Reportes policiales desmienten la narrativa de una Nicaragua en paz: la inseguridad se dispara tras récord de excarcelaciones en 2025
En Nicaragua, basta con encender el televisor para confirmar que la propaganda de "paz, tranquilidad y seguridad" del régimen se estrella contra la pantalla. Ante la censura que enfrentan para informar sobre la crisis política o la falta de libertades, los noticieros nacionales se han convertido en un catálogo de sucesos donde los atracos acaparan los titulares. Incluso los medios oficialistas controlados por los hijos de los dictadores Daniel Ortega y Rosario Murillo se nutren de esta inseguridad para llenar sus espacios.
Titulares como "Olas de disparos en Managua" o "Robos simultáneos en Jinotega" destacan en los informativos de TN8, Radio Ya o Acción 10. En varios casos, las imágenes de los robos a plena luz del día, los asaltos armados en tiendas, en las calles de los barrios o saqueos de viviendas quedan grabados por cámaras de seguridad instaladas por los mismos propietarios de casas y negocios y terminan como evidencia que se transmite en televisión abierta.
DESPACHO 505 hizo el análisis y sistematización de 98 reportes semanales de los dos planes emblemáticos de la Policía Nacional durante el año 2025 —el Plan de Enfrentamiento a la Delincuencia y el Plan de Seguridad en el Campo—. Ambos revelan que la inseguridad en Nicaragua está alcanzando niveles de alarma en áreas urbanas y rurales del país, con un acelerado crecimiento desde la segunda mitad del año. El alza delictiva ocurrió posterior a liberaciones masivas de presos comunes orientadas por Daniel Ortega y Rosario Murillo.
A través de la revisión de los datos se pudo identificar que en 2025 ocurrieron 4,827 delitos de “alta peligrosidad”. La Policía cataloga de esa forma a los homicidios, atracos, tráfico y abastecimiento de drogas, abigeato, entre otros. El 67% de estos, fueron robos en todas sus modalidades: con intimidación, con fuerza y con violencia.
A las 6:41 de la tarde del 29 de octubre, cuatro sujetos que se desplazaban a bordo de motocicletas irrumpieron en un minisuper del barrio Santa Elena, en Managua. En cuestión de segundos intimidaron con pistola a trabajadores y clientes. Se llevaron el efectivo y los celulares. Apenas treinta y cuatro minutos después, mientras la Policía procesaba el primer reporte, los mismos delincuentes encañonaron a los cajeros de otro negocio en la Colonia Miguel Gutiérrez a unos cuatro kilómetros de distancia. En poco más de media hora, quedó documentado un capítulo de una crisis de seguridad que las cifras oficiales también empiezan a revelar.
Un día antes esta misma banda había asaltado otro negocio en el barrio Carlos Marx llevándose 10,000 córdobas en efectivo y dos semanas atrás habían entrado a un bar en el anexo a Villa Arlen Siú y robaron otros 80,000, según revelan los reportes policiales.
Las liberaciones de presos comunes y su relación con la actividad delincuencial
Una de las causas de estos índices de delincuencia tiene relación con una decisión política. A lo largo de 2025, el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo ordenó la liberación de 9,900 presos comunes al otorgarles el beneficio de “convivencia familiar”.
Fue una cifra récord que elevó a más de 56,000 el total de presos enviados a las calles desde 2014 sin haber cumplido sus condenas. El 7,18% ha reincidido en la comisión de al menos un delito, según datos oficiales.
El análisis de datos revela que, cada vez que los portones de las cárceles se abrieron, hubo un aumento de violencia y robos en las calles.
Durante el primer semestre hubo tres excarcelaciones que sumaron 4,700 liberados. En ese periodo, la Policía reportaba un promedio de 21 delitos semanales en su plan de enfrentamiento a la delincuencia urbana a nivel nacional.
En el segundo semestre se reportaron cuatro excarcelaciones masivas que sumaron 5,200 liberados y un promedio de 100 delitos de alta peligrosidad a la semana, cinco veces más que en la primera mitad del año. En la semana posterior a la excarcelación de 1,500 presos comunes el 31 de julio, se alcanzó un pico de 214 delitos, lo que representó un promedio de 30 al día.
