CIDH activa alerta máxima: Bayardo Arce enfrenta riesgo de daños irreparables en La Modelo
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) elevó la alerta sobre la situación del ex asesor presidencial para asuntos económicos Bayardo Arce Castaño, al que el régimen mandó a encerrar en la cárcel de tortura La Modelo, al considerar que enfrenta una situación de «extrema gravedad y urgencia» y riesgo de «daños irreparables».
Según la CIDH el que fuera parte de los nueve poderosos comandantes de la Revolución, está confinado en aislamiento absoluto en condiciones deplorables: le limitan la comida y hasta el agua.
Ante la falta de medidas efectivas del régimen de Nicaragua para protegerlo, el organismo recurrió ahora a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
La CIDH pidió este 9 de septiembre a la Corte IDH ampliar las medidas de protección existentes en el caso Juan Sebastián Chamorro y otros para incluir a Arce y su grupo familiar. La solicitud también busca proteger a Efrén Antonio Vílchez López y Alain Piedra Hernández, quienes permanecen privados de libertad en La Modelo.
Los tres ya estaban bajo medidas cautelares de la CIDH. Arce y su familia las recibieron el 5 de abril de 2026; Vílchez López, el 16 de diciembre de 2024; y Piedra Hernández, el 24 de mayo pasado.
La Comisión sostiene que, pese a esas medidas y a las solicitudes de información enviadas al Estado de Nicaragua bajo el control del régimen, no ha recibido una respuesta que demuestre que se hayan adoptado acciones «idóneas y efectivas» para protegerlos.
Tampoco tiene constancia de acciones acordadas con los beneficiarios ni de medidas dirigidas a investigar y reducir los riesgos que enfrentan.
Condiciones «deplorables» en La Modelo
La preocupación de la CIDH está vinculada también con las condiciones en las que permanecen encarcelados Arce, Vílchez López y Piedra Hernández.
El organismo las describe como «deplorables» y señala que los tres enfrentan severas restricciones para comunicarse, limitaciones para recibir visitas y acceso insuficiente a alimentos, agua potable y atención médica especializada.
Ante la gravedad de la situación de Arce y la ausencia de medidas de protección, la Comisión decidió llevar la situación ante la Corte Interamericana.
El procedimiento supone elevar la protección solicitada. Lo que la Comisión busca ahora es que la Corte IDH amplíe las medidas provisionales vigentes en otro caso para proteger también a Arce, su familia, Vílchez López y Piedra Hernández.
Las medidas provisionales están reservadas para situaciones de «extrema gravedad y urgencia» en las que existe riesgo de daños irreparables. Si la Corte las concede, son de obligatorio cumplimiento para el Estado.
Bayardo Arce, del círculo de poder a La Modelo
Bayardo Arce es parte de la larga lista de antiguos integrantes del círculo de poder de Daniel Ortega que sin reparos han mandado a descarte, gran parte por órdenes de Rosario Murillo.
Bajo el ala del sandinismo, Bayardo Arce amasó una enorme fortuna y llegó a posicionarse como una de las figuras de mayor influencia en el empresariado nicaragüense.
Su poder económico tuvo sus raíces en la llamada Piñata Sandinista, el proceso de apropiación y traspaso de propiedades y recursos del Estado ocurrido tras la derrota electoral del Frente Sandinista en 1990, del que fue uno de sus principales promotores.
Durante décadas, esa riqueza no representó un problema para el poder. Arce fue empresario, banquero y, tras el regreso de Daniel Ortega a la Presidencia en 2007, se convirtió en su asesor para asuntos económicos y en uno de los arquitectos del modelo de alianza con el gran capital. Todo cambió cuando cayó en desgracia.
Para hacerle pagar sus cuentas políticas, el régimen tiró precisamente del historial de negocios y sociedades que durante años había tolerado. Tras detenerlo en julio de 2025, la justicia controlada por Ortega y Murillo lo sometió a un proceso secreto y lo declaró culpable de lavado de activos en la modalidad de defraudación al Estado.
Según la sentencia divulgada posteriormente por la Procuraduría del régimen, Arce y su asistente Ricardo Bonilla Castañeda utilizaron una estructura de 49 sociedades mercantiles —35 de ellas destinadas, según la acusación, a mover dinero—, testaferros, cuentas bancarias, préstamos ficticios y transferencias hacia Panamá y las Islas Vírgenes Británicas para ocultar y movilizar fondos procedentes de evasión fiscal.
El régimen atribuyó a esa estructura operaciones por 2.713 millones de dólares y 82.344 millones de córdobas. La paradoja es que las autoridades presentaron como una gigantesca trama criminal las operaciones del hombre que fue uno de los nueve comandantes de la Dirección Nacional del Frente Sandinista después de 1979, quien durante décadas acumuló poder político y económico dentro del propio sandinismo sin que sus negocios fueran perseguidos por el Estado.
Ahora, mientras permanece encarcelado en La Modelo, la CIDH considera que su situación y la de los otros dos detenidos reúne condiciones de «extrema gravedad y urgencia» y ha recurrido a la Corte Interamericana ante la falta de una respuesta estatal que demuestre que los riesgos hayan sido mitigados.
