ONU señala al régimen Ortega-Murillo por ocho muertes bajo custodia desde 2018
El régimen de Daniel Ortega es responsable de la muerte bajo custodia estatal, desde 2018, de ocho personas detenidas por motivos políticos, entre ellas su hermano Humberto Ortega y el líder indígena Brooklyn Rivera, concluye un informe de expertos de Naciones Unidas.
El documento del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua, presentado este martes ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, señala que los abusos documentados podrían constituir crímenes de lesa humanidad, entre ellos encarcelamiento, tortura, desaparición forzada y persecución por motivos políticos.
«Un Estado que recurre a las desapariciones forzadas y permite que las personas mueran bajo custodia no cumple las normas mínimas de derechos humanos exigidas para una gobernanza democrática creíble», señaló el presidente del grupo de expertos, el alemán Jan-Michael Simon.
El informe dedica un amplio capítulo a la muerte de Rivera, líder indígena miskito y fundador del partido político Yatama, quien permaneció detenido de forma arbitraria durante casi tres años, hasta que las autoridades declararon su fallecimiento el pasado 31 de mayo.
«El régimen de Nicaragua quitó a Rivera su libertad, luego su salud, y por último la vida», afirmó el húngaro Reed Brody, también miembro del grupo de expertos, quien señaló que las explicaciones ofrecidas sobre el fallecimiento del líder indígena están plagadas de inconsistencias.
Además, esas explicaciones «se ven empañadas por su negativa a permitir una autopsia independiente y por la prisa en enterrarlo antes incluso de que su familia pudiera despedirse de él», afirmó Brody.
«Anatomía de la crueldad estatal»
Respecto al caso de Humberto Ortega, fallecido bajo custodia en un hospital militar en septiembre de 2024, el grupo de expertos subrayó que no pudo verificar las circunstancias de su muerte, pero señaló que existen «serias preocupaciones» sobre si recibió atención sanitaria oportuna y adecuada.
El informe también recuerda que el exministro de Defensa y antiguo jefe del Estado Mayor nicaragüense, quien en sus últimos años fue crítico con el régimen de su hermano, permaneció detenido en régimen de incomunicación, una práctica que puede constituir trato cruel, inhumano o tortura.
Los otros fallecidos bajo custodia citados en el informe son Eddy Antonio Montes, Santos Sebastián Flores, Jorge Hugo Torres, José Modesto Solís, Mauricio Francisco Alonso y Carlos Cárdenas.
Sus muertes «son el resultado previsible de una serie de actos sistemáticos, deliberados y coordinados, ejecutados por la Policía Nacional, el Sistema Penitenciario Nacional, el Ministerio del Interior y el poder judicial», concluye el informe.
Los expertos también señalan que existen motivos razonables para creer que este aparato institucional opera bajo el control centralizado de los copresidentes Daniel Ortega y Rosario Murillo.
Al menos 29 desaparecidos siguen en paradero desconocido
El informe, titulado «Anatomía de la crueldad estatal», señala además que al menos 161 personas han sido víctimas de desaparición forzada a manos del régimen desde 2018 y que al menos 29 continúan en paradero desconocido.
Los expertos exhortaron al régimen de Ortega y Murillo a revelar el paradero de esas 29 personas, liberar a todos los detenidos por motivos políticos e investigar las muertes ocurridas bajo custodia estatal.
También pidieron devolver los restos de Rivera a su familia y a la comunidad miskita, y urgieron a la comunidad internacional a tomar medidas para garantizar la rendición de cuentas por los abusos denunciados, incluso mediante el uso de la jurisdicción penal universal.
Con información de Efe.