Las fuerzas policiales capturaron a 4,197 personas como parte de los resultados de los dos planes analizados. Los datos indican que por cada “delincuente de alta peligrosidad” que la Policía logró capturar, Ortega y Murillo liberaron en promedio a 2.3 presos.
Las excarcelaciones de 2025 se ejecutaron en siete bloques estratégicos bautizados por el régimen como "gestos de amor" vinculados a efemérides religiosas o políticas. Desde los 2,000 liberados el 14 de febrero, hasta los 1,500 que salieron el 31 de julio “en saludo” a las fiestas patronales de Santo Domingo de Guzmán en Managua.
El peligroso mensaje de las liberaciones masivas: delinquir sale barato
Rosario Murillo, “copresidenta” de Nicaragua, defiende las liberaciones de presos comunes como una herramienta “para fomentar la reinserción y el bienestar familiar”, una decisión que dice tomar bajo una premisa: “por el bien de todos”.
No obstante, al contrastar estas acciones con la Ley del Régimen Penitenciario (Ley 473), surge una contradicción legal. La ley establece que el régimen de convivencia familiar es un periodo de preparación para la libertad definitiva de un preso y exige obligaciones estrictas: no frecuentar lugares de expendio de alcohol, reportarse mensualmente y contar con tutela familiar. En la práctica, no hay rastro de que las autoridades ejerzan estos controles.
Expertos advierten que las liberaciones responden más a criterios políticos y compra de lealtades que a procesos de reinserción social. La opacidad es tal que el Ministerio del Interior no informa qué delitos cometieron los liberados ni qué porcentaje de sus penas cumplieron.
“El problema no es que los presos salgan, sino quiénes salen y cómo. La ley establece un sistema progresivo. Liberar a 1,000 o 2,000 personas de un solo golpe por una efeméride política anula cualquier evaluación de peligrosidad”, señala un exfiscal nicaragüense que durante más de cinco años se dedicó a acusar a delincuentes en los juzgados de Managua y ahora retirado de la profesión pide omitir su identidad por temor a represalias del régimen.
Las liberaciones masivas de presos comunes también envían un peligroso mensaje a los delincuentes en las calles. Para que una sociedad funcione, debe existir la certeza de que “el que la hace la paga”, explica desde el exilio una socióloga nicaragüense. En Nicaragua, el régimen ha roto este contrato.
“Cuando un joven ve que liberan a miles de personas cada cierto tiempo el mensaje que recibe es que delinquir sale barato. La cárcel pierde su valor preventivo y el delincuente asume el robo como una actividad de bajo riesgo y alta rentabilidad”
Socióloga
Al liberar reos con base en efemérides propias del partido de gobierno y no en el comportamiento, se destruye la meritocracia dentro del sistema, continúa la experta, porque “el preso ya no se esfuerza por rehabilitarse, sino que está esperando el próximo anuncio de Rosario Murillo”.
Managua es el epicentro del asalto y el campo repunta con muertes violentas
Managua funciona como el termómetro de la crisis. El Plan de Enfrentamiento a la Delincuencia (que registra datos del área urbana) reportó 3,130 delitos de alta peligrosidad en todo el país.De ese total, 1,840 (58.78%) ocurrieron en el departamento de Managua.
Tras la liberación de 1,500 presos comunes el 31 de julio por la fiestas patronales de la capital, los delitos en el departamento pasaron de 59 en la semana 31 (del 4 al 10 de agosto) a un pico de 93 delitos de “alta peligrosidad” en la semana 33 (18 al 24 de agosto), el nivel más alto registrado en todo el año
Antes de las liberaciones masivas del segundo semestre, Managua promediaba 12 delitos semanales. En el segundo semestre el promedio fue de 58, cinco veces más.
Los anuncios de Murillo sobre las excarcelaciones de presos generan una ola de comentarios en redes sociales que dan por sentado un incremento de la delincuencia.
“Cada vez que dicen que van a sacar presos, ese día trato de no regresar tarde a la casa, no llamar la atención y salir con lo justo”, dice Roberto, un estudiante de Comunicación en la Universidad Casimiro Sotelo. En el último año le robaron su celular a él, a una hermana y a otros conocidos.
