Así fue la “Operación Limpieza” en Carazo, uno de los ataques más sangrientos de la dictadura
Las campanadas de los templos fueron la señal de alerta. Al amanecer del domingo 8 de julio de 2018, caravanas de policías y paramilitares llegaban por todos los puntos cardinales a Diriamba y Jinotepe con licencia para matar. La Operación Limpieza en Carazo fue un ataque despiadado contra manifestantes opositores al régimen de Daniel Ortega que dejó una estela de muerte, llanto y rabia que sigue latente.
Entraron con todo. La orden era desmantelar los tranques que los caraceños habían levantado en protesta contra la represión que venía ejerciendo el régimen desde el 18 de abril de ese año.
En un informe sobre las violaciones de derechos humanos cometidas en Nicaragua entre el 19 de junio y el 14 de julio de 2018, el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) calificó el ataque a Carazo como una de las mayores masacres en la historia del departamento, que acabó con la vida de al menos 22 manifestantes en solo siete horas de ataque.
Un contingente de al menos dos mil armados, entre antimotines y paramilitares llegó procedente de Managua.
A Diriamba ingresaron unas 70 camionetas con hombres armados y palas mecánicas por la carretera a La Boquita.
En Jinotepe, el ingreso se dio por tres sectores: por el sector conocido como “Dulce Nombre” entraron a pie unos 800 armados; por la zona de Hertylandia, en la carretera a San Marcos, se reportó la llegada de 30 camionetas; y por el sector del cementerio ingresaron unos 400 encapuchados.
Durante el ataque a las ciudades caraceñas se utilizó armamento de alto calibre, incluyendo armas de uso exclusivo del Ejército de Nicaragua.
Ametralladoras PKM de fabricación rusa, lanzacohetes RPG-7, fusiles Dragunov con miras electrónicas, bombas y escopetas habrían sido parte del arsenal desplegado por las fuerzas del régimen.
Incomunicados
La comunicación durante las horas del ataque fue escasa. Pobladores de Diriamba, Dolores y Jinotepe reportaron fallas en la señal de telefonía celular, principalmente de la empresa Claro. También se interrumpieron los servicios de televisión satelital de Telecable en todo el departamento.
Durante la Operación Limpieza en Carazo también se registraron cortes de energía eléctrica y fallos en el servicio de agua potable. El ataque, que inició a las 5:00 a.m., se extendió hasta el mediodía. A partir de entonces, Jinotepe, Dolores y Diriamba quedaron bajo el control de las fuerzas paramilitares.
Durante la noche, policías y paramilitares comenzaron con las detenciones ilegales y allanamientos de viviendas en busca de jóvenes. Más de un centenar de personas fueron arrestadas; al menos 90 fueron trasladadas a la Dirección de Auxilio Judicial, conocida como “El Chipote”.
Uno de los primeros detenidos fue el jinotepino Rafael Acevedo. Había estado protestando en el tranque del colegio San José. Relata que antes de ser llevado a Managua, fue detenido y torturado en la Estación Policial de Jinotepe.
“A mí me agarraron tempranito. Me tuvieron en El Chipote y La Modelo. Pero antes de llevarme a Managua, me tuvieron en Jinotepe todo el día. Me torturaron, perdí parte de la vista, me golpearon sin descanso y querían que identificara a los demás compañeros, pero nunca cedí”, relata Acevedo.
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La "Operación Limpieza" en Carazo también dejó al menos 105 personas heridas, quienes no pudieron ser trasladadas a centros médicos debido a que los paramilitares tomaron el control de las empresas médicas privadas, el Hospital Regional Santiago y el Hospital Harmin.
Estado de sitio
Tras la toma de las ciudades caraceñas, los paramilitares impusieron un estado de sitio de facto. Al día siguiente, el 9 de julio, una caravana de 30 camionetas doble cabina entró a Jinotepe para remover los tranques, escoltando una pala mecánica con dos patrullas de la Policía Orteguista.
“El 10 de julio ingresó una caravana con hombres armados. Encañonaron a las personas y les gritaban que se metieran a sus casas, estableciendo un estado de sitio”, detalla el informe del CENIDH.
La persecución desatada contra los manifestantes provocó que centenares de caraceños abandonaran sus hogares y emprendieran el camino del exilio. En Costa Rica hay reportes de al menos 1,000 exiliados provenientes de este departamento.
A siete años del ataque (2025), la Operación Limpieza en Carazo sigue siendo una de las acciones más violentas ejecutadas por el régimen de Daniel Ortega durante la rebelión cívica de 2018. Las víctimas aún esperan justicia, y las comunidades afectadas continúan marcadas por el miedo, el exilio y el recuerdo imborrable de aquel 8 de julio.