Informalidad y abusos, el costo de enviar remesas desde Costa Rica

Algunos días Isamar Nicaragua Bravo se siente tan cansada que no quiere levantarse. Cuando eso ocurre piensa en sus hijas de 10 y 7 años, a quienes dejó en El Rosario, Carazo, y por cuyo bienestar cruzó la frontera sur hace tres años, al no ver más remedio a las necesidades que aquejaban en su hogar.

El sábado 21 de marzo regresó casi a medianoche a la casa de una sola habitación y paredes construidas hasta la mitad con concreto que alquila en San Isidro de Heredia, un poblado de clima frío ubicado a 15 kilómetros de San José, capital de Costa Rica. Ese espacio es su refugio, dice mientras sostiene entre sus manos el teléfono celular donde acaba de recibir las fotografías de sus pequeñas Ashanty y Moushae “vestidas de domingo”.

“Me costó mucho dejar a mis niñas, no me gusta recordar el momento porque es triste. Yo puedo mandar la plata, pero no es lo mismo porque no estoy allá para cuidarlas”, se lamenta.

Isamar llegó a Costa Rica el 6 de abril de 2018. La motivó la necesidad, pero también la amenaza de muerte que le hizo su expareja tras ser condenado por violencia física e incumplimiento de pensión de alimentos para sus hijas. Desde entonces ha pasado por tres casas de familia, trabajó para una “patrona exigente” y vivió tres meses de angustiante desempleo durante la pandemia, lo que la dejó endeudada.

“Ahora estoy bien”, se reconforta. Recientemente comenzó a trabajar en una casa de un exclusivo residencial en San José, donde su jornada inicia desde antes que amanezca. La nicaragüense de 29 años lava, plancha, cocina, cuida el jardín y cumple todo lo que le ordenen de lunes a sábado. Lo acepta porque el sueldo de 100,000 colones por semana (164 dólares) es casi la mitad de la paga mínima mensual vigente para una empleada doméstica en Costa Rica: 205,047.68 colones (344 dólares).

La historia de Isamar es la de miles de mujeres migrantes que han encontrado en el trabajo doméstico remunerado una oportunidad de subsistencia. De hecho, en este país es de las pocas salidas laborales “permitidas” para las mujeres nicaragüenses, aunque no a todas se les facilita acceder al sistema formal. Históricamente eso ha propiciado que sea una labor expuesta a un sinfín de violencias y privaciones, que en Nicaragua quedan invisibles frente a las convenientes cifras de remesas — 270,1 millones de dólares en 2020— que envían las migrantes, mientras en Costa Rica se ocultan bajo el manto de la irregularidad.

Al menos el 57% de las remesas enviadas por nicaragüenses desde ese país son generadas por mujeres, de acuerdo con la investigación Aspectos socioeconómicos de las remesas familiares, elaborada en 2016 por la División Económica del Banco Central de Costa Rica, la de más reciente data sobre el envío de dinero de la población extranjera y que centra su foco en nicaragüenses, pues los 315,886 nicas registrados representan el 72% del total de extranjeros, que para ese año era de 403, 430. El estudio identifica a los vínculos familiares y la proximidad geográfica como los principales factores que motivan la migración desde Nicaragua. No obstante, en el caso de la población femenina, la estadística es limitada debido al vaivén de trabajadoras a través de los pasos ciegos que existen en la frontera entre ambos países, y que no viajan con la intención de echar raíces.

El análisis del Banco Central costarricense también evidencia que mientras los migrantes de otras nacionalidades envían un promedio de 203 dólares, las remesas mensuales generadas por los nicaragüenses oscilan entre 100 y 126 dólares. Se identifica menor capacidad económica entre las mujeres (US$113), lo cual podría atribuirse a los trabajos precarios y las limitaciones que enfrentan para regularizarse aun cuando cumplen con los engorrosos requisitos establecidos en ese país.

Para quienes buscan empleo en casas de terceros la llegada regular tampoco es garantía para ingresar al sistema formal porque si bien Costa Rica extiende permisos de trabajo, estos están sujetos a la necesidad de mano de obra del país, como parte de una política de protección del empleo interno. En 2020, por ejemplo, el Ministerio del Trabajo determinó que el mercado no requiere de trabajadoras domésticas y orientó a la Dirección de Migración y Extranjería suspender las autorizaciones para ese sector, por lo que únicamente 521 nicaragüenses recibieron respuesta positiva a su solicitud en ese año. Debido a esa misma disposición, hasta marzo de 2021 apenas 21 nicaragüenses habían logrado regularización laboral para servicio en el hogar.

El Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU) aporta el dato más reciente sobre la labor doméstica en territorio costarricense: 170,000 mujeres incorporadas en 2019, aproximadamente el 20% de las empleadas en el país, aunque no detalla la proporción entre nacionales y extranjeras.

La directora del Servicio Jesuita para Migrantes en Costa Rica, Karina Fonseca, identifica la irregularidad migratoria como la principal causa de los abusos que se dan dentro del trabajo doméstico remunerado, y que las extranjeras trabajadoras soportan porque creen que no tienen derechos.

“Estar en una situación irregular hace que las personas piensen que deben someterse o estar siendo sometidas a situaciones recurrentes de violaciones a los derechos laborales”, señala. Cambiar eso pasa por un cambio de visión del Estado, pues predomina “el temor de que se pongan en riesgo plazas de trabajo que puedan ser ocupadas por costarricenses, y eso está siendo altamente debatido”.

Cindy Molina, jefa de la Plataforma de Servicios de la Dirección de Migración y Extranjería (DGME), confirma que no ha cambiado la orientación de denegar permisos para trabajo doméstico. Destaca que este registro permite “que las personas puedan tener un acceso real a todos sus derechos, no solo al salario mínimo, sino también al Seguro Social. Para Migración también es importante saber cuántas personas extranjeras hay en el país, para que a ellos se les respeten y garanticen sus derechos como personas habitantes de nuestro país”.

Pero el trámite en sí es complejo, no solo por lo costoso sino por lo burocrático. Para obtener el carnet laboral los interesados pagan alrededor de 300 dólares, entre la solicitud (US$200), el timbre (81 centavos de dólar) y el documento de identificación (US$98) si la resolución es positiva. No obstante, la aprobación depende de presentar el contrato laboral y una carta y solvencia económica del patrono.

La investigadora y feminista española Ana Carcedo, especializada en estudios de la mujer y radicada en Costa Rica desde 1975, critica que no se reconozca el trabajo como un derecho de la persona migrante, y que para regularizarse el sistema exija contar con el empleo y encima limite las ocupaciones a las que se puede optar, todas de baja cualificación, es decir, en servicio en hogares, cuidados o labores agrícolas: “El trabajo no está considerado como un derecho de la persona migrante, sino como un permiso que te están dando. No está pensado desde el punto de vista del derecho: el derecho a vivir aquí y, por lo tanto, el derecho a un trabajo, que es un derecho fundamental”.

Ante las trabas administrativas, la informalidad somete a la renuncia o negación de los derechos básicos de una trabajadora, como el pago de prestaciones al término de la relación laboral o por despidos injustificados; incluso cuando “la persona estuvo en una situación de mucho abuso laboral, al final de la relación no puede reclamar sus derechos o no se los habilitan”, expone la directora del Servicio Jesuita para Migrantes, quien reiteró que persiste el temor “de que por estar en un país extranjero, de manera irregular y no tener los documentos al día, no pueden llevar un caso ante el Ministerio del Trabajo”.

La informalidad en el empleo doméstico tampoco es una situación exclusiva de Costa Rica, es una tendencia que afecta a las mujeres migrantes que sostienen la cadena de cuidados en toda Latinoamérica. Para 2019, la Organización Mundial del Trabajo (OIT), la Comisión Económica para América Latina (Cepal) y ONU Mujeres reportaron que el 77.5% de las empleadas del hogar no tenía contrato.

En el informe Trabajadoras remuneradas del hogar en América Latina y el Caribe frente a la crisis del Covid-19 estos organismos reconocen que las trabajadoras procedentes de países pobres sobre las que recae el peso de la llamada crisis de los cuidados, “tienen mayores niveles de precariedad laboral y vulnerabilidad que las trabajadoras locales, puesto que a la propia precariedad del trabajo doméstico se le añade su condición de migrantes, lo que las expone más a situaciones de discriminación y violencia”.

Centroamérica es la región latinoamericana con el índice más alto de trabajadoras domésticas en la informalidad (97.6%), seguida del Caribe (superior al 90%), los países andinos (81,9%) y el Cono Sur (63%). Uruguay destaca entre los países con mayores niveles de cobertura del sistema de pensiones con cerca del 70%. Las estadísticas más negativas las tienen Bolivia, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Paraguay y Perú.

