EE.UU. acusa al régimen de aprobar reformas para controlar, congelar activos y perseguir organizaciones
Estados Unidos se pronunció en contra del paquete de reformas aprobado a inicios de esta semana por la Asamblea Nacional para ampliar las facultades de la Unidad de Análisis Financiero (UAF). Los cambios, según la Administración Trump, no están dirigidos a combatir el crimen como ha pretendido proyectar el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, sino a ampliar los mecanismos de control político sobre la sociedad nicaragüense.
En un pronunciamiento difundido por la Oficina para Asuntos del Hemisferio Occidental, Washington afirmó que Murillo y Ortega están «institucionalizando la represión una vez más» y advirtió que el verdadero objetivo de la reforma es fortalecer las herramientas para perseguir a quienes el poder considera una amenaza.
«El mundo ve claramente a través de estas ‘reformas’, diseñadas no para proteger a los ciudadanos de la actividad criminal, sino para controlar aún más a la sociedad civil, congelar activos y criminalizar cualquier negocio u organización que los dictadores consideren una amenaza o que busquen saquear», señaló.
Mayor vigilancia y control sobre personas y organizaciones
Las reformas aprobadas amplían las facultades del Estado para intervenir cuentas bancarias, inmovilizar bienes y endurecer las sanciones vinculadas a delitos catalogados como terrorismo, financiamiento al terrorismo o amenazas a la seguridad nacional.
Las nuevas disposiciones han despertado preocupación entre organismos de derechos humanos y juristas, que advierten que la discrecionalidad de algunos conceptos podría facilitar su uso contra organizaciones civiles, empresas, medios de comunicación independientes y opositores políticos.
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Para Washington, las reformas encajan en un patrón que ha caracterizado al régimen en los últimos años: el uso de instrumentos legales para consolidar el poder y reducir los espacios de autonomía de la sociedad.
Con estas reformas también se modificó el Código Penal para establecer que cualquier acto que altere gravemente el orden público será tipificado y castigado como terrorismo.
Con esto, se elimina el criterio legal de que deba existir una ruptura constitucional o intenciones delictivas complejas. En la práctica, permite criminalizar e imputar este delito grave a cualquier protesta social, manifestación civil o crítica pública.
