Nicaragua exige en la Cumbre Iberoamericana el fin de sanciones y más cooperación sin “imposiciones”

La dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo exigió este jueves ante la comunidad internacional el levantamiento de las sanciones que pesan sobre su cúpula y reclamó un incremento en la cooperación extranjera, bajo la premisa de que no se cuestione su modelo autoritario ni las violaciones a los derechos humanos cometidas en Nicaragua.

Durante su intervención en la Cumbre Iberoamericana en Madrid, el canciller Valdrack Jaentschke centró su discurso en demandar la eliminación de lo que calificó como “medidas coercitivas unilaterales”, las cuales afectan a funcionarios e instituciones señaladas de corrupción y de reprimir a la ciudadanía.

En paralelo, el diplomático pidió fortalecer la cooperación internacional, argumentando que debe basarse en el derecho que tienen a “decidir sus propios modelos políticos y de desarrollo (…) sin imposiciones extranjeras”.

El planteamiento de Managua busca un escenario de impunidad y normalización diplomática: recibir recursos económicos de la comunidad internacional, pero exigiendo que los países donantes ignoren la deriva totalitaria del país, que incluye el desmantelamiento de las libertades civiles y crímenes de lesa humanidad documentados por expertos de la ONU.

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“Nicaragua reconoce en la cooperación internacional un instrumento de solidaridad que sirve para mejorar nuestros esfuerzos nacionales y avanzar hacia un desarrollo más justo, equitativo e inclusivo. Debe basarse en el respeto mutuo, la complementariedad y el derecho que tiene cada pueblo a decidir sus propios modelos políticos y de desarrollo, definir su propias prioridades y aspiraciones conforme a sus propias realidades sin imposiciones extranjeras”, dijo.

El silencio sobre la represión

El discurso de Jaentschke, pronunciado ante los jefes de Estado y de Gobierno iberoamericanos, representantes de la Unión Europea y el secretario general de Naciones Unidas, apeló repetidamente a la “paz”, la “inclusión” y la “no injerencia”. Sin embargo, omitió cualquier referencia a la crisis que vive Nicaragua desde 2018.

La cooperación internacional y el financiamiento externo hacia el país se han visto drásticamente reducidos o condicionados desde el estallido social. La respuesta del régimen a las protestas —que dejó cientos de muertos y consolidó el poder absoluto de la familia Ortega Murillo, ahora bajo la figura inconstitucional de una copresidencia— generó un aislamiento internacional sostenido.

El canciller orteguista —señalado de dirigir una red de represión transnacional contra opositores nicaragüenses exiliados— abogó en Madrid por construir “puentes de entendimiento”, mientras en Nicaragua el régimen mantiene a decenas de opositores como presos políticos, ha despojado de su nacionalidad a centenares de disidentes, y ha forzado al exilio a cientos de miles de ciudadanos, incluyendo a la mayor parte de la prensa independiente.