Paz promulga una ley que regula los estados de excepción en la sexta semana de protestas en Bolivia
El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, promulgó este lunes la ley de Regulación de Estados Excepción para permitir la actuación de las Fuerzas Armadas en el control de las protestas y los bloqueos de carreteras impulsadas por sindicalistas y campesinos que exigen su renuncia y han provocado al menos diez muertos y desabastecimientos en la zona de andina del país.
Paz, que cumple siete meses en la Presidencia bajo la presión de sectores sociales que desde hace más de un mes mantienen protestas y bloqueos de carreteras para exigir su renuncia y que advirtieron que «masificarán» sus movilizaciones sin opción a dialogar.
La Federación de Campesinos ‘Tupac Katari’, que junto a la Central Obrera Boliviana (COB) lidera las protestas, lanzó el viernes un ultimátum para que Paz renuncie y ratificó la continuidad de los bloqueos hasta conseguir su objetivo.
Los sectores movilizados, sobre todo los campesinos, acusan a Paz de haberles marginado de las decisiones gubernamentales pese a que aseguran haberle dado la victoria en las elecciones de 2025.
Además, creen que el mandatario privatizará empresas estatales y subirán las tarifas de los servicios básicos, por las nuevas leyes anunciadas para atraer inversiones para sectores como hidrocarburos, energía y recursos evaporíticos, entre otros, si bien el Gobierno niega esas acusaciones.
También protestan los seguidores del exmandatario Evo Morales (2006-2019), señalado por el Gobierno de financiar las movilizaciones contra Paz con dinero del «narcotráfico» para, según las autoridades, evitar ser capturado en un proceso penal por trata agravada relacionado con la presunta relación que mantuvo con una menor de edad, con quien supuestamente tuvo una hija cuando era presidente, en 2016.
En medio del conflicto, renunciaron los ministros de Trabajo, Educación y Defensa y en esta última cartera asumió Ernesto Justiniano, quien hasta el miércoles fue el zar antidrogas del país.
Los seguidores de Morales llegarán a la capital boliviana
El Gobierno realizó dos operativos policiales y militares en mayo para habilitar «corredores humanitarios» para el paso de provisiones por la ruta troncal del occidente, pero terminaron en enfrentamientos y disturbios.
Esto volvió a ocurrir el sábado en el municipio de San Julián, en la región oriental de Santa Cruz, la más poblada y el motor económico del país, donde un intento de desbloqueo concluyó con seis policías heridos, cuatro de ellos por disparos, por lo que las fuerzas de seguridad se replegaron.
Los conflictos han ocasionado la muerte de al menos diez personas, incluidas siete que no pudieron recibir atención médica oportuna debido a los bloqueos y otras tres fallecidas en el contexto de las protestas, entre ellas un hombre que recibió un disparo durante un operativo de desbloqueo en circunstancias que aún están bajo investigación.
Las protestas agravaron la crisis económica que arrastra Bolivia desde 2023, con pérdidas que superan los 2.100 millones de dólares, según la Cámara Nacional de Industrias (CNI).
El conflicto puede agravarse esta semana, ya que los seguidores de Morales anunciaron que llegará más gente para reforzar el «cerco» a La Paz, la sede del Gobierno y el Ejecutivo, y también los transportistas anunciaron una huelga indefinida desde este lunes para exigir que el Gobierno resuelva la falta de combustibles.
Central obrera boliviana denuncia detenciones arbitrarias
Por otra parte, la Central Obrera Boliviana (COB) denunció la «aprehensión ilegal» de cinco dirigentes.
La COB dijo en un comunicado que la detención de los cinco sindicalistas se produjo el domingo al ser «interceptados violentamente mientras transitaban en vía pública de manera pacífica en su vehículo particular por sujetos encapuchados, vestidos de civil y con armas».
La organización tildó la detención de «secuestro» y de «un atentado a la vida» y aseguró que quienes la realizaron no portaban identificación policial, ni presentaron ningún mandamiento de aprehensión emitido por autoridad competente y arrojaron gas lacrimógeno dentro del vehículo para forzar su salida del mismo.
La COB exigió la «liberación inmediata e irrestricta» de sus cinco dirigentes y solicitó la «intervención urgente» de la Defensoría del Pueblo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Los dirigentes están detenidos en la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen (FELCC) «sin un informe policial de acción directa que justifique esta detención, lo que confirma el carácter arbitrario de este operativo», según la COB.
