Estados de América rechazan intervención militar en Venezuela, pero coinciden en perseguir a funcionarios del régimen
El enviado especial de Estados Unidos para Venezuela, Elliott Abrams, señaló que el régimen de Maduro requiere más presión internacional por lo que se pueden esperar más sanciones de parte de la Administración Trump.
Los jefes diplomáticos de los países que integran el TratadoInteramericano de Asistencia Recíproca (TIAR) han descartado la fuerza militarpara sacar del poder al dictador Nicolás Maduro, sin embargo acordaron unaserie de medidas para identificar y perseguir a funcionarios del régimeninvolucrados en lavado de activos, tráfico ilegal de drogas, terrorismo,corrupción y violaciones a los derechos humanos.
El pasado 11 de septiembre se presentó una moción para queen la resolución que convocaba la reunión de hoy se excluyera expresamente eluso de la intervención militar en Venezuela. “Dicha moción fue acompañada porChile y Perú, y apoyada por Panamá, pero no prosperó. Sin embargo, la mayoríade los países miembros del TIAR se oponen al uso de la fuerza, y eso se vereflejado en la resolución aprobada”, informó la Cancillería de Costa Rica.
De acuerdo con una nota de prensa de la Cancillería del país centroamericano, los ministros resolvieron encargar a las unidades de inteligencia financiera de los países, elaborar un listado consolidado de personas vinculadas al régimen de Nicolás Maduro, y crear una red operativa para su investigación, a través del fortalecimiento de la cooperación judicial y policial. La resolución contó con la 16 aprobaciones, 1 en contra 1 abstención y 1 ausente.
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“Es la solidez de la institucionalidad democrática de CostaRica la que hoy nos convoca a apoyar medidas institucionales, contestes con el Estadode Derecho, que nos permitan, como comunidad de Estados, combatir las ondas decriminalidad, corrupción, sufrimiento y violaciones graves a los derechoshumanos que tienen como epicentro al régimen de Nicolás Maduro”, manifestó elJefe de la Diplomacia costarricense”, dijo el canciller costarricense ManuelVentura.
El Órgano de Consulta, asimismo, instruyó a los representantespermanentes de los Estados participantes a dar seguimiento a la situación enVenezuela, y su impacto en la región, para que evalúen eventualesrecomendaciones en el marco del TIAR. Esas recomendaciones serían analizadasdurante la siguiente reunión de Cancilleres, en un plazo de dos meses.
El canciller de Colombia, que ejerce la presidencia del Órgano de Consulta del TIAR, dijo que la crisis que vive Venezuela se ha originado por la ruptura del orden democrático y constitucional y la violación de derechos humanos. El diplomático recordó que la crisis humanitaria ha causado que cinco millones de venezolanos hayan tenido que dejar el territorio. “En esta reunión tenemos la oportunidad de avanzar y tomar medidas”, agregó.
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Por su parte, el enviado especial de Estados Unidos paraVenezuela, Elliott Abrams, dijo a la Voz de América que el régimen de Madurorequiere más presión internacional y que se pueden esperar más sanciones departe del gobierno de Donald Trump. El funcionario también se reunión con elGrupo de Lima, la iniciativa diplomática que aboga por una salida pacífica a lacrisis venezolana al que dijo: “Necesitamos más presión aún, más presión, mássanciones”.
El diplomático estadounidense dijo que “claramente elobjetivo es cooperar sobre temas de presión diplomática, presión económica”,dijo y aludió a ejemplos como la política desarrollada por Brasil y Canadáhacia Venezuela. Todos queremos un cambio serio para lograr cambios en lasituación venezolana (…). «Hemos visto ya que el régimen no quiere dialogarni negociar seriamente, no quieren en verdad un cambio político en Venezuela”.
Los países miembros urgieron medidas para solucionar lacrisis. “Brasil está listo para contribuir a superar la crisis en Venezuela yel retorno de la democracia”, dijo el ministro de Relaciones Exteriores deBrasil, Ernesto Araújo. El Tratado prevé una gama de opciones, que van desde lanegociación, la ruptura de relaciones diplomáticas, ruptura de relacionesconsulares, suspensión de comunicaciones económicas, de transporte terrestre,marítimo, aéreo, comunicaciones radioeléctricas, radiofónicas y la opción deacciones coercitivas de carácter militar.
