ONU alerta: Vilma Núñez, de 87 años, bajo severas restricciones como la única apátrida que permanece en Nicaragua

Un mes antes de ser declarada apátrida, la doctora Vilma Núñez tenía un único deseo: vivir la caída de la dictadura. A pesar de sus 83 años, el incremento del asedio en su contra ya la obligaba a medir sus desplazamientos y declaraciones públicas, pero seguía convencida de que Nicaragua recuperaría la democracia.

«Ojalá la vida me alcance para celebrar juntos el triunfo de la democracia en Nicaragua», dijo en una nota de audio que envió a DESPACHO 505 que cumplía cuatro años reportando Nicaragua desde el exilio.

«Con lo único que la dictadura nos ha dejado es con la denuncia pública», subrayó.

La histórica defensora de derechos humanos, curtida por la experiencia de haber enfrentado dos dictaduras a lo largo de su vida, reiteró una vez más su decisión de no callar frente a los abusos de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Llegó a decir que sólo la callarían muerta.

Un mes después, en febrero de 2023 el régimen consumó uno de los castigos más severos contra sus críticos: la apatridia

El caso de la doctora Núñez es de especial interés porque es la única de los ciudadanos declarados apátridas que permanece dentro de Nicaragua, señaló en el Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua de Naciones Unidas en un l informe presentado este jueves 18 de junio.

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Los investigadores identificaron el caso de la defensora como uno de «especial preocupación» porque es la única persona arbitrariamente desnacionalizada que continúa viviendo dentro del territorio al que legalmente no pertenece.

«Al finalizar este documento, era la única persona arbitrariamente desnacionalizada que seguía viviendo en Nicaragua en una situación de apatridia in situ», señala el informe.

La referencia aparece en un apartado dedicado a las consecuencias que han enfrentado las víctimas de las desnacionalizaciones ordenadas por el régimen desde febrero de 2023. Según los expertos, la situación de Núñez ilustra el impacto que estas medidas tienen sobre el ejercicio de derechos fundamentales.

El informe recuerda que la abogada, actualmente de de 87 años, representó a la hija de Rosario Murillo, Zoilamérica Narváez Murillo ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en 2001,l. También documenta que desde que fue despojada de su nacionalidad enfrenta «severas restricciones» para ejercer múltiples derechos.

Entre ellos menciona limitaciones relacionadas con el acceso a la salud, la seguridad social y la participación en la vida pública, derivadas de la pérdida de la protección jurídica y de las garantías asociadas a la nacionalidad.

La ONU considera que estas afectaciones son consecuencia directa de una privación arbitraria de nacionalidad, una práctica que los expertos han señalado reiteradamente como parte de la estrategia represiva desplegada por el régimen contra opositores, defensores de derechos humanos, periodistas y voces críticas.

Para Núñez, sin embargo, la condena no ha significado el exilio. A diferencia de la mayoría de los desnacionalizados, permanece en Nicaragua. El informe destaca precisamente esa singularidad: haber sido convertida en apátrida sin abandonar el país, una situación que la ONU considera motivo de especial preocupación.