Proponen a EEUU llevar la presión contra Ortega a las reservas del BCN, la deuda y los bancos

Estados Unidos prepara una nueva ofensiva contra la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo que podría alcanzar al Ejército de Nicaragua y las estructuras financieras que sostienen al régimen, en medio de denuncias sobre represión política, violaciones de derechos humanos, corrupción, persecución religiosa y manipulación electoral.

La presión incluye una propuesta bipartidista para ampliar las sanciones contra funcionarios de la dictadura y un planteamiento ante el Senado para extenderlas hacia las reservas del Banco Central, la nueva deuda soberana, el oro, los bancos y otros intermediarios financieros que permiten a la dictadura obtener recursos y sostener su aparato de poder.

El senador estadounidense Tim Kaine impulsa junto al republicano Ted Cruz una ley para ampliar las sanciones de Washington contra funcionarios de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo vinculados con abusos de derechos humanos, corrupción, persecución religiosa, manipulación electoral y represión política.

En el encuentro, el ex candidato presidencial Juan Sebastián Chamorro planteó ante el Senado ampliar la presión económica sobre el régimen más allá de las sanciones individuales y apuntar a las fuentes que le permiten obtener divisas y financiamiento. Entre las opciones mencionó las reservas del Banco Central, nueva deuda soberana, el oro, bancos e intermediarios financieros.

Durante su comparecencia ante el Subcomité del Hemisferio Occidental del Comité de Relaciones Exteriores, Chamorro planteó tres áreas adicionales de presión: los activos de reserva del BCN, la nueva deuda y los títulos emitidos por el régimen, y las empresas, sectores e intermediarios financieros que proporcionan ingresos o acceso a los mercados internacionales.

Poner las reservas bajo la lupa

Entre los mecanismos legales es que Estados Unidos restrinja las transacciones relacionadas con activos de reserva del Banco Central que se encuentren bajo jurisdicción estadounidense o sean manejados por personas sujetas a las leyes de ese país.

Chamorro mencionó como precedentes las medidas adoptadas por Washington contra activos de los bancos centrales de Rusia y Venezuela.

El alcance potencial de una medida de este tipo cobra relevancia por el crecimiento de las reservas nicaragüenses. El BCN cerró 2025 con US$8.324,8 millones en reservas internacionales brutas y, según los datos citados durante la audiencia, al finalizar agosto de 2026 el monto había ascendido a US$9.990 millones.

Ese colchón financiero, según los argumentos expuestos ante los senadores, proporciona al régimen mayor capacidad para resistir las consecuencias inmediatas de una eventual escalada de presión económica.

Hay herremientas para presionar

El senador Tim Kaine, por su parte, defendió la necesidad de utilizar esas herramientas durante la audiencia del Senado estadounidense sobre la crisis política de Nicaragua, celebrada bajo el título “La crisis política de Nicaragua: el ataque de Ortega contra la democracia”.

“Tenemos herramientas que deberíamos estar utilizando para presionar a quienes violan los derechos humanos de otras personas”, afirmó el senador.

La iniciativa, denominada Restoring Electoral Fairness and Opposition Rights Through Mandates of Accountability Act, conocida como Reforma Act, busca renovar y ampliar las sanciones contra funcionarios nicaragüenses vinculados con la represión y el deterioro democrático.

Durante la misma audiencia, Eddy Acevedo, vicepresidente de Política y Relaciones Gubernamentales de la National Endowment for Democracy (NED), presentó un panorama de la situación nicaragüense que refuerza los argumentos para mantener la presión internacional sobre Managua.

Rusia proveedor de armas al Ejército

En su testimonio escrito, Acevedo señaló que el régimen Ortega-Murillo ha profundizado sus relaciones con Rusia y China en áreas militares, de inteligencia, infraestructura y comercio. Afirmó que Rusia es proveedor de armas de Nicaragua, mantiene un centro de entrenamiento policial en Managua y una estación terrestre satelital, mientras China ha ampliado su presencia económica y de infraestructura.

El funcionario también advirtió que Nicaragua representa una preocupación para Estados Unidos por su posición geográfica y por sus crecientes vínculos con adversarios de Washington. En su testimonio describió al país como una fuente persistente de inestabilidad regional.

Acevedo recordó además la represión desatada después de las protestas de 2018, que dejó más de 350 personas asesinadas, más de 2.000 heridas y más de 2.000 detenidas arbitrariamente, según los datos citados en su declaración.

El testimonio también recoge las reformas constitucionales impulsadas por Ortega y Murillo. Acevedo señaló que el régimen avanzó este mes con cambios que, según su declaración, prohibirían partidos opositores, ampliarían de seis a siete años los períodos presidenciales y retrasarían las próximas elecciones generales hasta 2029.

La presión a las fuentes de recursos

Uno de los argumentos centrales expuestos en Washington es que las medidas de presión deben alcanzar las estructuras que permiten a la dictadura mantener su aparato de control y represión.

Acevedo ya había defendido públicamente la imposición de sanciones dirigidas contra Ortega y contra personas del sector privado que, según su planteamiento, ayudan al régimen a lavar dinero y alimentar redes de corrupción.

El funcionario sostuvo que el régimen ha utilizado la represión para eliminar medios independientes, organizaciones de la sociedad civil y voces opositoras. Según su testimonio, durante los últimos ocho años fueron cerradas cerca de 5.700 organizaciones no gubernamentales y más de 60 medios de comunicación.

También citó el informe del Grupo de Expertos en Derechos Humanos de Naciones Unidas publicado el 21 de septiembre, según el cual fueron verificados 161 casos de desaparición forzada y documentados ocho casos de personas detenidas por razones políticas que murieron bajo custodia después de sufrir atención médica inadecuada, condiciones insalubres y/o tortura.

Sancionar el oro

La audiencia coloca nuevamente las sanciones contra la dictadura Ortega-Murillo dentro del debate sobre la respuesta de Estados Unidos ante la crisis nicaragüense, mientras la iniciativa S.5369 continúa su trámite en el Congreso estadounidense.

Gil Guerra, investigador del Hudson Institute y otro de los comparecientes ante el Senado, fue todavía más lejos y pidió impulsar una prohibición de las importaciones estadounidenses de oro nicaragüense.

Según los datos que presentó, el oro generó cerca de US$2.000 millones en 2025 y las importaciones estadounidenses durante los primeros siete meses de 2026 ya superaron las de todo el año anterior.

Guerra también propuso que Washington busque medidas similares de Canadá y Suiza y que se estudien restricciones a las cuentas corresponsales estadounidenses de bancos extranjeros que procesen pagos procedentes de ventas de oro que beneficien a personas vinculadas con corrupción o represión.