La OEA conforma el Grupo Ministerial que buscará un diálogo “rápido y directo” con el régimen de Nicaragua

La Organización de los Estados Americanos (OEA) anunció la conformación del Grupo Ministerial de Seguimiento sobre Nicaragua que buscará un diálogo “rápido y directo” con el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo que verificará el cumplimiento de una serie de exigencias aprobadas en una Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores el pasado 2 de octubre.

El Grupo está integrado por Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Dominica, Estados Unidos, Paraguay y Perú.

“La Presidencia expresa su agradecimiento a los diez Estados Miembros por su disposición a integrar este Grupo y por su compromiso con el seguimiento de la situación en Nicaragua”, señala la comunicación oficial.

La comunicación no precisa cuándo se reunirán los diez países ni cuáles serán sus primeras gestiones. Tampoco confirma que Managua haya aceptado establecer contactos con el grupo.

Calendario diplomático en marcha y sin pausa

El anuncio confirma que el cronograma diplomático trazado en Washington el pasado 2 de octubre no se ha detenido. 

De acuerdo con el mandato de la OEA, el Grupo Ministerial iniciará de inmediato sus labores, determinará sus propios métodos de trabajo y activará los canales para buscar una interlocución rápida con el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, además de entablar diálogo con sectores de la oposición, la sociedad civil y la comunidad nicaragüense en el exilio.

El Grupo combina a países con posturas de alta firmeza frente a las violaciones de derechos humanos (como Estados Unidos, Costa Rica, Canadá, Argentina y Paraguay) con gobiernos que han intentado mantener vías abiertas de mediación diplomática (como Brasil y Colombia).

El siguiente plazo: 30 días para recomendaciones concretas

Con la conformación del grupo se agota el primer tramo del calendario hemisférico (los 30 días iniciales). A partir de este momento corre la segunda ventana de tiempo fijada por la OEA: el grupo dispone de un máximo de 30 días adicionales (para completar los 60 días desde la aprobación de la resolución) para evaluar el cumplimiento de las exigencias democráticas e informar a la Reunión de Consulta.

El informe final deberá incluir recomendaciones de “acciones diplomáticas y jurídicas concretas” frente al incumplimiento del régimen, que exige entre sus puntos centrales la liberación inmediata e incondicional de todos los presos políticos; el cese del estado policial, las persecuciones y la anulación de despojos de nacionalidad.

Además, exigen la devolución de bienes e instalaciones confiscadas a medios de comunicación, universidades e instituciones de la sociedad civil y religiosas; el restablecimiento de la independencia institucional y garantías para elecciones libres e inclusivas con observación internacional.

Vencido el plazo de 60 días, la Presidencia de la Reunión de Consulta podrá reconvocar formalmente a los cancilleres del hemisferio para decidir las medidas colectivas que se aplicarán en el ámbito diplomático y económico contra la dictadura.