Sin jueces y sin juicio: parálisis judicial en Granada y Río San Juan

Los procesos penales se acumulan sin fecha de juicio en Granada y Río San Juan. La falta de jueces en los tribunales de ambos departamentos ha paralizado las audiencias, incrementado el rezago de expedientes y prolongado la prisión preventiva de acusados más allá de los plazos establecidos por la ley.

Familiares de detenidos y víctimas de distintos delitos confirmaron a DESPACHO 505 que el Juzgado de Distrito Penal de Juicio de Granada permanece acéfalo desde hace 20 meses. En San Carlos, cabecera de Río San Juan, esperan desde hace nueve meses el nombramiento de un nuevo titular.

El tribunal de Granada quedó sin juez el 18 de diciembre de 2024, después de la destitución de Luis Roberto Gómez Cubillo. El funcionario apenas permaneció cinco meses en el cargo: había sido nombrado en julio de ese mismo año para sustituir a la jueza sandinista Marvia Arias Bermúdez, apartada durante la purga ordenada por Rosario Murillo en el Poder Judicial.

En San Carlos, los juicios comenzaron a suspenderse uno tras otro en diciembre de 2025, cuando el juez Edmundo Leiva Argüello fue separado del cargo por causas que todavía no han sido explicadas. Desde entonces, el tribunal continúa sin titular.

Fiscalía pide suspensión de los plazos legales

Ante la parálisis, abogados defensores han presentado escritos para solicitar el impulso de los procesos. La Fiscalía, por su parte, ha pedido que se interrumpan los plazos legales alegando razones de fuerza mayor.

“Las únicas peticiones que encuentran respuesta son las de la Fiscalía, pese a que es el Estado el que incumple su obligación de nombrar y garantizar la presencia de los jueces. En estos casos, el argumento de la fuerza mayor para suspender las audiencias no tiene cabida”, explicó un abogado conocedor de los procesos.

La ausencia de jueces no solo ha provocado una creciente acumulación de expedientes. También mantiene en prisión preventiva a personas cuyos procesos han superado los plazos legales, una situación que el jurista considera contraria a derecho.

La legislación nicaragüense establece un plazo máximo de seis meses para concluir los procesos penales cuando el acusado permanece detenido. Sin embargo, la falta de titulares en estos juzgados ha dejado causas abiertas durante períodos superiores, sin que exista certeza sobre la reanudación de los juicios.

“El estancamiento de los procesos por falta de jueces viola el derecho al debido proceso y perjudica tanto a los acusados como a las víctimas”, concluyó el abogado.