De rotondear a financiar al FSLN: la escalada de abusos a los empleados públicos
Cada mes, antes del día de pago, decenas de empleados públicos son alineados para la foto: unos sostienen “abanicos” de dinero en efectivo y otros son forzados a sonreír frente a las cámaras exhibiendo billetes. Las imágenes luego son difundidas en los medios de propaganda para proyectar el salario no como un derecho laboral, sino como un favor político concedido por el que Rosario Murillo llama «el buen gobierno».
El salario -una compensación por trabajo- es exhibido por el régimen como si fuera un regalo, una concesión política o un acto de generosidad. Bajo esa misma lógica, decidió ahora meterle la mano directamente al bolsillo de los trabajadores del Estado. Sin consultarles, impuso una tabla de deducciones salariales de entre el 5% y el 10% para financiar al Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN).
Se trata de la medida más reciente de una cadena de abusos impulsada por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo para aumentar el control político sobre los empleados públicos y engrosar las arcas de su partido.
El nuevo «cobro rojinegro» no surge de manera aislada. Se suma a una serie de imposiciones que han desmantelado derechos conquistados por la clase obrera en Nicaragua y que comenzaron con el paquetazo de reformas a la seguridad social de abril de 2018, que afectaba a los jubilados y detonó la Rebelión de Abril.
Tras reprimir las protestas e instaurar un estado policial, el régimen avanzó con las reformas. Se trata del más dañino paquetes de medidas para los trabajadores que, entre otras cosas impuso el incremento de las cotizaciones al Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS) y el recorte de beneficios sociales.
A ello se suman cambios legales que imponen la reducción de indemnizaciones por antigüedad como «castigo» por renunciar, los despidos masivos en el Estado y la utilización del empleo público como mecanismo de control político y favor partidario.
Lo que comenzó con jornadas obligatorias de “rotondeo”, marchas y actividades partidarias escaló al punto de meter la mano en el salario de los empleados para financiar al FSLN.
“Se trata de la profundización de un modelo de control político sobre miles de empleados y que, en el caso de las reformas, alcanza a toda la clase trabajadora. Es un perjuicio monumental. Obviamente, la situación de los empleados públicos es crítica porque al daño económico se suma la humillación de ser obligados a participar en actividades partidarias bajo amenazas, incluso durante fines de semana o en horario laboral”, comentó bajo anonimato un exdirigente sindical.
Las nocivas reformas de 2019: salarios y pensiones a menos
El 1 de febrero de 2019 entraron en vigor las reformas al Reglamento General de la Ley de Seguridad Social del INSS, un paquete de medidas que incrementó las cargas económicas sobre los trabajadores y redujo significativamente el monto de las futuras pensiones.
En primer lugar, el régimen aumentó las aportaciones laborales del 6.25% al 7% afectando de manera directa los sueldos. Además, modificó la fórmula utilizada para calcular las jubilaciones para mermar el pago a los futuros retirados por edad.
Para calcular la jubilación, el INSS estableció como referencia los salarios de las últimas 375 semanas cotizadas —equivalentes a unos 7.2 años de vida laboral— y no las 250 semanas, aproximadamente cinco años, como se hacía anteriormente.
El resultado fue una caída de hasta un 30% en las nuevas jubilaciones.
Además, las nuevas pensiones dejaron de contar con mantenimiento de valor vinculado al deslizamiento anual del córdoba frente al dólar, que hasta entonces se ajustaba en un 5% anual.
Otra de las medidas impuestas fue la eliminación del salario máximo cotizable. Hasta antes de la reforma, el techo era de 96,841 córdobas mensuales, pero a partir de los cambios todos los asalariados comenzaron a cotizar en función de su salario real.
Las reformas también golpearon al sector empresarial. Las empresas con más de 50 trabajadores pasaron de pagar el 19% al 22.5% en cotizaciones patronales, mientras que aquellas con hasta 50 empleados incrementaron su aporte al 21.5%.
Este paquetazo fue impuesto en medio de la crisis económica derivada de la Rebelión de Abril de 2018, detonada precisamente por las primeras reformas al seguro social que posteriormente el Gobierno anuló en un intento fallido por contener el descontento social.
El “pecado” de renunciar: la orden de recortar liquidaciones
La Ley del Cálculo de la Indemnización por Antigüedad en caso de renuncia de los trabajadores del Estado, aprobada en 2023, es otro golpe a los derechos laborales de los empleados públicos bajo el sello de Ortega y Murillo.
La normativa establece que los trabajadores del sector público que renuncien solo tendrán derecho a indemnización por antigüedad después de cumplir tres años de servicio continuo, cuando antes contaba desde el primer año laboral.
La ley abarca a trabajadores del Poder Judicial, Poder Electoral, entes autónomos y gubernamentales, municipalidades y órganos de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe.
La tabla de liquidaciones quedó así: quienes acumulen entre tres y diez años de servicio reciben una indemnización equivalente a un mes de salario. Los trabajadores con entre diez y quince años solo tienen derecho a dos meses. Aquello que laboren entre quince y veinte años reciben tres meses; y únicamente los empleados con más de veinte años de servicio pueden optar al equivalente a cinco meses de salario.