El robo de un teléfono, por ejemplo, altera la dinámica económica de una persona o una familia. En un país donde el salario mínimo promedio es de 8,930 córdobas (243 dólares), el robo de un móvil de gama baja representa más de un tercio del salario mínimo.
Mientras las áreas urbanas sufren por los robos, el campo enfrenta una violencia más letal.
El Plan de Enfrentamiento a la Delincuencia en las áreas urbanas registró 3,130 delitos a nivel nacional y el Plan de Seguridad en el Campo sumó 1,350. Aunque la diferencia es notable, el análisis de datos muestra que en las áreas rurales se registran más muertes violentas (175) que en las áreas urbanas (162).
En el caso de los abigeatos (hurto de ganado), se reportaron 91 casos en todo el país. Sobre la incautación de armas de fuego hubo 166 en el campo y 169 en la ciudad.
A partir de julio, la Policía impuso un apagón informativo sobre la geografía del delito en Nicaragua, justo cuando la actividad delincuencial experimentó su mayor repunte. Mientras que en el primer semestre los reportes detallaban la incidencia de homicidios, robos y narcotráfico por cada departamento —lo que permitía contrastar la realidad de Matagalpa o el Caribe Norte con la de la capital—, la nueva metodología centraliza el detalle únicamente en Managua.
El resto del país ha sido reducido a un “bolsón” de datos globales que omite dónde ocurren los crímenes y la identidad de los perpetradores. Esta deliberada falta de precisión no sólo oculta las zonas más críticas del país, sino que desarma a la ciudadanía, porque le impide tener información vital para su propia seguridad y autoprotección.
El “narcomenudeo” es parejo en el campo y la ciudad
A diferencia de los robos, que se concentran en las ciudades, la actividad vinculada a las drogas se distribuye de manera casi equitativa entre las zonas urbanas y rurales en términos de operativos y detenciones.
En las zonas urbanas, la Policía capturó a un total de 567 personas bajo cargos de tráfico o abastecimiento de drogas mientras que en las zonas rurales fueron 577.
En el mes de febrero, la Policía informó la incautación de 119 pastillas de éxtasis que eran vendidas en forma de gomitas en las zonas de entretenimiento nocturno en la capital. Hubo dos detenidos y la institución tituló así: “Policía Nacional frena nueva modalidad del narcotráfico”. Fue la única incautación de este tipo reportada en todo el año.
La Policía solo reporta un femicidio en 2025
Mientras las organizaciones feministas y observatorios independientes documentaron al menos 54 femicidios en Nicaragua durante 2025, la Policía solo admitió un caso bajo esa tipificación y un total de siete mujeres asesinadas.
El análisis de los reportes semanales de la Policía permite identificar una estrategia de maquillaje estadístico. La Policía reporta las muertes violentas de mujeres como "homicidios" y atribuye los crímenes a "rencillas" y delincuencia común.
El único caso que la institución calificó como femicidio ocurrió el 23 de marzo, cuando una mujer fue asesinada por "discordia de pareja".
La Policía tipifica como femicidio los asesinatos de mujeres únicamente cuando los comete la pareja o expareja de la víctima. En cambio, las organizaciones independientes registran como tal toda muerte violenta de una mujer atribuyendo las causas a la violencia de género.
Pero en 2025, la Policía rompió con ese “principio” estadístico y redujo al mínimo la violencia letal contra la mujer. En el mes de abril, en el reporte de hechos delinctivos ocurridos durante la Semana Santa, la Policía reportó el asesinato de una mujer cuyo móvil fue "discordia de pareja". A pesar de la relación entre víctima y victimario —cumpliendo el requisito legal para ser tipificado como femicidio—, la institución se negó a llamarlo como tal y lo incluyó en el “bolsón” de homicidios.
En el Código Penal nicaragüense un homicidio está castigado con entre 10 y 15 años de cárcel mientras que un femicidio puede ser penado con hasta 30 años de prisión o cadena perpetua.
