Monseñor Jorge Solórzano asume como nuevo presidente de la Conferencia Episcopal, diezmada por el destierro
La Conferencia Episcopal de Nicaragua (CEN) designó a monseñor Jorge Solórzano, obispo de Granada, como nuevo presidente para completar el período que concluye a finales de 2027. El relevo se produce en medio de una asamblea incompleta y bajo uno de los períodos de mayor persecución que ha enfrentado la Iglesia católica nicaragüense, cuya estructura de liderazgo ha sido mermada por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
El anuncio se oficializó mediante un breve video publicado en las redes sociales de la Diócesis de Granada. En la imagen solo aparecen el cardenal Leopoldo Brenes, arzobispo de Managua, quien se mantiene como vicepresidente de la CEN; monseñor Sócrates René Sándigo, obispo de León y nuevo secretario general (cargo que ocupaba Solórzano); el obispo de Chontales y Río San Juan, monseñor Marcial Guzmán; monseñor Francisco José Tigerino, obispo de Bluefields; y el propio Solórzano.
Esta imagen ilustra la profunda crisis del episcopado. Solórzano sucede en el cargo a monseñor Carlos Enrique Herrera, obispo de Jinotega, cuya presidencia fue interrumpida abruptamente por la dictadura. Herrera debía concluir su mandato (2021-2024) y entregar el cargo a finales del año pasado, pero las elecciones internas tuvieron que posponerse luego de que el régimen lo desterrara a Guatemala el 13 de noviembre de 2024, tras denunciar públicamente a un alcalde sandinista por interrumpir una misa con música a alto volumen.
Cuatro obispos en el exilio y un clero acorralado
La ausencia de monseñor Carlos Herrera en la asamblea se suma a la de otros tres altos jerarcas de la Iglesia que han sido forzados al exilio: monseñor Rolando Álvarez, obispo de Matagalpa y administrador apostólico de Estelí; monseñor Isidoro Mora, obispo de Siuna, ambos desterrados en enero de 2024; y monseñor Silvio Báez, obispo auxiliar de Managua, exiliado desde 2019. A esto se suma la expulsión del propio nuncio apostólico, el embajador del Vaticano en Managua.
Este vacío de liderazgo tiene repercusiones directas en el funcionamiento de la Iglesia. Las diócesis de Jinotega, Matagalpa, Siuna y Estelí operan bajo fuertes restricciones y con severos obstáculos para realizar ordenaciones sacerdotales y diaconales ante la ausencia de sus obispos titulares.
El acorralamiento institucional alcanzó tal grado que, semanas atrás, el Vaticano se vio forzado a aplazar hasta 2027 la visita ad limina de los obispos nicaragüenses al Papa por la falta de condiciones mínimas de seguridad para el episcopado.
El quiebre de 2018 y la estrategia de persecución religiosa
Las expulsiones masivas responden al conflicto entre la dictadura y la Iglesia católica que estalló en abril de 2018. Durante las protestas sociales, el clero abrió las parroquias para refugiar a los manifestantes heridos y actuó inicialmente como mediador del diálogo nacional. Sin embargo, el quiebre definitivo se produjo cuando los obispos condenaron la represión estatal que dejó más de 300 muertos.
Desde entonces, el régimen acusa a la jerarquía eclesiástica de conspirar contra el Estado. Investigaciones independientes documentan que más de 300 religiosos —entre sacerdotes, monjas, diáconos y seminaristas— han sido expulsados, desterrados o se les ha prohibido el ingreso a Nicaragua desde 2018.
De acuerdo con especialistas en derechos humanos y libertad religiosa, como la abogada Martha Patricia Molina, la persecución de Ortega y Murillo no obedece únicamente a una venganza por el papel de la Iglesia en 2018, sino a una estrategia política calculada.
El régimen busca vaciar de liderazgo a las diócesis más críticas y forzar al Vaticano a llenar esos espacios con nombramientos de clérigos dóciles o alineados con los intereses del oficialismo, destruyendo así la última institución independiente con capacidad de convocatoria en el país.
