Represión del régimen contra campesinos ha sido “sistemática, selectiva y letal”
En los últimos nueve meses al menos 30 campesinos nicaragüenses han sido asesinados. Ningún caso ha sido investigado, ni judicializado. Es parte de la represión sistemática y letal dirigida por el régimen para acallar al sector que desde el Movimiento Campesino ha desafiado al régimen, advierte estudio.
La represión del régimen contra el campesinado “ha sido sistemática,selectiva y letal”. Organismos defensores de derechos humanos han documentadoal menos 30 asesinatos en el campo, aprovechándose de las condiciones deaislamiento y del limitado acceso a medios de comunicación social de estesector, lo cual garantiza impunidad para los autores y aumenta lavulnerabilidad de las víctimas.
El objetivo es “desarticular al Movimiento Campesino y evitar que se reorganicen y tengan capacidad para hacer escuchar sus propuestas, demandas y denuncias hacia la sociedad”, concluye la investigación Situación de Derechos Humanos de la Población Campesina.
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La investigación a cargo del Colectivo de Derechos HumanosNicaragua Nunca Más, pone de manifiesto la alta impunidad en casos deasesinatos: ninguno ha sido esclarecido y tampoco se han detenido a losresponsables, patrón que se repite en las 328 personas asesinadas en losataques a las protestas cívicas registradas desde abril de 2018.
30 ASESINATOS ENNUEVE MESES
Entre el 1 de enero y el 22 de septiembre de 2019, elColectivo Nunca Más ha registrado al menos 30 campesinos asesinados, de loscuales 22 ocurrieron en Jinotega (Ayapal 1, El Cuá 10, Wiwilí 5, San Rafael 2,San José de Bocay 4), dos en el municipio de Mozonte Nueva Segovia, uno en ElRama y uno de Río San Juan.
Tres de las víctimas se encontraban refugiados en Honduras y otro fue abatido en territorio costarricense por militares del Ejército de Nicaragua, sostuvieron las autoridades de ese país.
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“Es clave identificar que son campesinos la gran mayoría;todos eran opositores incluso algunos participaron en las fuerzascontrarrevolucionarias del primer gobierno sandinista, y la mayoría de estosasesinatos fueron en la zona conocida como el corredor de la guerra”, explicóel defensor de derechos humanos, Braulio Abarca.
En este sentido la investigación revela que tres víctimaseran funcionarios de alcaldías opositoras y miembros del Partido Ciudadanos porla Libertad; cuatro más son identificados como comerciantes, uno era abogado;11 tenían un reconocimiento político opositor y 2 familiares de estas víctimastambién fueron asesinados. Otros cincomiembros identificados como exmiembros de la Resistencia Nicaragüense.
DESPLAZADOS PORPERSECUCIÓN
Entre los hallazgos que destaca el estudio también sobresalen65 casos documentados de campesinos obligados a desplazarse ante la persecucióndel régimen mediante la fuerza policial y grupos paramilitares.
La mayoría salieron después de julio de 2018 cruzaron la frontera de forma irregular caminando durante varios días, solamente con su cédula de identidad y la ropa que llevaban puesta como el señor Francisco Reyes, un campesino que caminó 12 días para llegar a Costa Rica.
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“Los campesinos refieren qué a pesar de haberse exiliado,sus familiares, amigos y vecinos les informan que la Policía y el Ejércitosiempre los llegan a buscar a sus casas y se mantienen vigilando suspropiedades. Llegan en motos o camionetas, con hombres, encapuchados, vestidosde civil y armados, a veces se quedan solo un momento y otras veces rodean laspropiedades durante varias horas”, indica.
URGEN INVESTIGACIÓN YJUSTICIA
Ante esta grave situación violatoria de derechos humanos el Colectivo Nunca Más, solicitó a los organismos internacionales de derechos humanos: “realice investigaciones independientes y objetivas que permitan la búsqueda de la justicia de la población campesina mediante la creación de una Fiscalía Especial acompañada y asesorada de instancias internacionales, que dirija los procesos investigativos”.
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Así como que “urja al Estado de Nicaragua que, al vencerseel plazo de seis años que el gobierno acordó con las partes para demostrarcapacidad para la construcción del Gran Canal Interoceánico y sus subproyectos,notifique el fin de la concesión y derogue la Ley 840 por tratarse de un megaproyecto que afectaría de manera irremediable los ecosistemas y los recursosnaturales de la región afectada y de todo el país, y sobre todo la vida dedecenas de miles de familias campesinas”, por las cuales son asesinados.
