Senado español insta a Pedro Sánchez a revisar relaciones con la dictadura de Nicaragua y sumarse a la presión internacional

La Comisión de Asuntos Iberoamericanos del Senado de España aprobó una moción que insta al Gobierno de Pedro Sánchez a revisar el nivel de las relaciones políticas y diplomáticas con Nicaragua y promover, junto con sus socios europeos y americanos, una estrategia de presión contra el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.

La iniciativa, promovida por el Grupo Parlamentario Popular, fue aprobada durante la sesión del jueves 24 de septiembre con 18 votos a favor y nueve abstenciones, según los reportes de la sesión.

El texto plantea medidas puntuales: revisar las relaciones políticas y diplomáticas que España mantiene con Nicaragua, priorizar el apoyo a la sociedad civil, las víctimas de la represión y los actores democráticos dentro y fuera del país, y anticipar la posición que España sostendrá frente al régimen.

Asimismo, contempla un pedido de condena a “la deriva autoritaria del régimen Ortega-Murillo”, la nulidad de las reformas constitucionales de 2025 y “el proyecto de suprimir indefinidamente las elecciones competitivas en Nicaragua”, algo que ya fue aprobado en primera legislatura.

La iniciativa respaldada por la comisión española fue redactada bajo la premisa de que el mandato de Ortega y Murillo concluye el 10 de enero de 2027 y exige que antes de esa fecha se convoquen elecciones “libres, competitivas y transparentes”, supervisadas por observadores internacionales independientes. No obstante, esa exigencia choca con la decisión del régimen de prolongar los mandatos y suprimir las elecciones previstas.

Si para enero de 2027 no se celebran elecciones “libres, competitivas y transparentes” en Nicaragua, el Senado plantea que Ortega y Murillo pasarían de encabezar un Gobierno “de origen ilegítimo” a convertirse en “usurpadores absolutos del poder, sin base jurídica ni democrática de ningún tipo”.

Durante la defensa de la iniciativa, la senadora del PP Isabel Moreno resumió el argumento de la moción en una advertencia: “Los países no se heredan, los pueblos no tienen dueño y ninguna familia tiene derecho a cercenar las libertades de su pueblo”.

“Un régimen monárquico disfrazado de república”

En la exposición de motivos de la iniciativa, el Grupo Popular sostiene que Ortega y Murillo han concentrado el poder político y afirma que ocho de sus nueve hijos ocupan posiciones “en el aparato del Estado, en los negocios familiares o en los mecanismos de propaganda y represión”.

El documento describe la copresidencia establecida por la reforma constitucional como la “formalización jurídica de una dinastía” y llega a caracterizar el sistema resultante como un “régimen monárquico disfrazado de república”.

Moreno profundizó en ese argumento durante el debate al definir el sistema construido por Ortega y Murillo como “una dictadura con vocación dinástica y apariencia de constitucionalidad”. “Una dictadura que recoge una Constitución no la convierte en democracia”, sostuvo.

El texto también advierte de que el régimen ha profundizado su “alineamiento estratégico con Rusia y China” y sostiene que se sirve de tecnologías de vigilancia de esos países “para el control de la población civil”.

El Senado pide definir la relación de España con Managua

Además del llamado al Ejecutivo español a “revisar el nivel de las relaciones políticas y diplomáticas de España con el régimen nicaragüense”, el Senado le reclama que promueva, junto con sus socios europeos y americanos, una “posición común de condena y de presión diplomática sostenida” en la Unión Europea, la Organización de Estados Americanos (OEA) y otros organismos multilaterales.

Durante su intervención, Moreno dirigió esa exigencia directamente al Gobierno de Sánchez. “No más abrazos del presidente con dictadores”, reclamó. “Es inadmisible un silencio cómplice. Eso es complicidad”, agregó.

La moción también pide que España impulse en los organismos multilaterales condiciones democráticas “mínimas y verificables” para la participación plena de Nicaragua en la comunidad internacional.

Entre esas condiciones incluye la liberación inmediata de todos los presos políticos y el inicio de un proceso electoral genuino bajo supervisión internacional.

Crímenes de lesa humanidad y represión transnacional

Otro de los puntos aprobados plantea que España respalde ante los organismos internacionales competentes el reconocimiento de que en Nicaragua “se están cometiendo crímenes de lesa humanidad” y facilite la activación de los mecanismos de responsabilidad previstos por el Derecho Internacional.

La iniciativa pone especial atención en la persecución transnacional contra nicaragüenses que viven fuera del país, incluidos los residentes en España.

Asimismo, expresa solidaridad con los pueblos indígenas y afrodescendientes de la Costa Caribe y con las comunidades religiosas que considera perseguidas, mencionando expresamente a la Iglesia católica, la Iglesia Morava y otras confesiones cristianas.