Cumbre de Cancilleres en la OEA: Expertos de la ONU y la CIDH urgen respuesta colectiva contra el régimen
A solo horas de que los Ministros de Relaciones Exteriores de la Organización de los Estados Americanos (OEA) se instalen en Washington para abordar la crisis de Nicaragua, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el Grupo de Expertos en Derechos Humanos de las Naciones Unidas sobre Nicaragua (GHREN) emitieron un pronunciamiento conjunto en el que solicitan que los derechos humanos, la democracia y la rendición de cuentas ocupen el centro de las discusiones.
En una declaración conjunta, la CIDH y el Grupo de Expertos llamaron directamente a los cancilleres del bloque regional a actuar con firmeza y “garantía colectiva” en las deliberaciones programadas para este viernes 2 de octubre.
El pronunciamiento irrumpe en un momento crucial de las negociaciones a puerta cerrada en la OEA, donde se disputan dos visiones contrapuestas: la propuesta liderada por países como Canadá, que busca endurecer el texto para denunciar la tortura, la represión e incomunicación de prisioneros políticos, frente a la alternativa impulsada por Brasil, que sugiere suavizar la resolución y retirar la amenaza de sanciones para abrir paso a un grupo de mediación.
Para la CIDH y el Grupo de Expertos, el escenario nicaragüense no admite ambigüedades diplomáticas. Ambas instancias enfatizaron a los ministros que los derechos humanos y la rendición de cuentas deben situarse de forma ineludible en el centro de las decisiones del organismo continental.
A más de ocho años de iniciada la crisis social y política de abril de 2018, ambas organizaciones señalaron que continúan documentando un patrón generalizado y sistemático de violaciones a los derechos fundamentales en el país, que incluye detenciones arbitrarias, torturas, confiscaciones de bienes, despojo de nacionalidad y muertes bajo custodia del Estado.
Los organismos alertaron sobre la intensificación de la represión transnacional, la cual se manifiesta mediante actos de vigilancia, amenazas y acoso contra personas nicaragüenses en el exilio, sus familias y las organizaciones que las acompañan.
Democracia “inexistente” y reformas constitucionales
La CIDH y el Grupo de Expertos abordaron los cambios institucionales promovidos por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Detallaron que la reforma constitucional de 2025 eliminó la separación de poderes, estableció la figura de la copresidencia y fijó un mandato de seis años.
Asimismo, mencionaron la nueva reforma aprobada en primera legislatura el pasado mes de septiembre que busca ampliar dicho periodo a siete años con posibilidad de renovación, además de constitucionalizar restricciones contra personas catalogadas como “traidoras a la patria”.
Para ambas instancias, el uso del orden constitucional para perpetuar al régimen en el poder, sumado al anuncio oficial de que no se prevé la realización de elecciones en 2027, confirma la erosión de las garantías democráticas.
«Las condiciones actuales en Nicaragua no cumplen con los estándares internacionales requeridos y por tanto los elementos esenciales de la democracia son inexistentes», expresaron los organismos en el comunicado, subrayando que la participación pública y las libertades fundamentales son requisitos indispensables para cualquier proceso electoral auténtico.
Llamado a la acción colectiva en la OEA
Ante este escenario, la CIDH y el GHREN instaron a los cancilleres a actuar de conformidad con la Carta de la OEA, la Carta Democrática Interamericana y los instrumentos internacionales de derechos humanos, haciendo uso del principio de garantía colectiva.
En su declaración, las instancias solicitaron tres medidas centrales a los Estados miembros. La liberación inmediata e incondicional de las personas detenidas por motivos políticos y el esclarecimiento de la suerte y el paradero de las personas desaparecidas.
El cese del cierre sistemático de organizaciones de la sociedad civil, medios de comunicación, universidades e instituciones religiosas, junto con la devolución de sus bienes; y el fin de la represión transnacional, el cese de la privación de la nacionalidad y la garantía de protección para los exiliados.
