Unión Europea sanciona a Rosario Murillo, Bayardo Arce, Alba Luz Ramos y a otros cinco funcionarios del régimen
El Consejo de la Unión Europea sancionó este lunes a ocho funcionarios del régimen de Daniel Ortega en Nicaragua, incluyendo a la vicepresidenta Rosario Murillo, Bayardo Arce, asesor económico de Daniel Ortega y Alba Luz Ramos, presidenta de la Corte Suprema de Justicia, a quienes señala como «responsables de graves violaciones de los derechos humanos o de acciones que socavan la democracia y el Estado de Derecho» en Nicaragua. Para Europa la detención de Noel Vidaurre, el séptimo aspirante a candidato presidencial, «ilustra la magnitud de la represión en Nicaragua y proyecta una imagen inquietante para las próximas elecciones».
Con las sanciones hoy la Unión Europea eleva a 14 el número de sancionados en Nicaragua. Además, Europa es el primero en extender sanciones que alcanzan a la presidenta de la Corte Suprema de Justicia y el asesor en temas económicos de Ortega.
La lista de sancionados la completa: Juan Carlos Ortega Murillo, hijo de la pareja presidencial; Ana Julia Guido, fiscal general de la República; Gustavo Porras, presidente de la Asamblea Nacional; Fidel Domínguez, comisionado general de la Policía y jefe departamental de León; y Juan Valle, director de Tránsito Nacional.
https://www.facebook.com/despacho505/videos/179476554175543El pasado 12 de octubre, el Consejo de la Unión Europea renovó las sanciones impuestas en 2019 contra Francisco Díaz, director de la Policía Orteguista; Néstor Moncada Lau, asesor de Ortega en Seguridad Nacional; Sonia Castro, asesora en temas de Salud; Ramón Avellán, subdirector de la Policía; Luis Pérez Olivas, director de la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ) y el comisionado Justo Pastor Urbina, jefe de la Dirección de Operaciones Especiales de la institución.
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«Quienes figuran en la lista de sanciones son objeto de una inmovilización de bienes y, además, los ciudadanos y las empresas de la Unión Europea están sujetos a la prohibición de poner fondos a su disposición. Asimismo, están sujetas a una prohibición de viajar, lo que les impide entrar al territorio de la Unión Europea o transitar por él», indicó el Consejo.
UNIÓN EUROPEA: SANCIONES REPONDEN A REPRESIÓN
Las sanciones impuestas por la Unión Europea son en respuesta a la situación política en Nicaragua, que según los 27 de la Unión Europea, se ha deteriorado aún más en los últimos meses en el contexto de las elecciones generales convocadas para el 7 de noviembre.
«El uso político del sistema judicial, la exclusión de candidatos de las elecciones y la inhabilitación arbitraria de los partidos de la oposición son contrarios a los principios democráticos básicos y constituyen una grave violación de los derechos del pueblo nicaragüense», argumentan los países miembros.
La Unión Europea recuerda que en el mes de mayo, Daniel Ortega y Rosario Murillo valiéndose del control mayoritario de su partido en la Asamblea Nacional impulsó reformas a la Ley Electoral dirigidas a ejercer control y limitar la participación de la oposición; designó como magistrados del Consejo Supremo Electoral a personas leales a su régimen para asegurarse el control absoluto del proceso. A finales de ese mes emprendió una ola de detenciones que tiene bajo detención o arresto domiciliar a siete aspirantes presidenciales, líderes movimientos políticos, directivos de organizaciones de sociedad civil, analistas, periodistas, campesinos y hasta un banquero.
ARRESTO DE CANDIDATOS REFLEJA MAGNITUD DE LA REPRESIÓN
La Unión Europea subraya que estas acciones del régimen socavan aún más la credibilidad del proceso electoral, ya obstaculizado por una reforma electoral que no cumplió con las recomendaciones de las misiones de observación electoral de la OEA y la UE.
«Lamentablemente, la detención de un séptimo posible candidato presidencial el pasado fin de semana ilustra la magnitud de la represión en Nicaragua y proyecta una imagen inquietante para las próximas elecciones», señalan.
Finalmente, el bloque continental «condena firmemente» la represión sistemática por parte de las autoridades nicaragüenses, les insta a que deroguen leyes restrictivas, entre ellas la Ley de Regulación de los Agentes Extranjeros, y «reclama la liberación inmediata e incondicional de los presos políticos», así como el pleno respeto de los derechos humanos y los derechos civiles y políticos de todos los ciudadanos nicaragüenses.
Desde 2018 Europa sigue de cerca la evolución de la crisis en Nicaragua, el pasado 8 de julio el Parlamento Europeo aprobó una resolución en la que pidió al Consejo de la Unión Europea y a los Estados miembros ampliar «rápidamente” la lista de personas y entidades que deben ser objeto de sanciones en Nicaragua, incluidos el dictador Daniel Ortega, su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo y sus allegados.
El texto fue aprobado con 629 votos a favor y el respaldo de distintos grupos parlamentarios que condenan “firmemente” todas las acciones represivas del régimen contra partidos de la oposición y sus miembros, periodistas y otros trabajadores de los medios de comunicación, estudiantes, pueblos indígenas, defensores de los derechos humanos y la sociedad civil.
Los eurodiputados demandaron a Ortega y Murillo poner en libertad inmediata e incondicional a todos los presos políticos detenidos de forma arbitraria, incluyendo a Cristiana Chamorro, Arturo Cruz, Félix Maradiaga, Juan Sebastián Chamorro, Miguel Mora y Medardo Mairena y otros 19 líderes opositores detenidos en las últimas semanas. El régimen no solo no atendió el pedido, sino que continuó las detenciones, a la fecha suman 29 los líderes de oposición privados de libertad, incluidos los siete principales candidatos que tenía la oposición para enfrentar a Ortega en las urnas.