La desigualdad salarial es otro factor en contra. El informe "Cómo los inmigrantes contribuyen a la economía de Costa Rica" a cargo de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) y la Organización Mundial del Trabajo (OIT) reveló en 2018 que las personas nicaragüenses ganan hasta un 40% menos que los nacionales que desempeñan la misma labor y que son las mujeres las más afectadas.

Esto tiene un impacto en la calidad de vida de las migrantes, ya que entre el 30 y 60 por ciento de sus sueldos los destinan a la manutención de hijos o familiares en sus países de origen, según datos de la Asociación de Empleadas Domésticas de Costa Rica (Astradomes). Es el caso de Isamar, pues los 400,000 colones (653 dólares) que cobra cada mes los divide en pago de alquiler, alimentos, transporte, gastos personales, deudas, así como la alimentación, ropa, calzado y todo lo que necesiten sus hijas en Nicaragua.

Ella estudiaba segundo año de la carrera de Contabilidad y Finanzas Públicas en Jinotepe, Carazo, cuando decidió sumarse a miles de compatriotas que trabajan sirviendo en casas ajenas en Costa Rica. No era su sueño. Quería ser profesional y trabajar en un banco o para una empresa grande. De sus anhelos solo mantiene firme la meta de ahorrar para poner un negocio y “no volver a trabajarle a nadie”.

En Costa Rica pocas migrantes se pueden permitir aspiraciones de crecimiento profesional. Las estadísticas nacionales revelan que el empleo doméstico y las actividades de baja cualificación, como la agricultura y servicio, son casi exclusivas de las foráneas. En 2011, la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) del Instituto de Estadística y Censos (INEC) arrojó que había 85,016 mujeres nicaragüenses laborando, el 81.8 por ciento en hogares, agricultura, comercio, hostelería y restaurantes.

La alta concentración de mujeres nicaragüenses en el trabajo doméstico remunerado tiene que ver con las barreras institucionales impuestas y no con la falta de capacidad o formación para desempeñarse en otras ocupaciones, evidencia el estudio “Cadenas globales de cuidado: El papel de las migrantes nicaragüenses en la provisión de cuidados en Costa Rica”, a cargo de las investigadoras Ana Carcedo, María José Chaves Groh y Larraitz Lexartza, publicado en 2012, pero con gran vigencia, porque el sistema cambia lento y la implementación tarda todavía más: convenientemente, la informalidad domina al amparo de la falta de fiscalización estatal y la necesidad de mujeres presionadas por las penurias en sus hogares de origen.

Carcedo cuestiona la marginación laboral por el simple hecho de no ser nacional, ya que entre las migrantes nicaragüenses llegan también mujeres cualificadas que no encuentran oportunidad de incorporarse en su área de formación, propiciando el denominado “deskilling”, es decir una degradación del capital humano inmigrante.

En Costa Rica, la nicaragüense Carmen Cruz lidera la defensa de los derechos de las empleadas del hogar que como Isamar sufren tratos abusivos o degradantes en sus centros de trabajo y que riñen con el reconocimiento de los derechos laborales que la ley establece para quienes ejercen esa labor. Los derechos laborales son los más pisoteados en este país: la jornada laboral de ocho horas, el derecho al descanso, festivos, vacaciones y pago prestaciones y seguridad social. A eso se suma maltrato verbal, tareas esclavizantes, discriminación y coacción. Muchos patronos abusivos recurren a la amenaza de denunciarlas como “ilegales” para mantenerlas sometidas, asegura Carmen.

Antes de llegar a la presidencia de la Asociación de Trabajadoras Domésticas (Astradomes) ella también sirvió en casas ajenas. Aunque no sufrió en carne propia los abusos que muchas mujeres soportan por desconocimiento o necesidad, no duda en enfrentar a patrones transgresores y hasta al mismo Estado. Es un servicio que presta a nacionales y extranjeras, la mayoría nicaragüenses que cruzan la frontera sur con el anhelo de cambiar sus vidas, unas impulsadas por la romantización de la migración, que les hace creer que en otras tierras está la oportunidad para salir de la pobreza, y otras para huir de la violencia y la inseguridad en sus hogares.

A la pequeña casa de dos plantas situada en la zona norte de San José, llegan mujeres que buscan poner fin a humillaciones, explotación horaria, despido injustificado y negativa del pago salario, prestaciones o seguro social, así como a la violación del tiempo de descanso reconocido en el Código del Trabajo de Costa Rica.

