Giro en el caso del hijo del diputado sandinista: Fiscalía los acusa de pertenecer a una red narco que mueve droga entre Costa Rica y Honduras

Nuevos detalles han salido a la luz en torno a la captura de Vidckar José Osorno Naar, de 44 años, y su medio hermano Renán Cortez Naar, de 48, hijo e hijastro respectivamente del diputado suplente del Frente Sandinista por la Costa Caribe Norte, José Osorno López. Según la acusación presentada por el Ministerio Público, ambos pertenecen a una estructura de crimen organizado denominada por la Policía como “Arrechavala”, dedicada al traslado bimensual de cargamentos de droga desde Costa Rica hacia Honduras.

A diferencia de otros operativos contra la narcoactividad —que suelen ser promocionados masivamente en los medios del régimen—, la Policía ha guardado hermetismo total sobre la desarticulación de esta banda y la captura de los familiares del diputado sandinista.

Sin embargo, los pormenores del expediente fueron expuestos durante la audiencia preliminar celebrada el pasado jueves 3 de septiembre ante el juez Rolando Salvador Sanarrusia, titular del Juzgado Sexto de Distrito Penal de Audiencias de Managua. En la cita, la Fiscalía formalizó cargos por los delitos de crimen organizado y transporte ilegal de estupefacientes.

La logística de la red transnacional

De acuerdo con la relación de hechos expuesta por la Fiscalía, uno de los procesados era el encargado de coordinar las entregas directamente con los enlaces del grupo criminal en territorio costarricense. Una vez que los cargamentos ingresaban a suelo nicaragüense, los hermanos asumían la custodia de la mercancía.

Posteriormente, según el Ministerio Público, Vidckar Osorno Naar —abogado de profesión— ejecutaba la fase final de la logística trasladando la droga hacia la frontera con Honduras.

Ambos fueron arrestados en el municipio de Waspam (Costa Caribe Norte), una zona donde la familia del diputado Osorno ejerce un notable peso económico mediante la propiedad de establecimientos comerciales, agencias de remesas y una concesión de venta de combustible.

Prisión preventiva

Pese a señalamientos de la defensa sobre supuestas irregularidades en la fecha de detención y la falta de precisión de los hechos, el juez Rolando Sanarrusia desestimó los reclamos y sostuvo que la acusación cumplía con los requisitos legales al ser “clara, precisa, específica y circunstanciada” e individualizar la participación de los señalados.

El judicial admitió formalmente la causa, decretó la medida cautelar de prisión preventiva para ambos procesados y programó la audiencia inicial para el próximo 24 de septiembre.