El presidente de Guatemala vuelve a prometer una transición sin problemas ante la OEA

 El presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei, volvió a prometer este viernes un cambio de Gobierno ordenado en enero próximo, tras una visita al país centroamericano del secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro.

LEA: La democracia de Latinoamérica muestra durante 2023 su fragilidad en Brasil y Guatemala

El Gobierno guatemalteco indicó mediante un comunicado de prensa que Almagro llegó a Guatemala como parte de una "invitación" de Giammattei el pasado miércoles.

Almagro y el mandatario guatemalteco sostuvieron un encuentro en el que también estuvo presente el presidente del Consejo Permanente de la Organización de la OEA, Ronald Sanders.

Giammattei indicó al respecto que reafirma su "compromiso con la democracia" en el cambio de mando programado para el 14 de enero próximo, donde el académico Bernardo Arévalo de León tomará posesión.

Arévalo de León fue elegido en los comicios de este año y gobernará por un período de cuatro años de la mano del partido Movimiento Semilla, nacido de la lucha anticorrupción en 2015 en Guatemala.

Sin embargo, desde julio pasado el Ministerio Público (Fiscalía) empezó una persecución judicial en contra de Arévalo de León y el Movimiento Semilla para evitar su llegada al poder, incluso alegando el pasado viernes que los comicios deben anularse por irregularidades administrativas.

Debido a ello, la OEA ha sesionado al respecto varias veces para abordar el tema y también Almagro ha viajado a Guatemala en al menos tres ocasiones para verificar el proceso de cambio de mando.

Esta semana, la Corte de Constitucionalidad de Guatemala, máximo tribunal del país, aseguró que las elecciones son válidas y debe registrarse una transición ordenada en enero próximo.

PUEDE INTERESARLE: Los chilenos votaron por mantener la Constitución nacida en la dictadura de Pinochet

Arévalo de León y la OEA han catalogado como "golpe de Estado" e "intento de golpe de Estado", respectivamente, las acciones de la Fiscalía en contra del presidente electo, su partido y los magistrados electorales.