajes”.

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La expresión que ha incomodado a la dictadura de Nicaragua fue emitida el pasado 1 de septiembre tras conocerse que el religioso había sido condenado a 49 años de prisión, quedando expuesto a pasar 30 años de encierro en prisión, que es el tiempo máximo que contempla la Constitución.

MINISTERIO DE LA FAMILIA «PREOCUPADO» POR EL APOYO

En la nota, el Ministerio de la Familia manifiesta “preocupación”, condena enfaticamente las expresiones y comunicaciones oficiales de la Diócesis de Granada pues dice que le parece «inconcebible» que la Iglesia defienda a monseñor Urbina, a quien se refiere como “sacerdote violador”.

«Demandamos, exigimos, justicia y reparación, a nombre de las familias nicaragüenses con víctimas de los abusos sexuales y aberraciones contra niños, niñas, adolescentes y mujeres adultas, cometidos por personajes que no pueden ser considerados pastores, aunque se vistan con hábitos que usan y manipulan para proteger sus atrocidades”, expresa el comunicado.

Monseñor Leonardo Urbina era el párroco de la iglesia Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, de Boaco. Fue arrestado el 13 de julio por agentes de la Policía del régimen y trasladado a Managua ese mismo día.

En la sentencia a la que accedió DESPACHO 505 el juez impone al sacerdote 25 años por el delito de violación y 12 por cada uno los dos abusos sexuales que supuestamente cometió en perjuicio de una menor de edad.

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Expertos en temas judiciales han denunciado que el proceso contra el párroco de Boaco estuvo plagado de irregularidades, siendo las más graves la negativa del derecho a una defensa privada y la sustracción de su juez competente, lo cual viola la Constitución Política de Nicaragua y la Convención Americana sobre Derechos Humanos conocido como el Pacto de San José.

El caso en contra del religioso ha sido claficado como parte de los ataques de la dictadura contra la Iglesia Católica.

No obstante, en la nota de protesta, el Mibisterio de la Familia asegura que ha actuado en defensa de los niños, niñas, adolescentes, familias y víctimas de lo que tilda de “brutales y bárbaras acciones que, sin perdón de Dios, han cometido y cometen quienes usan sus supuestos privilegios eclesiales para ganar confianza y seguir abusando”.

SEGUNDO SACERDOTE CONDENADO

Monseñor Urbina es el segundo sacerdote condenado por la justicia orteguista en la arremetida contra la Iglesia Católica. Antes fue el padre Manuel García, de la iglesia Jesús de Nazareno en Nandaime, Granada, quien fue condenado por violencia pese a que la mujer presentada como víctima rechazó enfáticamente la acusación.

A la persecución contra la Iglesia Católica se suma el arresto domiciliar de monseñor Rolando Álvarez, obispo de la Diócesis de Matagalpa, y de otros religiosos y laicos que se encuentran retenidos en las celdas de la Dirección de Auxilio Judicial, la cárcel conocida como El Chipotem en Managua.

Ortega ha tildado a los sacerdotes de “golpistas” y “terroristas”, además expulsó del país al nuncio apostólico Waldemar Stanislaw Sommertag y a 18 monjas de la orden Misioneras de la Caridad, fundada por la Madre Teresa de Calcuta.

También ha cerrado al menos unas nueve estaciones de radio católicas y varios canales de televisión que estaban en la señal de cable.