Estados Unidos debería sancionar directamente a Ortega, insiste Human Rights Watch
“(Daniel) Ortega y otros altos funcionarios nicaragüenses creen que pueden cometer impunemente abusos aberrantes, sin enfrentar ninguna consecuencia”, aseguró este martes José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch.
José Miguel Vivanco, director para las Américas de HumanRights Watch (HRW), insistió este martes en Washington que el Gobierno delpresidente Donald Trump debería aplicar sanciones directas contra Daniel Ortegapor su responsabilidad en la masacre contra el pueblo de Nicaragua y para presionarloa garantizar el restablecimiento de las libertades en el país.
“Ortega y otros altos funcionarios nicaragüenses creen quepueden cometer impunemente abusos aberrantes, sin enfrentar ningunaconsecuencia”, expresó Vivanco.
Según el organismo internacional, la imposición de nuevassanciones por el gobierno de Estados Unidos “es clave para redoblar la presiónsobre las autoridades nicaragüenses para que pongan fin a los abusos yrestablezcan las garantías básicas de derechos humanos en Nicaragua”.
El 10 de julio de 2019, el senador estadounidense Bob Menéndez, líder demócrata de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, y el senador republicano Ted Cruz enviaron una carta al Secretario de Estado de EE. UU., Mike Pompeo, expresando preocupación por la persistencia de los abusos y la impunidad en Nicaragua.
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La feroz represión de manifestantes por miembros de la Policía Orteguista y paramilitares ha dejado más de 300 muertos y más de 2,000 heridos desde abril de 2018, la mayoría de los crímenes están impunes.
Los senadores identificaron a nueve funcionarios nicaragüenses, entre ellos Daniel Ortega, a quienes consideran que el gobierno estadounidense debería imponerles sanciones.
LOS SANCIONADOS
En julio y noviembre de 2018, el Departamento del Tesoro deEE. UU. aplicó sanciones a cinco funcionarios orteguistas implicados en larepresión de manifestantes o en hechos de corrupción.
Las sanciones han sido impuestas mediante la Ley Magnitskysobre Rendición de Cuentas Global en Derechos Humanos (Global Magnitsky HumanRights Accountability Act), esta permite que el presidente de Estados Unidosbloquee o revoque visas o imponga sanciones patrimoniales a personas físicas ojurídicas extranjeras responsables de graves violaciones de derechos humanos oque sean cómplices en actos de “corrupción significativa”.
Entre los sancionados en 2018 estaban Rosario Murillo y eldirector de la Policía, Francisco Díaz.
En diciembre, el Congreso adoptó la Ley sobre Derechos Humanos y contra la Corrupción en Nicaragua (Ley NICA), que habilita al Departamento del Tesoro a imponer sanciones individuales contra funcionarios actuales o exfuncionarios que sean responsables de violaciones de derechos humanos y hechos de corrupción.
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Las sanciones podrían incluir el congelamiento de bienes quese encuentran en Estados Unidos, la prohibición de ingreso al país y larevocación de visas.
INFORME PENDIENTE
La ley exige que el Departamento de Estado presente adiversas comisiones del Congreso un informe en el que se analice laparticipación de altos funcionarios nicaragüenses en violaciones de derechoshumanos, corrupción y lavado de dinero en un plazo de seis meses, que vencía el19 de junio. Cuando Menéndez y Cruz enviaron la carta, ese informe todavía nohabía sido presentado.
Los senadores pidieron al Departamento de Estado que supróximo informe incluyera información sobre el papel de las siguientes personasen violaciones de derechos humanos y hechos de corrupción, a quienes ademáspropusieron para ser sancionados.
La lista la encabeza Daniel Ortega, jefe supremo de la Policía y señalado de ordenar la masacre; además proponen a la comisionada Aminta Granera, exdirectora de la Policía; al comisionado general Ramón Avellán, subdirector de la Policía, quien se desempeñó como máximo miembro de la institución en Masaya, donde policías y bandas armadas partidarias del régimen reprimieron ferozmente a manifestantes.
También incluyeron al general Jaime Vanegas, inspectorgeneral de la Policía, que tiene la obligación, según la legislación deNicaragua, de investigar presuntas violaciones de derechos por parte depolicías y de sancionar a los responsables.
Luis Pérez Olivas, jefe de la Dirección de Auxilio Judicial(DAJ, también conocida como El Chipote), que es el “principal lugar” donde lasautoridades sometieron a abusos aberrantes a personas que se manifestaroncontra Ortega, también es parte de la lista de candidatos para sanciones estadounidenses.
El general Justo Pastor Urbina, jefe de la Dirección de OperacionesEspeciales (DOEP), que, según organismos internacionales, tuvo un “papel central”en la represión en todo el país. Julio El bloque de posibles sancionadostambién incluye a Guillermo Orozco, director general del sistema penitenciarionacional; Darling Morales Duarte, directora del centro penitenciario Tipitapa“Jorge Navarro”, conocido como “La Modelo”; y Donald Pérez Gray, director delpabellón de máxima seguridad de la cárcel La Modelo.
Un informe de Human Rights Watch publicado en junio concluyó que muchos de los detenidos en el contexto de manifestaciones contra la dictadura Ortega – Murillo habían sufrido graves abusos, que en algunos casos constituyeron torturas, como descargas eléctricas, violentas golpizas, asfixia, violación sexual y remoción de uñas.
