Régimen aprobará en septiembre reforma para excluir a opositores de las elecciones
El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo prevé aprobar en septiembre, durante la primera legislatura de la Asamblea Nacional, una reforma parcial a la Constitución que impedirá participar en procesos electorales a los opositores desnacionalizados y declarados «traidores a la patria», una iniciativa que surge días después de que Ortega anunciara que en Nicaragua «no volverá a haber elecciones» como las conocidas hasta ahora.
La reforma será discutida y aprobada por una Asamblea Nacional controlada totalmente por el oficialismo. Según anunció este lunes la codictadora Rosario Murillo, el proyecto será sometido previamente a un proceso de consultas con distintos sectores antes de su votación en los primeros días de septiembre.
«Estamos realizando consultas con todos los sectores para presentar la reforma en la primera legislatura de septiembre», afirmó Murillo a través de los medios de propaganda del régimen, sin ofrecer mayores detalles sobre el contenido de la iniciativa.
Buscan blindar el nuevo modelo electoral
La propuesta comenzó a tomar forma después de que Ortega afirmara, durante el acto del 46 aniversario de la Revolución Sandinista, que en Nicaragua «no volverán a haber elecciones para que por allí intenten ellos (la oposición) atrapar el Gobierno, atrapar el poder».
Días después, el presidente de la Asamblea Nacional, Gustavo Porras, intentó matizar esas declaraciones al asegurar que sí habrá elecciones, pero bajo un nuevo marco constitucional que impida la participación de quienes el régimen considera «traidores a la patria» y evite cualquier «injerencia extranjera».
Aunque las autoridades no han divulgado el texto de la reforma, el discurso oficial apunta a modificar las reglas electorales para excluir definitivamente de cualquier proceso político a los más de 300 nicaragüenses despojados de su nacionalidad desde 2023, así como a otros opositores sancionados bajo leyes aprobadas por el oficialismo.
Consultas con diplomáticos e instituciones del Estado
Como parte del proceso, los diputados oficialistas iniciaron este lunes una ronda de consultas con embajadores acreditados en Nicaragua, a quienes explicaron los objetivos de la reforma constitucional.
Murillo indicó que esperan conocer los resultados de ese primer encuentro «respetuoso con la comunidad diplomática que vive y trabaja en Nicaragua».
En los próximos días, la Asamblea también sostendrá reuniones con representantes de la Corte Suprema de Justicia, el Ejército de Nicaragua y la Policía Nacional, instituciones que permanecen bajo el control del Ejecutivo.
La propuesta aumenta el aislamiento internacional
El anuncio de Ortega sobre eliminar las elecciones generó una ola de condenas internacionales.
Estados Unidos, Costa Rica, Panamá —que retiró a su embajador en Managua—, Guatemala, República Dominicana, Chile, Brasil, Perú, Uruguay, Bolivia y la Unión Europea expresaron su rechazo a las declaraciones del mandatario. También lo hicieron el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Alberto Ramdin, y el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, quienes advirtieron que la medida representa un nuevo deterioro del sistema democrático nicaragüense.
La reforma constitucional sería la siguiente etapa del proceso de concentración de poder impulsado por el régimen, que en febrero de este año reformó la Constitución para instaurar la figura de la copresidencia, ampliar las facultades del Ejecutivo y consolidar el control político sobre los demás poderes del Estado.
