Ultimátum de la OEA: Cancilleres darán 30 días a Ortega y Murillo antes de activar “acciones colectivas”
Ante la expectativa acumulada sobre qué acciones concretas adoptarán los gobiernos del continente frente al deterioro democrático en Nicaragua, los cancilleres de los países miembros de la Organización de los Estados Americanos (OEA) abordarán este viernes 2 de octubre una propuesta estructurada con plazos definidos y mecanismos operativos claros. El proyecto de resolución —presentado formalmente por las delegaciones de Estados Unidos, Colombia y Perú— propone dar un plazo de 30 días a la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo para entablar un diálogo y dar cumplimiento a una lista de demandas verificables, bajo la advertencia de activar “acciones colectivas” en caso de incumplimiento.
El documento, titulado “La situación en Nicaragua y su consideración colectiva continua”, busca someter a votación de los cancilleres un plan paso a paso que define con precisión cómo se va a ejecutar la presión diplomática e institucional.
Si la resolución resulta aprobada durante la Trigésima Primera Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores, el primer paso será la creación de un “Grupo Ministerial de Seguimiento sobre Nicaragua”. Este grupo estará integrado por Estados miembros designados por la Presidencia con “representación geográfica equitativa” y el apoyo de la Secretaría General.
El mandato del Grupo Ministerial establece de forma explícita: “Buscar un diálogo rápido y directo con las autoridades nicaragüenses, incluso mediante una posible visita a Nicaragua encabezada por Ministros de Relaciones Exteriores”.
El mecanismo impone un límite de tiempo estricto: la resolución ordena encomendar al Grupo Ministerial que “presente su informe inicial y sus recomendaciones a la Presidencia en un plazo de treinta días”.
El texto aclara categóricamente que “cualquier iniciativa emprendida en virtud de este mandato deberá tener un plazo determinado y no deberá retrasar la consideración de medidas colectivas adicionales”.
Las exigencias al régimen
Durante esos 30 días, el Grupo Ministerial evaluará si las autoridades nicaragüenses adoptan “medidas inmediatas, concretas y verificables” sobre seis puntos centrales plasmados en el borrador.
Presos políticos: Poner en libertad de forma incondicional a todos los presos políticos y divulgar el paradero y el estado de todas las personas desaparecidas de forma forzada.
Nacionalidad y retornos: Restablecer la ciudadanía, los datos del registro civil y el derecho a regresar sin temor a represalias para al menos las 452 personas a las que el Gobierno nicaragüense habría desnaturalizado de forma arbitraria y posteriormente expulsado del país, incluidos líderes religiosos, clérigos y laicos.
Libertades e instituciones: Restablecer las libertades de expresión, asociación, religión y reunión pacífica, y permitir que medios independientes, organizaciones de la sociedad civil, universidades y cámaras de comercio disueltas “reanuden sus actividades; restablecer su estatuto jurídico y recuperar sus instalaciones, bienes y otros activos”.
Anulación de reformas: “Revocar los cambios constitucionales aprobados en 2025 y 2026 que desmantelaron aún más la democracia representativa y restablecer la independencia de las instituciones del Estado”.
Devolución de activos: Devolver las propiedades confiscadas arbitrariamente a personas, empresas, instituciones religiosas y medios de comunicación.
Seguridad continental: Retirar de Nicaragua el personal de seguridad, la tecnología, los medios y las instalaciones procedentes de fuera del Hemisferio cuya presencia o actividades amenacen la paz y la seguridad hemisféricas, y poner fin a los acuerdos de seguridad y defensa relacionados.
Evaluaciones y acciones colectivas en 45 días
Si el régimen ignora el llamado al diálogo o se niega a cumplir con las exigencias en el período fijado, la resolución autoriza la activación de la siguiente fase.
“Mantener abierta la Trigésima Primera Reunión de Consulta y autorizar a su Presidencia a volver a convocarla en un plazo de 45 días, o antes si las circunstancias lo justifican, para considerar el informe del Grupo y adoptar las medidas adicionales que sean oportunas”.
Es en esa instancia donde el Grupo de Seguimiento presentará las opciones diseñadas para la presión multilateral. Según el borrador, el grupo tiene el encargo de “elaborar opciones para una acción colectiva gradual y coordinada en los ámbitos diplomático, político, económico, financiero e institucional multilateral”.
Cómo se llegó a este punto
La Cumbre de Cancilleres se produce como resultado de una escalada de acciones del régimen que incluyen la expulsión y despojo de nacionalidad a cientos de opositores, la confiscación masiva de universidades, bienes privados y ONGs, la persecución sistemática contra la Iglesia Católica, y las reformas constitucionales concretadas entre 2025 y 2026 que terminaron de liquidar la separación de poderes en el país.
Ante la ineficacia de las declaraciones anteriores del Consejo Permanente, la OEA acordó elevar el caso al máximo nivel de decisión política, la Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores.
En los considerandos del proyecto, las delegaciones expresan estar: “Profundamente preocupados por el continuo desmantelamiento de la democracia representativa en Nicaragua”.
Resaltan la represión sistemática impuesta por el Estado, las detenciones arbitrarias y las desapariciones forzadas, la desnacionalización y el exilio forzoso, la confiscación de bienes, la opresión de la libertad religiosa, de los medios de comunicación independientes, de la sociedad civil y de las asociaciones del sector privado.
Asimismo, el documento enfatiza que “muchos de esos actos, prácticas y políticas tienen efectos extraterritoriales que amenazan la paz y la seguridad del Hemisferio” y reconoce “la necesidad de una respuesta hemisférica urgente, precisa y coordinada, que incluya una intervención diplomática con plazos definidos”.
Para la oposición nicaragüense, el establecimiento explícito de plazos le da un sentido de urgencia a la gestión internacional. El opositor Juan Sebastián Chamorro, del partido Ciudadanos por la Libertad (CxL), explicó que el texto funciona como una notificación formal previa antes de escalar a medidas coercitivas.
“Es una advertencia de la OEA a los dictadores para decirles que aún les queda poco tiempo para emprender estas acciones; de lo contrario, estas medidas graduales propuestas por el Grupo creado por esta resolución van a empezar a tomar efecto”, afirmó Chamorro.
El próximo 2 de octubre, la votación de los cancilleres determinará si este proyecto obtiene el respaldo definitivo para poner en marcha el reloj diplomático de 30 días.