Entre ellas se acuerpan, dice. Carmen las escucha, asesora y ejerce su defensa ya sea públicamente o en su lugar de trabajo. A más de una ha rescatado de casas de empleadores, como fue el caso de una hondureña a la que identifica como Rosita, quien laboraba para unos doctores que cada vez que se enfermaba le daban pomadas, inyecciones o pastillas con tal de no darle permiso para ir a una clínica. A causa del trabajo pesado desarrolló un problema en el pie y como era obligada a trabajar pidió auxilio a Astradomes.

Junto a Rosa Acosta, fundadora de la organización y reconocida como defensora de las trabajadoras domésticas a nivel nacional, encaró a la doctora, recuerda. La muchacha no sabía leer ni escribir y “como se sentía tan desprotegida lo que la mandaban a hacer ella lo hacía, tenía ocho años de trabajar en esa casa, entonces nosotras le dijimos que comenzara a sacar sus cosas de ahí”, mientras la doctora con arrogancia reclamaba que “desde cuándo las trabajadoras domésticas tienen leyes”, recuerda.

Carmen inició su recorrido como defensora en 2006, pero no todo ha sido gris: “Siento que sí ha valido la pena y, de hecho, siento que me falta el tiempo para seguir trabajando”, expresa al referirse a los logros obtenidos, como la reforma al capítulo 108 del Código del Trabajo aprobada en el año 2009, que reconoció el derecho a una jornada de ocho horas laborales, días libres y feriados para las trabajadoras del hogar. Fue el fin de las jornadas de 12 a 16 horas de trabajo, que en su momento también fue un avance para las mujeres, sobre todo las migrantes, porque “si las señoras querían agua o lo que fuera tenía que venir la trabajadora desde su habitación a llevarle lo que ocupara”. Es un respaldo porque el cumplimiento es una lucha constante, aclara.

Según Carmen, el miedo y desconocimiento de sus derechos facilita las cosas para los empleadores transgresores.

En 1998 Catalina Salazar, una mujer originaria de Bluefields, llegó a la ciudad de San José y comenzó de inmediato a trabajar. Confiesa que le tomó 17 años tomar conciencia de que estaba siendo explotada. “Trabajaba más de las (8) horas, salía muy noche (...) era una familia de 8 personas y me fregaba mucho, en todo el sentido de la palabra, que lavando, planchando, limpiando una casa de dos pisos, hasta llegar a un punto que uno se cansa y dice basta”.

Recuerda que al inicio cobraba 26,000 colones (US$105 al cambio de la época) sin seguro, “sin derecho a nada”. Ella todo lo economizaba para mes a mes depositar 100 dólares para la comida de sus hijos.

Migró buscando superación y, sobre todo, poner kilómetros de distancia del hombre que había sido su pareja. Fue su madre quien la animó, meses antes de que el gobierno de Costa Rica otorgara una amnistía migratoria que permitió a 155,316 nicaragüenses obtener la residencia en 1999.

Obtuvo residencia, permiso de trabajo y logró reunir dinero para mandar a traer a sus hijos. “No traía muchos proyectos en mi mente. Dije: voy a ir allá un tiempo a ver cómo me va”, recuerda.

Esa misma amnistía permitió a muchas mujeres regularizarse y evitar explotación por parte de sus empleadores. Desde entonces el Estado no ha implementado mecanismos que faciliten la regularización de los migrantes nicaragüenses.

En materia de derecho laboral, el beneficio más reciente data de hace casi tres años, bajo el mandato presidencial de Luis Guillermo Solís (2014-2018), quien aprobó ampliar la cobertura del Seguro Social a las trabajadoras que prestan servicio por horas en casas ajenas. Astradomes lo celebró: “Tenemos muchas compañeras que trabajan por hora, y no estaban cubiertas por el Seguro, entonces con la Caja Costarricense de Seguro Social, el Instituto Nacional de las Mujeres, Ministerio del Trabajo, OIT y otros organismos que nos apoyaban a Astradomes, se logró”, comenta.

La explotación horaria constituye la principal violación de los derechos en el servicio del hogar en Costa Rica, según Astradomes. Carmen dice que a puertas cerradas aumenta el riesgo de vulneración de derechos. Irónicamente para muchas mujeres vivir en el lugar de trabajo es la forma que encuentran para garantizar el envío de dinero mes a mes a sus familiares en Nicaragua.

Si bien en Costa Rica el sueldo base es 33 por ciento superior al fijado en Nicaragua, los 205,047,68 colones (344 dólares) establecidos como salario mínimo por el Ministerio del Trabajo son insuficientes para quien tiene la obligación de enviar remesas.

