ONU: la purga masiva de abogados en Nicaragua “golpea el corazón del derecho a un juicio justo”
La purga masiva de abogados del registro de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de Nicaragua “golpea el corazón del derecho a un juicio justo”, denunció este miércoles Margaret Satterthwaite, relatora especial de Naciones Unidas sobre la independencia de magistrados y abogados.
En una declaración difundida por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), Satterthwaite alertó de una escalada de ataques contra el ejercicio independiente de la abogacía en Nicaragua y señaló que la muerte profesional decretada de manera arbitraria tiene una sola explicación: no estar alineados con el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
Los alrededor de 2,000 abogados que fueron eliminados del registro de la CSJ no recibieron una notificación previa. Tampoco enfrentaron procedimientos disciplinarios o administrativos individualizados no tuvieron la posibilidad de recurrir la decisión ante una autoridad independiente.
La relatora señaló que exclusión tiene consecuencias inmediatas: los afectados quedan impedidos de presentar escritos ante los tribunales, representar a sus clientes y ejercer funciones notariales.
“Estas exclusiones golpean el corazón del derecho a un juicio justo”, denunció Satterthwaite.
Abogados bajo persecución
En la declaración, la relatora sostuvo que la profesión jurídica ha sido objeto de un “acoso particular” en Nicaragua, comenzando por los abogados que han representado a prisioneros políticos, defendido derechos humanos o denunciado abusos desde el Estado.
Entre las represalias en su contra mencionó restricciones para ejercer, vigilancia, hostigamiento, amenazas, exilio forzado y cancelaciones de sus registros profesionales.
Satterthwaite exigió al régimen Ortega-Murillo a cesar inmediatamente los ataques contra la profesión jurídica y las afectaciones al derecho a un juicio justo. También pidió a la comunidad internacional actuar para proteger los espacios independientes de organización, expresión y participación social que han sido cerrados desde 2018.
La CSJ controla quién puede ejercer
Satterthwaite expresó preocupación por el “mensaje alarmante” de la circular emitida en marzo de 2026 por el Consejo Nacional de Administración y Carrera Judicial, que obliga a jueces y órganos judiciales a comprobar que cada abogado figure en el sistema del Poder Judicial antes de prestarle cualquier servicio. Si el profesional no aparece la instrucción es que sea remitido a la Dirección de Regulación, Supervisión y Control de Abogados y Notarios de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para supuestamente regularizar su situación.
En la práctica los abogados denunciaron que el órgano regulador no les dejó ningún margen de apelación a la decisión que los despoja del derecho a ejercer su profesión.
Satterthwaite manifestó preocupación por el “mensaje intimidatorio” que transmite esa disposición en un contexto marcado por la exclusión masiva de profesionales del derecho.
Las cancelaciones comenzaron a conocerse públicamente en julio, cuando abogados dentro y fuera de Nicaragua descubrieron que sus nombres y números de credencial habían desaparecido del registro electrónico de la Corte Suprema.
Una ofensiva con antecedentes
La persecución contra profesionales del derecho tiene antecedentes. En 2023, 26 abogados fueron inhabilitados después de ser despojados de la nacionalidad nicaragüense en medio de las medidas adoptadas por el régimen contra opositores y voces críticas.
Satterthwaite recordó que las reformas adoptadas ese año permitieron utilizar la privación de la nacionalidad y otras sanciones contra ciudadanos declarados “traidores a la patria”, con consecuencias también sobre el ejercicio profesional de los abogados afectados.
Organizaciones internacionales de juristas habían alertado previamente sobre la magnitud de las nuevas cancelaciones. En julio, una coalición de organizaciones defensoras de abogados denunció que la eliminación del registro suponía para muchos afectados una “muerte profesional”, al impedirles ejercer la abogacía y desarrollar funciones notariales.
Para Satterthwaite, el impacto trasciende a los aproximadamente 2.000 abogados excluidos y alcanza una garantía esencial para cualquier persona sometida a la justicia.
“Nicaragua debe cesar inmediatamente estos ataques contra la profesión jurídica y el derecho a un juicio justo”, exigió.