DESPACHO 505 también identificó una tendencia a minimizar las agresiones donde la víctima logró sobrevivir. La Policía evita usar el término "femicidio en grado de frustración" contemplado en la Ley Integral de Violencia hacia las Mujeres, y lo sustituye con categorías más leves.
El ataque contra una adolescente en Managua el 27 de enero fue catalogado como tentativa de homicidio. En Sébaco, un joven agredió a su pareja el 23 de mayo "motivado por los celos", según el reporte. Aunque fue un ataque directo contra la vida de la mujer y existía una relación interpersonal de por medio, la Policía lo redujo a un simple delito de lesiones.
El Código Penal establece de 10 a 15 años de cárcel para un femicidio frustrado, pero para un delito de lesiones la pena se reduce de uno a tres años. Un delito de lesiones es candidato a una excarcelación bajo el régimen de convivencia familiar.
La policía debe redirigir sus planes
En cualquier país con un estado de derecho, la Policía opera bajo un modelo de seguridad ciudadana, pero en Nicaragua, un país sumido en una profunda crisis sociopolítica y una dictadura familiar, el modelo ha migrado hacia la "seguridad del Estado" principalmente desde las protestas antigubernamentales del año 2018.
El 99% de los nicaragüenses percibe que la criminalidad ha aumentado o se mantiene igual en sus comunidades, según el último “Informe de percepción de la realidad política, económica y social de Nicaragua” de la organización Hagamos Democracia, una organización de la sociedad civil que opera desde el exilio en Costa Rica y aplica a distancia una encuesta trimestral a 400 nicaragüenses en 40 municipios del país.
El nivel de percepción de criminalidad se ha mantenido arriba del 95% en el 2025. “El dato denota que la situación de seguridad ciudadana en el país se mantiene en deterioro, sin que los aparatos policiales y judiciales demuestren la capacidad o el interés de hacerle frente a esta creciente crisis”, advierte la organización. Al mismo tiempo, 9 de cada 10 ciudadanos se sienten vigilados por el Estado.
En este contexto, el régimen concentra sus esfuerzos de seguridad en la represión a la disidencia y el control social, lo cual deja a un lado la protección frente al delito común.
“Los recursos de la policía, agentes, combustible y patrullas están destinados al control de la disidencia. Un agente que vigila la casa de un opositor es un agente que no está patrullando los puntos donde operan las bandas de motociclistas en Managua”, señala un experto en seguridad nicaragüense que por temor a represalias habló bajo anonimato.
En ese sentido, la policía requiere de una reingeniería de su misión y volver a su naturaleza civil, dice. Esa orden tiene que salir de Daniel Ortega y Rosario Murillo como jefes supremos de la institución.
“Mientras la policía sea el brazo represor del régimen, el delincuente común sabrá que la prioridad no es él, sino quien porta una bandera azul y blanco o critica al gobierno”, continúa.
Mientras en sus alocuciones Rosario Murillo insiste en que “la paz es vivir seguros y tranquilos”, los datos policiales confirman que el nicaragüense de a pie vive otra realidad.
El 2 de febrero de este año, el régimen liberó a otros 1,200 presos comunes de los penales de Tipitapa, Granada, Matagalpa, León, Juigalpa, Estelí, Chinandega y Bluefields. Rosario Murillo lo anunció como “una nueva oportunidad para vivir tranquilos, seguros y en paz”. En la siguiente semana a esa excarcelación, al cierre de esta investigación, la Policía reportó 159 delitos de “alta peligrosidad” en el campo y la ciudad, un 240% más que en la misma semana de 2025.
NOTAS AL LECTOR:
Para esta investigación, DESPACHO 505 construyó una base de datos que sistematiza 98 reportes semanales de los planes "Enfrentamiento a la Delincuencia" y "Seguridad en el Campo" de la Policía Nacional correspondientes al año 2025. Debido a que la institución no publica Anuarios Estadísticos desde 2021, este análisis representa la aproximación más actualizada sobre la actividad delincuencial de "alta peligrosidad" en el país.
Este trabajo fue realizado para la Red Centroamericana de Periodistas, a través de su programa PARIIS 2026, gracias al apoyo de Reporteros Sin Fronteras y la mentoría editorial de Elsa Coronado.