Denuncian penalmente en España al canciller Valdrack Jaentschke por terrorismo de Estado mientras visita Madrid

Las opositoras nicaragüenses Ana Margarita Vijil Gurdián, Tamara Dávila Rivas y Dora María Téllez presentaron una denuncia penal ante la Audiencia Nacional de España en contra del co-canciller del régimen de Nicaragua, Valdrack Jaentschke Whitaker, quien se encuentra en territorio español en el marco de la Cumbre Iberoamericana de Madrid.

Las demandantes, quienes poseen nacionalidad española tras ser despojadas arbitrariamente de su nacionalidad nicaragüense, acusan a Jaentschke por los delitos de coacciones, amenazas y perjuicios patrimoniales ejecutados como terrorismo de Estado.

La acción legal cuenta con la asistencia jurídica del despacho internacional Guernica 37, especializado en la representación legal de víctimas de violaciones graves a los derechos humanos y crímenes internacionales.

Coincidencia con la visita en España

La presentación del recurso judicial coincide con la presencia de Jaentschke en Madrid, donde encabeza la delegación nicaragüense en la Cumbre Iberoamericana. Durante su participación en los foros diplomáticos, el funcionario ha demandado el levantamiento de sanciones internacionales y un incremento de la cooperación económica sin condicionamientos políticos.

El caso se fundamenta en los señalamientos previos emitidos por el Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN), órgano de la Organización de las Naciones Unidas que ha documentado la participación de altos funcionarios en estructuras de persecución y control sobre disidentes fuera de las fronteras nacionales.

El Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua determinó que Jaentschke formó parte de un grupo de alto nivel que dirigía la estrategia de persecución transnacional. Según reveló a DESPACHO 505 el experto de la ONU, Reed Brody, esta red opera desde embajadas que albergan a personal de inteligencia militar para vigilar a los exiliados.

A través de un comunicado público emitido tras presentar la denuncia, las opositoras señalaron que la acción judicial busca garantizar la rendición de cuentas de los funcionarios vinculados a los abusos estatales documentados desde 2018.

De momento, no se conoce que haya sido citado a declarar o detenido por las autoridades.