Brasil intenta frenar el plan de la OEA contra la dictadura: Pide eliminar sanciones y optar por un “diálogo de buena voluntad”

La negociación del proyecto de resolución que se someterá a votación el próximo 2 de octubre en la Organización de los Estados Americanos (OEA) ha entrado en una intensa fase de disputa diplomática. El Gobierno de Brasil, encabezado por Luiz Inácio Lula da Silva —que previamente votó en contra de convocar la Reunión de Consulta de Cancilleres—, presentó un paquete de enmiendas que busca modificar sustancialmente el texto original y eliminar las advertencias de acciones colectivas y sanciones en bloque contra la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo.

El documento publicado en la web de la OEA, que servirá como la “hoja de ruta” de debate entre los ministros de Exteriores, expone las profundas diferencias entre los países del bloque. Mientras el texto base patrocinado por Estados Unidos, Colombia y Perú propone un mecanismo de presión escalonado con plazos de 30 y 45 días para evaluar medidas en los frentes político, económico y financiero, las enmiendas brasileñas apuntan a desmantelar esa amenaza para sustituirla por un esquema de mediación sin consecuencias punitivas.

La proposición de enmiendas forma parte del procedimiento multilateral ordinario de la OEA y no implica que los ajustes de Brasil vayan a ser aprobados. El borrador original de Estados Unidos, Perú y Colombia mantiene un amplio respaldo político entre la mayoría de las delegaciones.

El giro de Brasil: Fuera sanciones y fuera el Grupo Ministerial

El cambio sustancial propuesto por Brasil radica en la sección operativa del texto. La delegación brasileña plantea suprimir el “Grupo Ministerial de Seguimiento” integrado por cancilleres de la región que tiene el mandato explícito de elaborar opciones de “acción colectiva gradual” en los ámbitos diplomático, económico e institucional.

En su lugar, Brasil propone la creación de un “Grupo de Personas Eminentes para Nicaragua”, compuesto por entre tres y cinco ex jefes de Estado o ex cancilleres para que actúen “a título personal”. 

Según la propuesta brasileña, el objetivo de este grupo no sería evaluar el cumplimiento de exigencias ni preparar sanciones, sino “entablar un diálogo con las autoridades nicaragüenses y con todo el espectro de los sectores políticos” para acordar una “hoja de ruta basada en la buena voluntad” y el consenso. Brasilia propone esa mediación entre dictadura y oposición a sabiendas que las principales figuras disidentes se encuentran en el exilio.

Asimismo, Brasil pide suprimir completamente las referencias a las consecuencias económicas o financieras en caso de intransigencia del régimen, un viraje que algunos críticos y opositores nicaragüense han calificado como una maniobra para restarle impacto a la reunión.

El bloqueo a la cláusula sobre Rusia y China

Otro de los puntos más controvertidos del debate es que exige al régimen de Managua el “retiro inmediato del personal de seguridad, la tecnología, los medios y las instalaciones procedentes de fuera del Hemisferio” —en referencia directa a la presencia militar y de inteligencia de potencias como Rusia y China—.

En la negociación de enmiendas, Brasil, Belice y Uruguay unieron posturas para solicitar la eliminación total de esa exigencia. Belice propone en su lugar un texto suavizado que solo pida “abstenerse de implementar políticas que puedan amenazar la seguridad hemisférica”, mientras que Uruguay vira el enfoque hacia un “diálogo constructivo” y el restablecimiento de la cooperación con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

La contraparte: Canadá exige denunciar torturas y represión transnacional

En el extremo opuesto a la postura moderadora de Brasil, la delegación de Canadá presentó enmiendas destinadas a endurecer de forma contundente la condena contra la dictadura.

Canadá propone incluir explícitamente el reclamo por “el uso frecuente y autorizado por el Gobierno de la tortura”, la tipificación formal de la “conversión de personas en apátridas” y la denuncia abierta del “empleo de tácticas de represión transnacional contra disidentes en el extranjero” por parte de los operadores del régimen.

Además, la representación canadiense impulsa la creación de un mecanismo para que la OEA resguarde y documente activamente las pruebas de crímenes de lesa humanidad y abusos de derechos humanos para garantizar futuras rendiciones de cuentas ante la justicia internacional.

El intento de Brasil por suavizar el texto contrasta fuertemente con la postura del propio Secretario General de la OEA, Albert R. Ramdin, quien ha insistido que si los cancilleres del continente se reúnen en una cita de este nivel, debe ser para acordar e implementar medidas y acciones colectivas concretas, y no para emitir simples declaraciones o llamados al diálogo que la dictadura de Ortega y Murillo pueda ignorar sin costo alguno.

La sesión de este viernes en Washington determinará si se impone la línea dura de acción colectiva con plazos definidos o si la mediación sin sanciones planteada por Brasil frena la presión hemisférica sobre Managua.