La presa política Nidia Barbosa se encuentra hospitalizada
La Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia denunció este martes que la presa política Nidia Barbosa Castillo de 66 años, se encuentra interna en el hospital de Masaya Humberto Alvarado por problemas cardíacos.
«Exigimos la inmediata liberación y el respeto a la integridad física y psíquica de nuestra integrante Nidia Barbosa Castillo, está hospitalizada porque sufre de hipertensión y cardiopatía», expuso el organismo opositor.
Barbosa quien presenta problemas osteomusculares y articulares, fue detenida por la Policía orteguista el pasado 6 de noviembre, previo a las cuestionadas elecciones del 7 de noviembre, donde Daniel Ortega se impuso para un nuevo periodo.
Según la Alianza Cívica, Barbosa fue secuestrada «en horas no hábiles y le dijeron que estaba siendo llevada a entrevista» a la estación policial de Masaya. Ella es originaria del municipio de Nindirí.
«Fue presentada el sábado, 20 de noviembre, en audiencia de juicio, acusada bajo la Ley de Ciberdelito, con testigos falsos y sin la presencia de un abogado defensor», indicó la Alianza, quien detalló que agentes policiales allanaron su casa «sin encontrar pruebas que la incriminaran».
«Las pruebas en su contra: bandera de Nicaragua y de la iglesia católica», detalla el comunicado.
La Ley de Ciberdelitos, que ha sido bautizada como “Ley Mordaza” o “Ley Bozal” por la prensa no oficial nicaragüense, y que entró en vigor el 30 de diciembre de 2020, establece penas de uno a 10 años de cárcel a los ciudadanos que se les imputen los ciberdelitos que vayan contra la “seguridad del Estado”.
La norma, compuesta por 48 artículos, plantea castigar con cárcel la propagación de noticias falsas y/o tergiversadas que produzcan alarma, temor, zozobra en la población, o a un grupo o sector de ella o a una familia.
La ley contiene 25 definiciones, sin embargo, según advierten sus críticos, no define dos conceptos claves para su aplicación: información falsa (fake news) e información tergiversada.
Desde el pasado 28 de mayo, el régimen de Daniel Ortega ha emprendido una ola de detenciones a unos 41 activistas opositores, entre ellos siete habían mostrado interés por participar en las cuestionadas elecciones el pasado 7 de noviembre. El último arresto lo ejecutaron dos civiles, quienes se llevaron detenido al analista político Edgard Parrales la tarde de ayer lunes 22 de noviembre.
