Eurodiputados piden llevar a Ortega a la Corte Penal Internacional por crímenes de lesa humanidad

Seis proyectos de resolución sobre Nicaragua han sido presentados en el Parlamento Europeo durante la sesión plenaria que se desarrolla en Estrasburgo, Francia. Las propuestas de los eurodiputados apuntan a más sanciones contra la dictadura, desconocer los resultados de las elecciones del 7 de noviembre y hay quienes piden una investigación en la Corte Penal Internacional contra Daniel Ortega por crímenes de lesa humanidad.  

De los seis textos presentados debe definirse uno solo que será sometido a votación el próximo jueves 16 de diciembre y cuyos resultados se conocerán ese mismo día, según la agenda de la sesión.  

La propuesta de la bancada del Grupo de Conservadores y Reformistas Europeos (ECR), pide a los Estados miembros y al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas que, “de conformidad con los artículos 13 y 14 del Estatuto de Roma, abran una investigación formal, a través de la Corte Penal Internacional, contra Nicaragua y Daniel Ortega por crímenes contra la humanidad de los que son responsables el Estado nicaragüense y Daniel Ortega”.  

Los eurodiputados señalan al dictador de asesinato, deportación o traslado forzoso de personas, encarcelamiento u otra privación de libertad física contraria a las normas fundamentales del Derecho internacional, tortura, violación o cualquier otra forma de violencia sexual de gravedad comparable, persecución política, desapariciones forzadas y otros actos inhumanos.  

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Según el grupo parlamentario ERC, estos actos forman parte de una política estatal llevada a cabo por la dictadura de Daniel Ortega y se han intensificado desde abril de 2018.  

Por su parte, el Grupo de Socialistas y Demócratas, el Grupo del Partido Popular Europeo y el Grupo Renew en sus proyectos de resolución coinciden en exigir justicia y rendición de cuentas para todas las víctimas, en consonancia con la legislación, los compromisos y las obligaciones internacionales de Nicaragua, a través de investigaciones imparciales, exhaustivas e independientes. 

Los tres grupos piden a la Unión Europea y a sus Estados miembros que “apoyen la creación de un mecanismo de investigación y rendición de cuentas en el seno del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas”.  

MÁS SANCIONES Y CONTROL FINANCIERO 

Los eurodiputados también apoyan la declaración de la Unión Europea de ir más allá de las restricciones individuales, tratando al mismo tiempo de evitar cualquier medida que pueda agravar las dificultades del pueblo nicaragüense.  

Asimismo, celebran la inclusión de Rosario Murillo en la lista de personas sancionadas que fue renovada hasta octubre de 2022 y solicita que Daniel Ortega “se añada inmediatamente a la lista de personas sancionadas”.  

Otra de las propuestas es la solicitud de una coordinación más estrecha entre las instituciones y los socios democráticos en materia de uso de la diplomacia, las sanciones y las restricciones de visados, según proceda, con el fin de promover la rendición de cuentas de los cómplices en el apoyo a los actos antidemocráticos del Gobierno de Ortega-Murillo.  

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Las peticiones también abarcan un mayor control financiero a los desembolsos a Nicaragua en el Banco Centroamericano de Desarrollo (BCIE) y que estos sean condicionados a la liberación de los presos políticos y el restablecimiento de las libertades ciudadanas.  

El Grupo PPE recuerda que, de conformidad con el Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea y los países de Centroamérica, Nicaragua debe respetar y consolidar los principios del Estado de Derecho, la democracia y los derechos humanos.  

En ese sentido, “reitera su petición de que, a la luz de las circunstancias actuales, se active la cláusula democrática del Acuerdo de Asociación”.

Finalmente, cinco de las seis propuestas coinciden en desconocer los resultados de las elecciones del 7 de noviembre en las que Daniel Ortega y Rosario Murillo se reeligieron sin competencia política.  

Según los eurodiputados, el régimen de Ortega “orquestó una pantomima intentando dar la apariencia de un proceso electoral en Nicaragua que no era ni libre ni justo que, en la realidad, era totalmente antidemocrático e ilegítimo”.