Cenidh: Dar a Gobernación el poder de cancelar oenegés es “aberrante, descarado e inconstitucional”
El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), calificó como “aberrante, descarada e inconstitucional” la reforma a la Ley General de Regulación y Control de Organismos Sin Fines de Lucro, aprobada esta semana en la Asamblea Nacional, que traspasa al Ministerio de Gobernación el control de las oenegés y las cámaras empresariales en el país.
“Es aberrante que el régimen Ortega Murillo traslade con una reforma de ley secundaria funciones constitucionales que le pertenecen a la Asamblea Nacional al Ministerio de Gobernación, ente gubernamental encargado de iniciar e impulsar la destrucción del tejido social en Nicaragua, con la cancelación arbitraria de más de un millar de asociaciones civiles, acción perversa que completa la Asamblea Nacional”, criticó el organismo en una declaración.
Para el organismo la reforma es “aberrante y descarada” porque es inconstitucional, “ya que no guardan ni las apariencias en una evidente carrera de concentración del poder”.
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El artículo 138 inciso cinco de la Constitución Política establece que son atribuciones de la Asamblea Nacional otorgar y cancelar la personería jurídica a las asociaciones civiles, pero esa facultad la ostenta ahora Gobernación, también controlado por la dictadura.
“Con subterfugios y artimañas pretenden obviar la responsabilidad de emitir leyes que no contradigan las disposiciones constitucionales y pretenden establecer categorías diferenciadas para no catalogarlas como asociaciones civiles, pretendiendo incluso aplicar retroactivamente esta ley aberrante jurídicamente y con propósito persecutorio”, advirtió el Cenidh.
ORTEGA Y MURILLO SON LOS QUE DECIDEN
Aunque la Asamblea Nacional dejó de ser un Poder del Estado independiente y funcional para el país, porque el orteguismo no solo la controla sino que la ha reducido “a firmantes” de sus leyes, esta reforma le quita facultades sobre las personerías jurídicas. En el Artículo número 8, señala que la Asamblea Nacional solo será informada de los otorgamientos y anulaciones.
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Será función del Ministerio de Gobernación, «remitir a la Presidencia de la República y a la Asamblea Nacional de la República de Nicaragua», el informe anual que contenga el detalle del otorgamiento de las personalidades jurídicas y el registro de las Organizaciones sin fines de lucro, así como la disolución y cancelación de las mismas.
El Ministerio de Gobernación ahora decide el destino de las organizaciones sin que deba contar con ninguna otra entidad del Estado. Es decir, que por ser parte del Ejecutivo, es el mismo Ortega y Rosario Murillo, los que decidirán a quién dan y quitan personerías jurídicas. Y no es que no lo hacían antes, sino que el otorgamiento y anulación, debían ser aprobadas o rechazadas por los diputados.