La excepción a la norma son los funcionarios promovidos a cargos por nombramiento presidencial, quienes no se rigen bajo ese cálculo.
La reforma pasó por encima de derechos reconocidos en el artículo 45 del Código del Trabajo, que establece que cuando finaliza una relación laboral por tiempo indeterminado el trabajador debe recibir un mes de salario por cada uno de los primeros tres años de servicio y 20 días de salario por cada año adicional a partir del cuarto año.
Asimismo, el artículo 43 del mismo Código señala que la renuncia o terminación por mutuo acuerdo no afecta el derecho adquirido del trabajador por antigüedad, beneficio que quedó limitado con la nueva legislación aplicada al sector público.
Despidos, compactación y purgas en el Estado
El peso de la asfixia económica como consecuencia de la deriva autoritaria de Ortega y Murillo también ha recaído sobre el hombro de los empleados públicos. En agosto de 2024, la codiciadora anunció despidos masivos en el Estado como parte de un «reordenamiento, reestructuración y rediseño».
La medida ha alcanzado a miles de trabajadores públicos y ha sido aprovechado también como instrumento de purgas políticas que han alcanzado a ministerios, alcaldías, hospitales, universidades y otras instituciones públicas, donde trabajadores denunciaron despidos arbitrarios, presiones políticas y vigilancia interna.
El régimen no ha transparentado el alcance de la medida. Las cifras recopiladas por DESPACHO 505 muestran que Solo entre agosto y diciembre de 2024 fueron separados de sus cargos al menos 2,419 trabajadores públicos.
Para octubre de 2025, este medio documentó que los despidos acumulados en un año alcanzaban ya los 3,593 empleados públicos, de los cuales seis de cada diez eran maestros del sistema educativo estatal.
Impuesto rojinegro golpea el bolsillo y crea malestar
Esta cadena de abusos explica el malestar que ha generado entre los trabajadores estatales la nueva carga económica de financiar directamente al partido sandinista.
Trabajadores de distintas instituciones estatales describen a DESPACHO 505 un ambiente incómodo marcado por las presiones políticas, participación obligatoria en actividades políticas, ausencia de pago de horas extras y una estructura sindical subordinada que dejó de funcionar como mecanismo de defensa laboral.
El resultado, según empleados públicos consultados, es una creciente sensación de indefensión y hartazgo, incluso entre sectores históricamente vinculados al sandinismo, donde el nuevo descuento salarial terminó por profundizar el descontento acumulado durante años.
“Este impuesto ha sido la gota que derramó el vaso porque además de los constantes abusos y humillaciones, ahora vienen a despojarnos de una cantidad significativa de nuestros salarios, aumentando todavía más las dificultades para sostener nuestros hogares”, dice un trabajador del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS).
En el INSS, donde históricamente se pagan algunos de los salarios más altos dentro del aparato estatal, el malestar alcanzó incluso a trabajadores identificados como fieles simpatizantes del oficialismo, luego de conocer que las deducciones podrían oscilar entre el 7% y el 10% de sus ingresos mensuales.
Un militante sandinista agremiado a la Federación de Trabajadores de la Salud (Fetsalud) confirmó que el rechazo también se ha extendido en hospitales públicos. Asegura que médicos, enfermeras, personal administrativo, trabajadores de mantenimiento y vigilantes cuestionan entre murmullos la nueva carga económica sin su consentimiento.
El mismo sentimiento se replica entre trabajadores del Ministerio de Transporte e Infraestructura (MTI), la Empresa Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados (Enacal), el Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP), maestros y empleados de otras instituciones públicas.
“Se puede ser muy militante del partido, pero ya son demasiados los abusos y humillaciones contra los trabajadores. Lamentablemente estamos silenciados y sin tener dónde recurrir, porque los sindicatos que antes de 2007 promovían paros, huelgas y tranques para defender derechos laborales, hoy brillan por su ausencia o, peor aún, están del lado del Gobierno y no de los trabajadores”, reprocha una trabajadora de Enacal.
Esta empleada sostuvo no oculta su malestar por el «deterioro de las condiciones laborales».
“Primero fueron las reformas al INSS y luego la reducción de las indemnizaciones. Ahora directamente nos descuentan dinero para financiar al partido”, cuestionó.
Una fuente vinculada al Frente Nacional de los Trabajadores (FNT) admitió que no tienen capacidad de reclamar las decisiones del oficialismo que perjudican al trabajador.
“Ni Fetsalud, ni Anden, ni la CST, ni nadie ha salido en todos estos años, ni saldrá, a defender los derechos de los trabajadores. Y aunque muchos sean sandinistas, saben perfectamente los abusos que viven. Los obligan a marchar cuando el partido quiere y hasta respaldar leyes que también los perjudican, como las reformas al INSS”, afirmó.
La fuente agregó que los trabajadores estatales tampoco reciben pago de horas extras y viven bajo constantes presiones políticas y laborales.
“Son trabajadores que tristemente ya no tienen control sobre su propia vida”, admitió en alusión a los métodos represivos a los que se enfrenta quien cuestione el sistema autoritario.