El alquiler “por muy barato ronda los 150,000 colones (243 dólares) y con los 50,000 colones (81 dólares) que me quedarían no hago nada”, ejemplifica Carmen al exponer el costo-beneficio de vivir en el lugar de trabajo. Los empleadores se aprovechan de esa realidad porque “si es una persona (familia) que tiene chiquitos que van a la escuela entonces no le queda tiempo para que una trabajadora llegue a las 6 de la mañana para que aliste a estos niños. “Les gusta mejor que se queden en su casa, porque así se levantan a las 5 de la mañana”, explica.

Cada vez que una connacional pide apoyo a Carmen para conseguir trabajo en Costa Rica le hace dos preguntas: ¿Tenés familiares donde vivir? ¿Estás dispuesta a vivir en casa de los empleadores? Lo pregunta “porque el trabajo está duro y para venir alquilar una casa no es un provecho”.

Por ejemplo, la rivense Esmeralda Pastora, de 55 años, señala que aunque el salario es mejor que en Nicaragua, el costo de la vida en Costa Rica asfixia a cualquiera que envía el 30 y 60 por ciento de lo que gana. Eso sin contar con las jornadas sin horarios, la discriminación, el acoso sexual y malos tratos, menciona.

“Yo migré a Costa Rica por necesidad, ya que era madre soltera con cuatro hijos y no tenía trabajo, y como niñera sufrí acoso de parte del papá del niño que era de origen judío porque el maltrato no solo proviene de empleadores costarricenses”, señala.

Otro problema que enfrentan son las falsas propuestas de trabajo. Esmeralda cuenta que en una ocasión marcó al número de teléfono de contacto de un anuncio de trabajo “y el hombre que me contestó me preguntó por mi edad, color de piel y otros detalles de mi cuerpo, inmediatamente me enteré que la verdadera propuesta era otra y corté”.

“Por mis hijos yo aguantaba humillaciones”, remarca.

Cuando empezó la pandemia de coronavirus la granadina Martha Lorena Quiroz Dávila, de 47 años, perdió el empleo que conservaba desde hacía veinte años. Se lamenta porque no solo le había permitido enviar remesas y hacer vida en Costa Rica, sino también cerrar el capítulo de malos tratos y humillaciones de sus primeros años en San José.

“Yo recuerdo el sacrificio que hice para cruzar a Costa Rica por puntos ciegos de la frontera de Peñas Blancas con mi hija mayor que tenía 4 años, y cuando logré encontrar un trabajo me fue mal, renuncié antes de concluir el mes; no soporté las humillaciones de la dueña de la casa, en una ocasión me encontró comiendo en el comedor y me ofendió de una manera tan grotesca que no he logrado olvidarme”, relata. El impacto de la pandemia del coronavirus fue catastrófica en el empleo doméstico. Las alarmantes cifras oficiales que revelan una disminución del 74,23 % de permisos laborales entre 2019 y 2020 se quedan cortas ante la realidad de centenares de mujeres que por puntos ciegos y sin permiso han ido y venido de Nicaragua en plena pandemia.

La presidenta de Astradomes reconoce que ha sido la peor temporada, pues de llegar a tener 2,000 afiliadas antes de la pandemia, a marzo de 2021 solo quedaban unas 500 y la mitad en el desempleo, dependiendo de ayudas.

En general, Astrodomes coincide en que las nicaragüenses que buscan trabajar en el servicio del hogar en Costa Rica suelen ser jóvenes y llegan impulsadas por dos factores: el desempleo en Nicaragua y la violencia machista.

Isamar personifica ese drama. Dejó Nicaragua porque el papá de sus hijas la amenazó de muerte en venganza por los tres años de cárcel que pagó cuando lo denunció por violencia intrafamiliar y negativa del pago de pensión de alimentos para sus hijas.

“Él me había dicho que cuando saliera me iba a matar, que eso no se iba a quedar así, dijo que en la cárcel sufrió mucho y claro que salió enojado y me dijo que no se va quedar así. Tengo miedo de que me haga algo, él es muy agresivo”, confiesa la mujer. Él fue beneficiado en una liberación masiva de reos, antes de cumplir su pena. Luego viajó a Costa Rica y reafirmó su amenaza.

Pero ella no ha renunciado a su plan de volver. Lo que vive en Costa Rica ahora, reconoce, es un sacrificio. Piensa cerrar su etapa como migrante empleada del hogar cuando haya reparado su casa, ahorrado para poner un negocio y “no volver a trabajarle a nadie”.